Jugo de tomates en el océano

choclo y mar

P: ¿En qué se parecen un choclo y el mar? R: ¡Ninguno se puede patentar!

El proyecto de ley de Protección de Obtentores Vegetales, más conocida como UPOV 91, se votará en el Senado en las próximas semanas. En breve, de aprobarse significará que cualquiera que realice mínimas modificaciones a una especie vegetal se transformará en el legítimo dueño de esta variedad y podrá cobrar por su uso. Lo que esta ley da por obvio es que convertirse en propietarios de tipos de organismos vivos es éticamente aceptable… algo que de obvio nada tiene.

Uno de los más libertarios filósofos libertarios del siglo XX fue Robert Nozick, quien en su clásico de filosofía política, Anarquía, Estado y utopía, presenta un argumento de por qué un Estado mínimo es justificable para la defensa de los ciudadanos, y por qué cualquier atribución que éste se tome más allá es una violación de nuestros derechos individuales.

Pero no es al Estado mínimo de Nozick a lo que me quiero referir en esta columna, sino a una idea que lanza al pasar cuando explica el origen de la propiedad privada de acuerdo a John Locke. Locke considera la propiedad como un hecho natural, anterior incluso a las instituciones que luego la regulan. Ésta surge cada vez que alguien mezcla su trabajo con los recursos que natura le da. Así, por ejemplo, la tierra pasa a ser del agricultor en la medida en que éste la cultiva, y el pedazo de mármol pasa a ser de quien lo saca de la cantera y lo esculpe. Ese valor agregado que los seres humanos ponen en las materias primas, entonces, es lo que crea el derecho a apropiárselas. Ahora bien, dice Nozick, hay obviamente límites a lo que se puede apropiar, más allá del trabajo que en ello invierta. Por ejemplo, si abro una lata de jugo de tomates y la lanzo al mar, he “mezclado” mi trabajo con éste, pero Locke no sería tan loco para decir que me lo he apropiado.i Digamos que en este caso basta con un poco de sentido común (con todo lo variable e impreciso que éste pueda ser) para darse cuenta de que una conclusión así sería un profundo malentendido de la teoría Lockeana.

Me parece que semejante malentendido es lo que subyace a la propuesta del Convenio Internacional UPOV 91, más conocida en Chile como la iniciativa de Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Aprobada hace unas semanas por tres votos contra dos por la Comisión de Agricultura del Senado (Larraín, García Ruminot y Coloma a favor; Letelier y Rincón en contra), será votada por éste próximamente, en medio de las críticas de agrupaciones como Sociedades Sustentables, Anamuri y Chile Sin Transgénicos. Muy en breve, lo que esta ley persigue es resguardar los derechos de propiedad “intelectual” de quienes “crean” variedad vegetales nuevas, impidiendo así que otros puedan usarlas o guardárselas para futura reproducción, sin pagar antes a sus “dueños”, o compensarlos en caso de mal uso. Pido se me perdone por el abuso de comillas, pero su fin no es más que recalcar las analogías con el jugo de tomates en el océano de Nozick.

Tomemos, por ejemplo, la planta de maíz. Lo que dice el proyecto de ley es básicamente que cualquiera que le cambie un gen creando así una variedad nueva podrá patentar ésta, haciéndosela propia y cobrando 20 años al menos por su uso. Ahora bien, considerando que el maíz tiene más de 32 mil genes, ¿no será una frescura reclamarlo como “propiedad intelectual” por sólo haberle modificado uno? Si no equivale esto a adueñarse del oceáno por tirarle una lata de jugo, al menos equivale a adueñarse de un gran lago por el mismo procedimiento.

Por supuesto, dirán los que defienden las patentes sobre organismos vivos, existen diferencias importantes entre ambos casos. Aquí presento tres y explico luego por qué no funcionan. Primero, la nueva planta es un aporte a la humanidad porque seguramente posee ciertas propiedades especiales y diferentes al maíz “convencional”: quizás está hecha para crecer en zonas secas; o para resistir la aplicación de un plaguicida que, oh, casualidad, es producido por la misma empresa que reclama la patente; quizás viene fortificada con alguna vitamina y podrá ser vendida como un súper-alimento. El jugo de tomates lanzado al mar, en cambio, no produce ningún beneficio a nadie, ni aunque se esparza – como en el ejemplo de Nozick – parejo por toda la superficie.

Segundo, lanzar un tarro de jugo de tomates al mar no es trabajoso ni extenuante, no requiere de tiempo de preparación ni grandes inversiones monetarias: ¡no cuesta nada! Transformar una especie vegetal modificándole un gen, en cambio, requiere años de investigación, sueldos de científicos, infraestructura sofisticada, paciencia, muchos ensayos para llegar a un resultado satisfactorio. ¡Todo este esfuerzo merece premiarse!

Por último, mientras el mar es un espécimen único y no replicable, una variedad vegetal es un tipo entre muchos. En este sentido, parecería que el primer caso, pero no el segundo, topa con el límite que fijan Nozick (y también Locke) para la apropiación: cuando se trata de objetos cuyo stock es finito, la apropiación es legítima siempre y cuando ésta no empeore la situación de otros. Si me adueño de un grano de arena en la misma playa donde fui a tirar el jugo, nadie podrá ser dueño de ese grano de arena, pero tiene una amplia oferta de granos similares. Si me apropio del Pacífico, en cambio, no hay más Pacíficos de los que adueñarse. Y las variedades vegetales (aunque son en estricto rigor un tipo y no un espécimen) son en este ejemplo más parecidas a los granos de arena que al mar, dada la casi infinita cantidad de modificaciones que podrían hacerse.

Pero estos argumentos no funcionan. Primero, respecto al beneficio que produce la nueva variedad vegetal versus la total inutilidad de lanzar jugo de tomates al océano, está fuera de lugar emitir juicios de valor de este tipo como justificación de la propiedad privada. Si escribo un libro o una columna absolutamente inútiles, no por ello son menos míos si decido inscribirlos como propios. Las melodías más horrorosas y medicamentos cuyos efectos secundarios han sido mortales no por ello pertenecen menos a sus creadores. Que una invención o un descubrimiento humano sean beneficiosos no es razón necesaria ni suficiente para reclamarlos como propios.

En cuanto al trabajo invertido en la obtención del producto final, tampoco sirve. Hay talentos innatos a quienes poco o nada cuesta lo que para otros significan horas de trabajo extenuante. Hay modelos a quienes se paga millones porque aparezcan en una sesión de fotos desplegando su belleza “natural”. A menos que queramos eliminar por completo la libertad relativa del mercado para regular lo que cada quien gana, y comenzar a pagarle a cada uno exactamente el precio de su esfuerzo, este argumento también resulta indefendible. Y lo más probable es que quienes defienden hoy la protección de semillas modificadas no estén cómodos con un mercado laboral hiper regulado.

El tercer punto, al fin, parece a primera vista más plausible en teoría, pero deja de serlo si se fija la vista en la práctica. Si bien es cierto que la patente que piden los obtentores vegetales vale sobre una sola y específica variedad de planta, hay al menos dos fenómenos que hacen que la libertad para elegir cualquier otra variedad no sea tan amplia como podría aparecer a simple vista. Es decir, que el límite que pone Locke de “no empeorar por medio de la apropiación la situación de otros” resulta cuestionable. Por un lado, está documentado que las plantas modificadas genéticamente “contaminan” fácilmente a otras de su misma especie, lo que podría llevar con el tiempo a una homogeneización y pérdida de biodiversidad. Mantenerse al margen de estas variedades patentadas podría ser así muy difícil, si no imposible, como ya lo han comprobado agricultores orgánicos mexicanos en la vecindad de plantaciones transgénicas. Por otro lado, si se decide aceptar las reglas del juego y legitimar la propiedad privada sobre tipos de vida, entonces el incentivo es a que se genere una carrera de patentes, que podría llevar a que tarde o temprano sí haya que pagarle a alguien (sea una transnacional o una agrupación de campesinos tradicionales) por el uso de semillas que hasta aquí habían sido patrimonio común de todos.

Por último, si bien tiendo a no militar con este tipo de argumentos, para quienes gustan de los argumentos de “pendiente resbaladiza”, permítaseme añadir que aquí caben perfecto: si dejamos que se patenten semillas vegetales, ¿cómo pondremos el límite luego cuando quieran patentarse variedades animales (lo que ya es una realidad en países como Estados Unidos), y humanas?

En conclusión, mientras no afinemos las herramientas de análisis para evaluar lo que es la propiedad intelectual aplicada a organismos vivos, su rango de aplicación y sus límites, leyes como la de Protección de Obtenciones Vegetales hacen pasar como obvias medidas que de obvias nada tienen y que pueden tener serias consecuencias. Lo mínimo que se puede exigir a nuestros parlamentarios es un poco de reflexión antes de votar en esta materia.

Esta columna puede leerse también en Verdeseo

Contigo, soya y maíz… ¡transgénicos!

En las últimas elecciones estadounidenses los californianos no sólo votaron por presidente, sino además por una larga lista de otras iniciativas. Junto con reelegir a Obama, ese día los votantes de California tuvieron que decidir además si querían ponerle un impuesto a las bebidas gaseosas, para paliar los índices de obesidad mórbida crecientes; y si querían ejercer su derecho a saber lo que hay en la comida, mediante la aprobación de una ley de etiquetado obligatorio para los productos que contienen ingredientes transgénicos.

A pesar de la reputación progresista de este estado (a modo de ejemplo, San Francisco se convirtió hace poco en la primera ciudad en prohibir el consumo y producción del inhumano foie-gras), ambos proyectos fueron rechazados por amplia mayoría. La oposición al primero se basó sobre todo en su mal diseño: como afectaba sólo a los habitantes de Richmond, bastaba con que éstos manejaran al supermercado de la ciudad más próxima para abastecerse de Cocas y Pepsis sin pagar impuestos, haciendo demasiado fácil evadir la regla. En cuanto al proyecto de etiquetado de transgénicos, conocido como la Propuesta 37, ésta fue rechazada por 53 contra 47 por ciento. Cuando recién se lanzó la propuesta, tras recolectarse un millón de firmas a su favor, las encuestas la daban por ganadora absoluta. Una sostenida campaña en su contra, sin embargo, fue revirtiendo los resultados hasta dejarla en nada. Los intereses en contra eran demasiado poderosos para darse el lujo de perder.

De haberse aprobado la Propuesta 37, las estimaciones eran que hasta un 80 por ciento de todos los alimentos vendidos iban a requerir ser etiquetados. ¡Un 80 por ciento, por tanto, contenían algún tipo de transgénico! Quienes creían hasta entonces que los elementos básicos de su dieta eran el pan y la cebolla, tuvieron que revisar su despensa. Ubicuos en galletas, consomés instantáneos, cereales, mermeladas, salsas varias y comidas preparadas, los verdaderos elementos básicos de la dieta humana occidental (de californianos y de nosotros también) son el almidón de maíz y el aceite de soya – ambos provenientes de plantas genéticamente modificadas y sobrevivientes del herbicida Round-up, producto estrella de la multinacional Monsanto.

Se calcula que el gasto publicitario de compañías como Monsanto, Syngenta, Bayer, Kellog, PepsiCo y Coca-Cola contra la propuesta quintuplicó el de quienes sí querían saber qué había en sus comidas. Muchos llamaron a este proyecto de ley, por eso, Misión Imposible, o David contra Goliat; una guerra contra dos de los frentes más poderosos de la industria actual: la agroindustria y los alimentos procesados.

En un país donde más de la mitad de las tierras agrícolas ya están ocupadas por plantaciones trasngénicas, y donde la casi absoluta mayoría de éstas son productos resistentes al Round-up (soya, algodón, maíz y remolacha), la preocupación de científicos e investigadores un poco más suspicaces que el promedio es entendible. Desde que comenzaron a usarse masivamente, hace unos 20 años, no se han llevado a cabo estudios serios sobre los efectos a largo plazo que tienen los transgénicos de este tipo sobre la salud humana. Se han hecho, sí, varios sobre el efecto sobre la salud de los ratones, y los resultados no han sido del todo alentadores. Uno reciente y polémico, del investigador francés Gilles-Eric Seralini, relaciona la muerte prematura en ratones y la aparición de tumores con el consumo de maíz transgénico y exposición al Round-up. Más allá de si se puede extrapolar de esto que la salud humana también estaría en peligro, estudios como éste deberían ser el mejor acicate para investigar de una vez por todas si ése es el caso. (Los efectos nocivos para el medio ambiente y la aparición de super malezas, por otra parte, sí está bien documentado, pero no es suficiente para detener el avance por inercia de las industrias ya establecidas).

¿Qué podemos aprender de esta fallida propuesta californiana? Apunto tres cosas. Primero, que antes de caer en la “espiral transgénica” de países como Estados Unidos, otros como Chile – de enorme potencial alimentario – deberíamos informarnos mejor sobre sus efectos para la salud humana, ambiental y animal. Segundo, que los consumidores deberíamos ser más exigentes y pedir saber qué comemos, así como lo pidieron – aunque sin éxito esta vez – los californianos. De hecho, un proyecto de ley similar está en trámite en nuestro Congreso, aunque éste ha pasado prácticamente inadvertido por los medios. Y tercero, que en un mundo que tiende a la homogeneidad (en este caso, en la forma de producción industrial de monocultivos), el mejor negocio y también la mejor medida precautoria es mantenerse diversos: ante la duda, en este caso, es difícil abstenerse, pero se puede al menos equilibrar el consumo de estos productos con otros cuya proveniencia y efectos ya conocemos, como verduras y frutas orgánicas y comidas caseras. Que no vaya a transformarse el antiguo “Contigo, pan y cebolla” en “Contigo, soya y maíz… ¡transgénicos!”

Esta columna apareció originalmente en La Mansa Guman

“Izquierdos registrados”

Debería partir diciendo que el concepto que titula esta columna lo inspiró María Ignacia, una amiga de Verdeseo (grupo promotor de la Ecología Política de la Felicidad, al que me enorgullezco de pertenecer). Ella fue la primera que puso en mi vocabulario el término de ‘copyleft’, una variación de ‘copyright’ o ‘derechos registrados’. Aunque hace tiempo que conocía la idea, no sabía que tenía un nombre, lo que me parece un buen signo (los nombres, si no otorgan existencia, al menos la reafirman). Se trata de lo siguiente.

El copyleft (que, para jugar con las palabras, denomino aquí ‘izquierdos registrados’), se basa en la idea de que un autor puede disponer de la propiedad intelectual de su obra con el fin de que otros puedan repetirla y esparcirla libremente, siempre y cuando reconozcan la autoría original y no distorsionen el mensaje. En vez de asirse con garras y uñas a sus creaciones, los autores que se suman al copyleft dan así una especie de licencia pública general cediendo parte de sus derechos, pero no todos. En internet, por ejemplo, son cada vez más populares los software que pueden descargarse gratis, pero que –obviamente– no pueden revenderse ni patentarse completos ni en parte. Lo mismo con las obras de arte: si bien en esto no hay unanimidad y hay algunos que prefieren seguir protegiendo con uñas y dientes los derechos sobre sus ideas, artistas plásticos, músicos, escritores y creadores todos pueden ‘subir’ sus obras para uso y disfrute de todos. Abiertos al ágora. Gratis.

Los izquierdos registrados o copyleft ponen en tela de juicio un concepto de propiedad privada que venimos arrastrando desde la temprana Modernidad y que resulta cada vez más insuficiente para los requerimientos actuales. Éste se basa, casi sin modificaciones, en la idea del filósofo inglés John Locke, que sugirió que la propiedad surgía de mezclar el trabajo propio con lo que nos daba la tierra: fórmula clarísima en una campiña minifundista, donde el que cosecha las uvas es el legítimo dueño del vino, pero no tanto en un mundo donde una idea tan abstracta y lejana de la tierra como una página web (Facebook), o algo tan concreto y cercano a ella como un organismo con un gen cambiado (transgénicos y ratones de laboratorio Made in Harvard) se consideran ambos como propiedad intelectual.

Aunque las áreas obvias de copyleft son hoy textos, programas de computación, obras de arte, música y fotografías, el concepto plantea un desafío para otros reinos donde la propiedad de ideas se ejerce de manera estricta y dudosamente justificada. Por nombrar una, la de los medicamentos en general. Que se prohíban las versiones genéricas de los remedios que salvan vidas porque éstos son ‘propiedad’ de los laboratorios farmacéuticos es tanto malentender el sentido original de la propiedad, como torcer las reglas morales y legales para beneficio de unos pocos. Si el copyleft fuera la regla en este tipo de negocio, en cambio, no sólo se salvarían millones de vidas al año, sino también billeteras y conciencias.

Una innovadora idea para cambiar el mapa de la propiedad intelectual de los medicamentos es el Health Impact Fund

¿VGM? ¡S.O.S! (Parte II)

Para quienes no leyeron la columna anterior y para quienes la leyeron pero necesitan refrescar la memoria, un resumen ejecutivo: el gobierno presentó a mediados de marzo una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre vegetales genéticamente modificados (VGMs) que ampliará su uso actual (hasta ahora limitado a la producción de semillas de exportación) a la producción para consumo interno. Mientras la SNA celebra, investigadores independientes y algunas ONGs protestan preocupadas por lo que creen podría derivar en problemas para los pequeños agricultores y para la salud humana y del medio ambiente.

Para iluminar esta discusión, creo que es útil partir distinguiendo entre VGMs y VGM. En principio, los transgénicos son plantas a las que se ha insertado un gen de otra, que cambia sus propiedades convencionales poniéndola en ventaja en algún sentido. Por ejemplo, insertando el gen de plantas tolerantes a la sequía o a suelos salinos en otras que no lo son, como un tomate, se puede hacer que éstos crezcan en condiciones desérticas. También hay VGMs que son resistentes a ciertas enfermedades que diezman a sus parientes convencionales, o VGMs extra nutritivos. En Australia, por ejemplo, se cultiva un plátano enriquecido con vitamina A y minerales, y en India están experimentando con una papa que contiene un 60 por ciento más de proteínas que las convencionales. También hay VGMs que resisten plagas y evitan así el uso de insecticidas. En todos estos casos, si bien aún no se saben los posibles efectos para la salud humana y del medio ambiente a largo plazo, podría decirse que la idea de adoptar estos cultivos en Chile suena atractiva: por ejemplo, ante un futuro de sequías, si se quiere asegurar que todos los chilenos tengan algo que echar a la olla suena sensato dar facilidades para que se empiecen desde ya a plantar VGMs que resistan la falta de agua. El problema es que éstos constituirán una proporción mínima de los que probablemente se plantarán.

Si los transgénicos han sido vilipendiados por los ambientalistas –y si hoy todavía se encuentran prohibidos en la Unión Europea–, no es por este tipo de plantas super nutritivas o resistentes a sequías o salinidades extremas, sino sobre todo por aquellas resistentes al herbicida round-up. El chiste es que tanto este herbicida (el más vendido en el mundo) como las plantas diseñadas para resistirlo son propiedad de la misma compañía: la transnacional Monsanto, que controla el 90 por ciento de estos cultivos en todo el planeta y cuenta entre sus top de ventas la soya, el maíz y la canola “round-up ready”, que son lo único que queda vivo después de regar los campos con dicho herbicida. Además del desequilibrio ecológico, la contaminación genética de las plantas nativas, la aparición de “super-malezas” y los problemas de salud para quienes viven cerca de los campos “round-up” (denunciados in extenso en el documental El mundo según Monsanto, de la periodista francesa Marie-Monique Robin), la adopción de estos cultivos plantea serios problemas a la soberanía alimentaria de un país. Esto, en al menos dos sentidos. Por un lado, una excesiva dependencia de ellos puede resultar catastrófica si son atacados por una peste o enfermedad. Pero aún más grave, porque están patentadas por la compañía, estas plantas no pueden reutilizarse año a año, sino que los agricultores deben comprar las semillas desde cero cada temporada. Lo que es peor, si un viento inesperado hace que las semillas transgénicas aterricen en su patio, pues podría usted tener que pagar una multa de varios miles por violar la propiedad intelectual de la compañía (éste es el caso de cientos de pequeños agricultores que han sido demandados por Monsanto en Norteamérica). Si se dicta esta nueva ley, mi recomendación sería amurallar y techar su terruño como medida precautoria, Señor Agricultor.

 

Una versión in extenso de esta columna puede leerse en Chile Sin Transgénicos

¿VGMs? ¡S.O.S! (Parte I)

Chile transgénico

 

Si usted cree que sabe lo que come, pero no sabe lo que significa el título de esta columna, entonces lamento comunicarle que no sabe lo que come. Los VGM, vegetales genéticamente modificados o transgénicos, llevan años en nuestros platos sin etiqueta y sin aviso. En Chile los consumimos sobre todo en forma de derivados del maíz y de la soya, en aceites, leches, harinas, salsas, galletas, queques y un largo etcétera de alimentos procesados e importados de países como Argentina y Estados Unidos. Pero ahora el gobierno quiere que comencemos a producirlos también aquí para el consumo interno.

Hasta ahora, la ley chilena sólo autoriza el cultivo de VGMs para semillas de exportación (principalmente soya, maíz y raps), que ocupan unas 25 mil hectáreas entre las regiones I y X y palidecen en comparación a los 66 millones de hectáreas sembradas en Estados Unidos y a los 22 millones allende los Andes. De aprobarse la indicación sustitutiva presentada en marzo al proyecto de ley sobre VGM (que duerme en el Congreso desde 2006), el uso de éstos se facilitaría tanto para uso “controlado” (de investigación o producción de semillas), como para uso “liberado” (con fines comerciales). En el caso de los primeros, se los aprueba de manera automática, mientras en el caso de los segundos sólo se solicita una evaluación de riesgo inicial presentada por los mismos interesados, y apelable en caso de ser rechazada: ¡Bendita fe en la auto-regulación empresarial! Mientras, de manera nada democrática, el Ministerio de Agricultura se reserva el derecho a declarar ciertas áreas como “centros de origen y de diversidad”, para resguardar ciertas plantas nativas de la contaminación por VGM, que –como se ha visto en países como México y Canadá– se ha convertido en una amenaza a la biodiversidad. Por último, de manera nada transparente, el etiquetado de productos que quieran declararse libres de transgénicos es optativo, pero el de los que sí lo son no es obligatorio. O sea, la presencia de VGMs en nuestra dieta diaria sigue siendo un misterio y el peso de la prueba se invierte: ahora son los productos convencionales los que tienen que diferenciarse si quieren, mientras que los recién llegados pueden pasar anónimos los controles.

Voces opuestas han surgido tras comunicarse estas indicaciones. Por un lado, la Sociedad Nacional de Agricultura aprueba la moción, con el argumento de que elimina la desventaja de los productores chilenos frente a los extranjeros que sí ocupan VGMs, y facilita la coexistencia de cultivos convencionales y transgénicos. Demás está decir, las grandes trasnacionales que dominan el mercado de semillas transgénicas también están de este lado, encabezadas por Monsanto (que merece columna aparte). Por otro lado, han surgido voces de alerta de investigadores independientes –como Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables– y de ONGs que denuncian los efectos nocivos que la liberación de VGMs ha tenido en otros países: entre ellos, empobrecimiento de los pequeños agricultores, campos transformados en “desiertos verdes” de monocultivos y problemas de contaminación genética, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. En estos casos, lo que se cuestiona es un tipo específico de VGMs: más precisamente, la canola, soya, algodón, canola, maíz y remolacha “round-up ready”, resistentes al herbicida Round-up de Monsanto, que mata todo en su pasada menos a estas plantas. Hay, sin embargo, transgénicos y transgénicos, y no todos deberían ponerse en el mismo saco…

Una versión in extenso de esta columna puede encontrarse en El Ciudadano y en Chile Sin Transgénicos