La pregunta por los recursos naturales

apple treeSi pudiera hacerles una sola pregunta a los nueve candidatos en los debates que vienen, sería la siguiente: ¿Qué rol les asigna a nuestros recursos naturales y cuál será su política respecto a ellos si sale elegido o elegida?

Obviamente, imagino que habría una ronda inicial de respuestas obvias y vacías, como que son “el capital de Chile”, “Nuestra mayor riqueza”, “Un tema sobre el cual debemos discutir de manera amplia”, “una preocupación fundamental”, y otras cosas por el estilo. Si se les exige mayor profundidad y contenido, sin embargo, me temo que – con la excepción del candidato verde, Alfredo Sfeir – poco capaces serían los ochos restantes de presentar una visión integral e integrada, donde no se vaya simplemente reaccionando a los distintos desafíos en esta área a medida que se presentan, como ha sucedido hasta ahora.

A muchos les puede parecer que esta pregunta es secundaria, si se la compara con los Grandes Temas que debemos resolver antes: la mala educación, las jubilaciones indignas, la reforma tributaria pendiente y, por supuesto, el cambio de la Constitución. Sin embargo, si se examina más de cerca, resulta que la manera en que abordemos éstos dependerá en buena parte de lo que resolvamos en torno a aquéllos. Los seres humanos en general, y los chilenos en particular, dependemos de los recursos naturales mucho más de lo que queremos y estamos dispuestos a admitir.

Aquí va una lista de sólo algunas de las preguntas que quien llegue a La Moneda debería aspirar a responder antes de sentarse en el sillón presidencial.

¿Debe el agua seguir siendo un recurso privatizable y monopolizable, como lo es desde el Código de Aguas de 1981, de manera tal que una sola empresa pueda convertirse en la dueña de hasta el 80 por ciento de los derechos de agua para la producción de electricidad?

¿Cuál será la política energética del próximo gobierno? Hasta ahora, lo que se ha visto en los gobiernos anteriores es improvisación, reacción a los problemas inmediatos y palabrería apresurada y poco meditada. ¿Seguiremos privilegiando megaproyectos destructivos y poco sustentables como HidroAysén en lugar de apelar por fin a soluciones de pequeña y mediana escala? ¿Seguiremos aprobando termoeléctricas a carbón? ¿Continuará el presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética achicándose, en lugar de aumentar? ¿Realizaremos por fin nuestro inmenso potencial eólico y solar o seguiremos siendo en esta materia el país del futuro… y que siempre lo será?

¿Cómo equilibrará el futuro gobierno los intereses de las grandes compañías forestales con la mantención y protección de nuestro ya tan raleado bosque nativo? ¿Será la nueva Ley de Fomento Forestal una mera continuación del Decreto Ley 701 que, desde 1974, contribuyó a la pinificación y eucaliptización de nuestro sur en desmedro de las especies nativas?

En cuanto al cobre, ¿habrá siquiera discusión acerca de quiénes son sus legítimos dueños? Si la nacionalización no está dentro del programa de ninguno de los presentes candidatos, ¿lo está al menos replantearse el tema del royalty para que el sueldo de Chile quede de verdad en manos chilenas? Nótese que esta pregunta se conecta directamente con las Grandes Preocupaciones, como las pensiones y la educación. Bien distribuidos, los fondos obtenidos por este concepto deberían alcanzar para dar a todos los chilenos el acceso a una educación decente y la garantía de una vejez digna.

Por último (y no porque no haya más temas, sino porque el espacio se acaba), ¿qué posición tomará el futuro gobierno respecto a proyectos de ley como el de Obtentores Vegetales o como el proyecto de modificación de ley para abrir Chile a la producción interna de transgénicos? ¿Optaremos por el principio precautorio o nos uniremos a nuestros vecinos latinoamericanos – Brasil, Argentina y Paraguay – inundando los campos chilenos de soya transgénica para alimentar pollos y chanchos europeos?

Contigo, soya y maíz… ¡transgénicos!

En las últimas elecciones estadounidenses los californianos no sólo votaron por presidente, sino además por una larga lista de otras iniciativas. Junto con reelegir a Obama, ese día los votantes de California tuvieron que decidir además si querían ponerle un impuesto a las bebidas gaseosas, para paliar los índices de obesidad mórbida crecientes; y si querían ejercer su derecho a saber lo que hay en la comida, mediante la aprobación de una ley de etiquetado obligatorio para los productos que contienen ingredientes transgénicos.

A pesar de la reputación progresista de este estado (a modo de ejemplo, San Francisco se convirtió hace poco en la primera ciudad en prohibir el consumo y producción del inhumano foie-gras), ambos proyectos fueron rechazados por amplia mayoría. La oposición al primero se basó sobre todo en su mal diseño: como afectaba sólo a los habitantes de Richmond, bastaba con que éstos manejaran al supermercado de la ciudad más próxima para abastecerse de Cocas y Pepsis sin pagar impuestos, haciendo demasiado fácil evadir la regla. En cuanto al proyecto de etiquetado de transgénicos, conocido como la Propuesta 37, ésta fue rechazada por 53 contra 47 por ciento. Cuando recién se lanzó la propuesta, tras recolectarse un millón de firmas a su favor, las encuestas la daban por ganadora absoluta. Una sostenida campaña en su contra, sin embargo, fue revirtiendo los resultados hasta dejarla en nada. Los intereses en contra eran demasiado poderosos para darse el lujo de perder.

De haberse aprobado la Propuesta 37, las estimaciones eran que hasta un 80 por ciento de todos los alimentos vendidos iban a requerir ser etiquetados. ¡Un 80 por ciento, por tanto, contenían algún tipo de transgénico! Quienes creían hasta entonces que los elementos básicos de su dieta eran el pan y la cebolla, tuvieron que revisar su despensa. Ubicuos en galletas, consomés instantáneos, cereales, mermeladas, salsas varias y comidas preparadas, los verdaderos elementos básicos de la dieta humana occidental (de californianos y de nosotros también) son el almidón de maíz y el aceite de soya – ambos provenientes de plantas genéticamente modificadas y sobrevivientes del herbicida Round-up, producto estrella de la multinacional Monsanto.

Se calcula que el gasto publicitario de compañías como Monsanto, Syngenta, Bayer, Kellog, PepsiCo y Coca-Cola contra la propuesta quintuplicó el de quienes sí querían saber qué había en sus comidas. Muchos llamaron a este proyecto de ley, por eso, Misión Imposible, o David contra Goliat; una guerra contra dos de los frentes más poderosos de la industria actual: la agroindustria y los alimentos procesados.

En un país donde más de la mitad de las tierras agrícolas ya están ocupadas por plantaciones trasngénicas, y donde la casi absoluta mayoría de éstas son productos resistentes al Round-up (soya, algodón, maíz y remolacha), la preocupación de científicos e investigadores un poco más suspicaces que el promedio es entendible. Desde que comenzaron a usarse masivamente, hace unos 20 años, no se han llevado a cabo estudios serios sobre los efectos a largo plazo que tienen los transgénicos de este tipo sobre la salud humana. Se han hecho, sí, varios sobre el efecto sobre la salud de los ratones, y los resultados no han sido del todo alentadores. Uno reciente y polémico, del investigador francés Gilles-Eric Seralini, relaciona la muerte prematura en ratones y la aparición de tumores con el consumo de maíz transgénico y exposición al Round-up. Más allá de si se puede extrapolar de esto que la salud humana también estaría en peligro, estudios como éste deberían ser el mejor acicate para investigar de una vez por todas si ése es el caso. (Los efectos nocivos para el medio ambiente y la aparición de super malezas, por otra parte, sí está bien documentado, pero no es suficiente para detener el avance por inercia de las industrias ya establecidas).

¿Qué podemos aprender de esta fallida propuesta californiana? Apunto tres cosas. Primero, que antes de caer en la “espiral transgénica” de países como Estados Unidos, otros como Chile – de enorme potencial alimentario – deberíamos informarnos mejor sobre sus efectos para la salud humana, ambiental y animal. Segundo, que los consumidores deberíamos ser más exigentes y pedir saber qué comemos, así como lo pidieron – aunque sin éxito esta vez – los californianos. De hecho, un proyecto de ley similar está en trámite en nuestro Congreso, aunque éste ha pasado prácticamente inadvertido por los medios. Y tercero, que en un mundo que tiende a la homogeneidad (en este caso, en la forma de producción industrial de monocultivos), el mejor negocio y también la mejor medida precautoria es mantenerse diversos: ante la duda, en este caso, es difícil abstenerse, pero se puede al menos equilibrar el consumo de estos productos con otros cuya proveniencia y efectos ya conocemos, como verduras y frutas orgánicas y comidas caseras. Que no vaya a transformarse el antiguo “Contigo, pan y cebolla” en “Contigo, soya y maíz… ¡transgénicos!”

Esta columna apareció originalmente en La Mansa Guman

“Izquierdos registrados”

Debería partir diciendo que el concepto que titula esta columna lo inspiró María Ignacia, una amiga de Verdeseo (grupo promotor de la Ecología Política de la Felicidad, al que me enorgullezco de pertenecer). Ella fue la primera que puso en mi vocabulario el término de ‘copyleft’, una variación de ‘copyright’ o ‘derechos registrados’. Aunque hace tiempo que conocía la idea, no sabía que tenía un nombre, lo que me parece un buen signo (los nombres, si no otorgan existencia, al menos la reafirman). Se trata de lo siguiente.

El copyleft (que, para jugar con las palabras, denomino aquí ‘izquierdos registrados’), se basa en la idea de que un autor puede disponer de la propiedad intelectual de su obra con el fin de que otros puedan repetirla y esparcirla libremente, siempre y cuando reconozcan la autoría original y no distorsionen el mensaje. En vez de asirse con garras y uñas a sus creaciones, los autores que se suman al copyleft dan así una especie de licencia pública general cediendo parte de sus derechos, pero no todos. En internet, por ejemplo, son cada vez más populares los software que pueden descargarse gratis, pero que –obviamente– no pueden revenderse ni patentarse completos ni en parte. Lo mismo con las obras de arte: si bien en esto no hay unanimidad y hay algunos que prefieren seguir protegiendo con uñas y dientes los derechos sobre sus ideas, artistas plásticos, músicos, escritores y creadores todos pueden ‘subir’ sus obras para uso y disfrute de todos. Abiertos al ágora. Gratis.

Los izquierdos registrados o copyleft ponen en tela de juicio un concepto de propiedad privada que venimos arrastrando desde la temprana Modernidad y que resulta cada vez más insuficiente para los requerimientos actuales. Éste se basa, casi sin modificaciones, en la idea del filósofo inglés John Locke, que sugirió que la propiedad surgía de mezclar el trabajo propio con lo que nos daba la tierra: fórmula clarísima en una campiña minifundista, donde el que cosecha las uvas es el legítimo dueño del vino, pero no tanto en un mundo donde una idea tan abstracta y lejana de la tierra como una página web (Facebook), o algo tan concreto y cercano a ella como un organismo con un gen cambiado (transgénicos y ratones de laboratorio Made in Harvard) se consideran ambos como propiedad intelectual.

Aunque las áreas obvias de copyleft son hoy textos, programas de computación, obras de arte, música y fotografías, el concepto plantea un desafío para otros reinos donde la propiedad de ideas se ejerce de manera estricta y dudosamente justificada. Por nombrar una, la de los medicamentos en general. Que se prohíban las versiones genéricas de los remedios que salvan vidas porque éstos son ‘propiedad’ de los laboratorios farmacéuticos es tanto malentender el sentido original de la propiedad, como torcer las reglas morales y legales para beneficio de unos pocos. Si el copyleft fuera la regla en este tipo de negocio, en cambio, no sólo se salvarían millones de vidas al año, sino también billeteras y conciencias.

Una innovadora idea para cambiar el mapa de la propiedad intelectual de los medicamentos es el Health Impact Fund

¿VGM? ¡S.O.S! (Parte II)

Para quienes no leyeron la columna anterior y para quienes la leyeron pero necesitan refrescar la memoria, un resumen ejecutivo: el gobierno presentó a mediados de marzo una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre vegetales genéticamente modificados (VGMs) que ampliará su uso actual (hasta ahora limitado a la producción de semillas de exportación) a la producción para consumo interno. Mientras la SNA celebra, investigadores independientes y algunas ONGs protestan preocupadas por lo que creen podría derivar en problemas para los pequeños agricultores y para la salud humana y del medio ambiente.

Para iluminar esta discusión, creo que es útil partir distinguiendo entre VGMs y VGM. En principio, los transgénicos son plantas a las que se ha insertado un gen de otra, que cambia sus propiedades convencionales poniéndola en ventaja en algún sentido. Por ejemplo, insertando el gen de plantas tolerantes a la sequía o a suelos salinos en otras que no lo son, como un tomate, se puede hacer que éstos crezcan en condiciones desérticas. También hay VGMs que son resistentes a ciertas enfermedades que diezman a sus parientes convencionales, o VGMs extra nutritivos. En Australia, por ejemplo, se cultiva un plátano enriquecido con vitamina A y minerales, y en India están experimentando con una papa que contiene un 60 por ciento más de proteínas que las convencionales. También hay VGMs que resisten plagas y evitan así el uso de insecticidas. En todos estos casos, si bien aún no se saben los posibles efectos para la salud humana y del medio ambiente a largo plazo, podría decirse que la idea de adoptar estos cultivos en Chile suena atractiva: por ejemplo, ante un futuro de sequías, si se quiere asegurar que todos los chilenos tengan algo que echar a la olla suena sensato dar facilidades para que se empiecen desde ya a plantar VGMs que resistan la falta de agua. El problema es que éstos constituirán una proporción mínima de los que probablemente se plantarán.

Si los transgénicos han sido vilipendiados por los ambientalistas –y si hoy todavía se encuentran prohibidos en la Unión Europea–, no es por este tipo de plantas super nutritivas o resistentes a sequías o salinidades extremas, sino sobre todo por aquellas resistentes al herbicida round-up. El chiste es que tanto este herbicida (el más vendido en el mundo) como las plantas diseñadas para resistirlo son propiedad de la misma compañía: la transnacional Monsanto, que controla el 90 por ciento de estos cultivos en todo el planeta y cuenta entre sus top de ventas la soya, el maíz y la canola “round-up ready”, que son lo único que queda vivo después de regar los campos con dicho herbicida. Además del desequilibrio ecológico, la contaminación genética de las plantas nativas, la aparición de “super-malezas” y los problemas de salud para quienes viven cerca de los campos “round-up” (denunciados in extenso en el documental El mundo según Monsanto, de la periodista francesa Marie-Monique Robin), la adopción de estos cultivos plantea serios problemas a la soberanía alimentaria de un país. Esto, en al menos dos sentidos. Por un lado, una excesiva dependencia de ellos puede resultar catastrófica si son atacados por una peste o enfermedad. Pero aún más grave, porque están patentadas por la compañía, estas plantas no pueden reutilizarse año a año, sino que los agricultores deben comprar las semillas desde cero cada temporada. Lo que es peor, si un viento inesperado hace que las semillas transgénicas aterricen en su patio, pues podría usted tener que pagar una multa de varios miles por violar la propiedad intelectual de la compañía (éste es el caso de cientos de pequeños agricultores que han sido demandados por Monsanto en Norteamérica). Si se dicta esta nueva ley, mi recomendación sería amurallar y techar su terruño como medida precautoria, Señor Agricultor.

 

Una versión in extenso de esta columna puede leerse en Chile Sin Transgénicos

¿VGMs? ¡S.O.S! (Parte I)

Chile transgénico

 

Si usted cree que sabe lo que come, pero no sabe lo que significa el título de esta columna, entonces lamento comunicarle que no sabe lo que come. Los VGM, vegetales genéticamente modificados o transgénicos, llevan años en nuestros platos sin etiqueta y sin aviso. En Chile los consumimos sobre todo en forma de derivados del maíz y de la soya, en aceites, leches, harinas, salsas, galletas, queques y un largo etcétera de alimentos procesados e importados de países como Argentina y Estados Unidos. Pero ahora el gobierno quiere que comencemos a producirlos también aquí para el consumo interno.

Hasta ahora, la ley chilena sólo autoriza el cultivo de VGMs para semillas de exportación (principalmente soya, maíz y raps), que ocupan unas 25 mil hectáreas entre las regiones I y X y palidecen en comparación a los 66 millones de hectáreas sembradas en Estados Unidos y a los 22 millones allende los Andes. De aprobarse la indicación sustitutiva presentada en marzo al proyecto de ley sobre VGM (que duerme en el Congreso desde 2006), el uso de éstos se facilitaría tanto para uso “controlado” (de investigación o producción de semillas), como para uso “liberado” (con fines comerciales). En el caso de los primeros, se los aprueba de manera automática, mientras en el caso de los segundos sólo se solicita una evaluación de riesgo inicial presentada por los mismos interesados, y apelable en caso de ser rechazada: ¡Bendita fe en la auto-regulación empresarial! Mientras, de manera nada democrática, el Ministerio de Agricultura se reserva el derecho a declarar ciertas áreas como “centros de origen y de diversidad”, para resguardar ciertas plantas nativas de la contaminación por VGM, que –como se ha visto en países como México y Canadá– se ha convertido en una amenaza a la biodiversidad. Por último, de manera nada transparente, el etiquetado de productos que quieran declararse libres de transgénicos es optativo, pero el de los que sí lo son no es obligatorio. O sea, la presencia de VGMs en nuestra dieta diaria sigue siendo un misterio y el peso de la prueba se invierte: ahora son los productos convencionales los que tienen que diferenciarse si quieren, mientras que los recién llegados pueden pasar anónimos los controles.

Voces opuestas han surgido tras comunicarse estas indicaciones. Por un lado, la Sociedad Nacional de Agricultura aprueba la moción, con el argumento de que elimina la desventaja de los productores chilenos frente a los extranjeros que sí ocupan VGMs, y facilita la coexistencia de cultivos convencionales y transgénicos. Demás está decir, las grandes trasnacionales que dominan el mercado de semillas transgénicas también están de este lado, encabezadas por Monsanto (que merece columna aparte). Por otro lado, han surgido voces de alerta de investigadores independientes –como Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables– y de ONGs que denuncian los efectos nocivos que la liberación de VGMs ha tenido en otros países: entre ellos, empobrecimiento de los pequeños agricultores, campos transformados en “desiertos verdes” de monocultivos y problemas de contaminación genética, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. En estos casos, lo que se cuestiona es un tipo específico de VGMs: más precisamente, la canola, soya, algodón, canola, maíz y remolacha “round-up ready”, resistentes al herbicida Round-up de Monsanto, que mata todo en su pasada menos a estas plantas. Hay, sin embargo, transgénicos y transgénicos, y no todos deberían ponerse en el mismo saco…

Una versión in extenso de esta columna puede encontrarse en El Ciudadano y en Chile Sin Transgénicos