¡Punta Arenas, ciudad antártica 2048!

Hace poco más de un año publiqué una columna titulada ¡Punta Arenas, ciudad antártica 2016!, donde explicaba por qué me parecía una decisión acertada organizar la reunión consultiva anual del Tratado Antártico en esta ciudad. Desgraciadamente, ello no ocurrió esta vez, y la reunión acaba de culminar en Santiago. Durante dos semanas, nuestro país no sólo se lució como anfitrión de los otros 52 países miembros, sino también como parte proactiva en las discusiones que tuvieron lugar, en temas tan variados como las inspecciones a bases científicas, la aprobación de nuevas ASPAS y ASMAS (Areas Especialmente Protegidas y Areas Especialmente Administradas), el manejo de sitios turísticos, la importancia de la educación antártica, y la voluntad para profundizar el cumplimiento de los diferentes puntos del Protocolo Ambiental (que cumplió un cuarto de siglo).

Como soñar no cuesta nada, viajo a 2048, cuando podría tener lugar la próxima reunión consultiva en Chile (digo “podría”, porque la reunión se realiza cada año en un país consultivo, siguiendo el orden alfabético en inglés. Si en las próximas décadas se incorporan a los 29 actuales un par más, entonces a nuestro país le tocaría nuevamente ser sede ese año).

En esta ocasión, Punta Arenas es designada sin dudas como la ciudad anfitriona de los cerca de 500 delegados de más de 60 países (en las tres décadas pasadas, se han ido incorporando a este sistema multilateral países de Centroamérica y África, antes casi totalmente ausentes). Al llegar, los visitantes se maravillan con el Centro Antártico Internacional (CAI) que, a poco más de 25 años de inaugurado, ha cumplido el objetivo de convertir a Punta Arenas en un centro de ciencias polares. Los laboratorios del Instituto Antártico Chileno y de la UNAC (Universidad Antártica de Chile, ex-UMAG) intercambian ideas y colaboran en proyectos con otros expertos mundiales en glaciología, ciencias del clima, oceanografía y paleontología, entre otras disciplinas. Al alero del CAI, el Instituto de Humanidades Antárticas organiza cursos para audiencias cosmopolitas. En el museo interactivo, los visitantes aprenden de la historia del Continente Blanco y de su estrecho vínculo con nuestra tierra, y se pasean por entre la flora y fauna más austral del mundo, recreada en jardines, acuarios y pantallas gigantes que muestran la oculta vida submarina.

2048 es por lo demás un año clave para el Sistema del Tratado Antártico. Hace 50 años ha entrado en vigencia el Protocolo Ambiental, que convirtió al medio ambiente antártico en el más resguardado del mundo. Los países consultivos, que tienen voz y voto en la toma de decisiones, renuevan este compromiso, dejando así libre a la Antártica de la prospección y explotación de sus recursos minerales.

A estas alturas, el modelo de gobernanza de recursos naturales promovido por el Sistema del Tratado Antártico se ha convertido en un ejemplo de cómo administrar de manera responsable y con un enfoque precautorio. Por un lado, se ha puesto coto al número de turistas, luego de que éstos aumentaran explosivamente en las primeras décadas del siglo XXI, alcanzando los 50 mil al año en 2020. El Fondo Antártico de Protección Ambiental, financiado por las entradas que pagan quienes visitan el continente blanco, recauda cada año varios millones de dólares para investigación. Por otro lado, la pesca de krill y bacalao de profundidad siguen en aumento, pero el sistema de observadores a bordo se ha perfeccionado y la detección de embarcaciones ilegales se ha hecho mucho más eficiente. Más aún, el krill ya casi no se ocupa para alimentar salmones ni para hacer pastillas de Omega-3. Gracias a una exitosa campaña de marketing, ahora es tan popular como los camarones y los chefs se lo pelean para inventar nutritivas recetas.

Algunos pocos delegados valientes se aventuran a tomar el avión a la Isla Rey Jorge, para visitar el poblado antártico de Villa Las Estrellas. Administrado por Chile, sus cien habitantes son familias de diferentes nacionalidades que han postulado a una lotería para vivir en carne propia la experiencia de habitar en este paraje extremo por unos años, para luego convertirse en sus embajadores y guardianes. En la isla, los molinos de viento han reemplazado hace rato a los generadores a diésel, y las bases de diferentes nacionalidades ahora convierten la basura en biogas. Después de la visita, los delegados quedan convencidos de que los esquemas de soberanía tradicional han quedado atrás –para bien – en el caso de la Antártica.

Suena el despertador.

Cuatro notas sobre el concepto de soberanía

1. El concepto de soberanía está en la base del derecho natural moderno, contenido en la idea del suum, entendido como lo propio o lo que nos pertenece en virtud de ser humanos. Para Grocio, por ejemplo, el suum está formado por nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra libertad, y aquello requerido para mantenerlos. En la soberanía individual sobre esos tres elementos se juega el estatuto mismo de ser humano, estatuto que es defendible por la fuerza: de ahí surgen el derecho reactivo de auto-defensa, si alguien osa poner en riesgo dicha trilogía; y de ahí surge también proactivamente el derecho de auto-preservación o necesidad, que permite al individuo hacer lo que sea necesario, sin interferencias ajenas, para mantenerse con vida. La paradoja de este derecho de necesidad, sin embargo, es que es también un deber hacia el Creador: la soberanía sobre la vida, el cuerpo y la libertad es también así una tiranía de la vida, el cuerpo y la libertad, no renunciables sino por la Mano Divina.

2. Los pensadores de la Modernidad temprana no sólo intentaron justificar la soberanía individual sobre la esfera del suum, sino también la soberanía colectiva sobre diferentes pedazos del planeta. Si bien era relativamente fácil explicar cómo una manzana del pozo común pasaba a ser propia (mediante el acto físico de tomarla con las manos y llevársela a la boca), no lo era tanto dar cuenta de cómo vastas extensiones pasaban a ser parte de una nación o de un reino – tema nada menor en época de conquista y colonizaciones. Aquí no bastaba con apelar a actos físicos, sino que se requería apelar también a la imaginación – una imaginación convenientemente adaptada a los propósitos del conquistador-colonizador. Para ocupar un pedazo de tierra, así, no era necesario pisar cada centímetro de ella (aclaraba, de nuevo, Grocio) –, sino que bastaba con delimitarla y con tener la intención de ocuparla, intención expresada en ciertos actos definidos a criterio del ocupador. Agréguese de paso que, como la delimitación no era posible en el caso de los Mares, éstos quedaban como patrimonio común de libre uso para todos. Sobre la Alta Mar, a diferencia de la tierra, era soberana la Humanidad completa.

3. En el caso de Locke es tal vez donde se hace más patente la adecuación de la definición de soberanía a los propósitos de los ocupadores. Para el empirista inglés, apropiarse de un pedazo de tierra implicaba mezclar el trabajo individual con éste, agregándole así valor humano. Este trabajo individual, sin embargo, se mide mediante parámetros europeos: no es el de cazadores-recolectores ni el de pastores nómades, sino el de agricultores sedentarios. Así se justifica la colonización inglesa en América del Norte: como los pueblos originarios no han sabido trabajar la tierra de la manera apropiada y no la han, por lo tanto, ocupado, es menester que ésta pase a manos de quienes sí sabrán hacerla producir.

4. Insistiendo en la historicidad de los conceptos, otro hecho notable es cómo en derecho internacional se ha apelado hasta recientemente a la sobre-explotación y abuso de los recursos naturales como fundamento de soberanía. Nótese por ejemplo, en el caso de la Antártica, que países como Chile, Argentina, Noruega y el Reino Unido han invocado las actividades de loberos y balleneros en las islas subantárticas para justificar sus derechos territoriales en esas zonas y mucho más al sur. La irresponsabilidad pasada en la tenencia y administración de X – que debería funcionar como un impedimento – se transforma así en un argumento para justificar el control continuado sobre X.

Marcando y desmarcando territorios

La demarcación de territorio es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Cuando el hijo adolescente da un portazo y le pone llave a su pieza para que nadie se meta, está marcando territorio. Cuando en la micro el compañero de asiento abre rodillas y codos y mira con cara de odio si uno lo roza sin querer, está marcando territorio. Cuando en el evento social la señora le toma el brazo al marido, al pillarlo muy interesado conversando con alguna señorita, está marcando territorio. marcando territorio

En zoología, este concepto está bien estudiado y documentado. El territorio es, en términos generales, el área que un grupo de individuos de la misma especie ocupa y defiende de otros individuos o grupos. Es en el territorio donde encuentran su alimento, se reproducen y se cobijan. Paradójicamente, a pesar de lo fundamental de este concepto en la vida animal y, por ende, humana, poco o nada se lo estudia en filosofía moral y política. En la primera, el espacio geográfico que el individuo habita casi no es tema, sobre todo si se miran teorías tradicionales como la ética de la virtud, el utilitarismo y la deontología. En la segunda, los derechos territoriales sí se estudian de manera sistemática, pero partiendo casi siempre del status quo sin cuestionárselo, e intentando entonces darle una justificación. El status quo es, en este caso, que son los estados los agentes relevantes que poseen derechos territoriales, en representación de las personas que los constituyen. El status quo es también que los estados ocupan casi la totalidad de la superficie terrestre – con excepción de la Antártica y de las aguas internacionales. Luego la pregunta es si se puede dar una justificación moral al derecho de los estados a imponer la ley dentro de sus fronteras ya trazadas. Si la respuesta es positiva, se justifica también que dicho estado controle quién entra y sale y controle además el uso de la tierra y de los recursos naturales, renovables y no renovables, bajo su jurisdicción. Es en este último punto que quiero detenerme, y sugerir que no es obvio ni suficiente derivar del derecho de jurisdicción el derecho al uso y control de la tierra y los recursos naturales en las vastas extensiones que los estados ocupan en la actualidad.

Aunque pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí me referiré a dos tipos de teorías, las funcionalistas y las que llamaré “de conexión”. Para lxs partidarixs del funcionalismo, la justificación moral de que el estado tenga el legítimo monopolio de la fuerza física sobre un área geográfica (como lo diría Weber) es que éste cumpla una o más funciones consideradas esenciales: administrar justicia en dicho territorio, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanxs, etc. Para los teóricos de “conexión”, en tanto, la justificación moral del derecho de jurisdicción del estado se deriva del consentimiento (tácito o expreso) de quienes lo habitan. Individuos, naciones o gentes que viven en un área determinada la transforman material y simbólicamente con el paso del tiempo. Al elegir al estado como su representante, estos individuos o grupos ceden sus derechos “pre-civiles” y, junto con ello, ponen su propiedad al alero de aquél. Mientras se sientan legítimamente representados por el estado, entonces, tendrá éste derecho de jurisdicción sobre aquéllos.

No puedo desarrollar estas posiciones ni sus debilidades in extenso aquí, pero baste para mi objetivo decir que, una vez justificado el derecho de jurisdicción, el paso próximo es justificar el derecho al control y uso de la tierra y los recursos naturales en dicho territorio, como si éste fuera una extensión lógica de aquél. Si se examina el argumento esgrimido por cada bando, sin embargo, queda en evidencia que el primero no lleva necesariamente al segundo y que, si lo hace, lo hace de manera mucho más indeterminada o limitada.

Por un lado, si la legitimidad moral del estado depende de su performance, esto poco o nada dice sobre qué pedazo de tierra y de recursos naturales puede éste ejercer un control legítimo. Desde la mirada funcionalista, entonces, el área geográfica que el estado ocupa y controla queda indeterminada. Claro está que se pueden dar razones instrumentales de por qué los estados controlan extensiones mucho mayores que las que sus habitantes efectivamente ocupan: seguridad estratégica, alimentaria, económica, para las generaciones futuras… Pero si se opta por esta vía, sigue siendo arbitrario el cuánto y el dónde.

Por otro lado, si se mide la legitimidad del estado por ser el representante de quienes viven en un área determinada, es mucho más claro el vínculo entre aquél y el territorio que efectivamente ocupa. Hay, al fin, una conexión entre la tierra y sus habitantes, y éstos y el estado. Como lo ha apuntado ya A. John Simmons, sin embargo,  el problema es que este argumento justifica un control mucho más limitado que el que actualmente ejercen los estados, sobre áreas muchísimo más vastas que las que sus ciudadanxs habitan o “transforman”.

Otras tres razones que tanto funcionalistas como “conectivistas” pueden esgrimir aquí son las siguientes: que la tierra y los recursos naturales son mejor administrados por los estados que si quedan en calidad de res communis, como propiedad de nadie y de todos (véase la sobrepesca y contaminación de las aguas internacionales como botón de ejemplo); que no hay otras alternativas viables para el uso y control de estos recursos; y que, por último, hay que resignarse a la arbitrariedad y muchas veces injusticia del actual reparto territorial. Respecto a lo primero, los contraejemplos son tan numerosos que dejo al lector que elija el que más le guste, pero le doy un par de sugerencias: Paraguay y el Chaco, Kenia y los elefantes, Arabia Saudita y sus reservas de agua subterránea. Respecto a lo segundo, si no es la filosofía política quien propone ideales (que no es lo mismo que utopías) hacia los cuales deberíamos avanzar, entonces ¿quién lo hará? En este sentido, repensar el monopolio de los estados como actores del derecho internacional y plantearse la posibilidad de modelos alternativos es casi un deber. Por último, reconocer que el presente status quo es injusto y darlo por hecho es Realpolitik, pero entonces hay que hacerla explícita y no disfrazarla de nobles intenciones.

En un mundo como el nuestro, donde la población humana va in crescendo y las necesidades básicas y no tan básicas crean como nunca presión sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, tener claridad sobre cuáles demandas territoriales son legítimas y cuáles no lo son es urgente. Partir evaluando las del estado mismo y seguir con las de lxs diversos agentes – pueblos indígenas, campesinxs sin tierra, conservacionistas, agroindustriales, etc. – es una tarea por hacerse.

Esta columna puede leerse en La Mansaguman y en Verdeseo