La pregunta por los recursos naturales

apple treeSi pudiera hacerles una sola pregunta a los nueve candidatos en los debates que vienen, sería la siguiente: ¿Qué rol les asigna a nuestros recursos naturales y cuál será su política respecto a ellos si sale elegido o elegida?

Obviamente, imagino que habría una ronda inicial de respuestas obvias y vacías, como que son “el capital de Chile”, “Nuestra mayor riqueza”, “Un tema sobre el cual debemos discutir de manera amplia”, “una preocupación fundamental”, y otras cosas por el estilo. Si se les exige mayor profundidad y contenido, sin embargo, me temo que – con la excepción del candidato verde, Alfredo Sfeir – poco capaces serían los ochos restantes de presentar una visión integral e integrada, donde no se vaya simplemente reaccionando a los distintos desafíos en esta área a medida que se presentan, como ha sucedido hasta ahora.

A muchos les puede parecer que esta pregunta es secundaria, si se la compara con los Grandes Temas que debemos resolver antes: la mala educación, las jubilaciones indignas, la reforma tributaria pendiente y, por supuesto, el cambio de la Constitución. Sin embargo, si se examina más de cerca, resulta que la manera en que abordemos éstos dependerá en buena parte de lo que resolvamos en torno a aquéllos. Los seres humanos en general, y los chilenos en particular, dependemos de los recursos naturales mucho más de lo que queremos y estamos dispuestos a admitir.

Aquí va una lista de sólo algunas de las preguntas que quien llegue a La Moneda debería aspirar a responder antes de sentarse en el sillón presidencial.

¿Debe el agua seguir siendo un recurso privatizable y monopolizable, como lo es desde el Código de Aguas de 1981, de manera tal que una sola empresa pueda convertirse en la dueña de hasta el 80 por ciento de los derechos de agua para la producción de electricidad?

¿Cuál será la política energética del próximo gobierno? Hasta ahora, lo que se ha visto en los gobiernos anteriores es improvisación, reacción a los problemas inmediatos y palabrería apresurada y poco meditada. ¿Seguiremos privilegiando megaproyectos destructivos y poco sustentables como HidroAysén en lugar de apelar por fin a soluciones de pequeña y mediana escala? ¿Seguiremos aprobando termoeléctricas a carbón? ¿Continuará el presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética achicándose, en lugar de aumentar? ¿Realizaremos por fin nuestro inmenso potencial eólico y solar o seguiremos siendo en esta materia el país del futuro… y que siempre lo será?

¿Cómo equilibrará el futuro gobierno los intereses de las grandes compañías forestales con la mantención y protección de nuestro ya tan raleado bosque nativo? ¿Será la nueva Ley de Fomento Forestal una mera continuación del Decreto Ley 701 que, desde 1974, contribuyó a la pinificación y eucaliptización de nuestro sur en desmedro de las especies nativas?

En cuanto al cobre, ¿habrá siquiera discusión acerca de quiénes son sus legítimos dueños? Si la nacionalización no está dentro del programa de ninguno de los presentes candidatos, ¿lo está al menos replantearse el tema del royalty para que el sueldo de Chile quede de verdad en manos chilenas? Nótese que esta pregunta se conecta directamente con las Grandes Preocupaciones, como las pensiones y la educación. Bien distribuidos, los fondos obtenidos por este concepto deberían alcanzar para dar a todos los chilenos el acceso a una educación decente y la garantía de una vejez digna.

Por último (y no porque no haya más temas, sino porque el espacio se acaba), ¿qué posición tomará el futuro gobierno respecto a proyectos de ley como el de Obtentores Vegetales o como el proyecto de modificación de ley para abrir Chile a la producción interna de transgénicos? ¿Optaremos por el principio precautorio o nos uniremos a nuestros vecinos latinoamericanos – Brasil, Argentina y Paraguay – inundando los campos chilenos de soya transgénica para alimentar pollos y chanchos europeos?

La falacia del status quo

Llevo poco más de medio año embarcada en una investigación acerca de los fundamentos morales más recurrentes a los que se apela para justificar la propiedad de la tierra y los recursos naturales, así como también los derechos de jurisdicción y control de los Estados sobre sus territorios. En lo que se refiere a esto último, si hay algo que ha capturado mi atención es la obsesión de muchos filósofos políticos contemporáneos por alinear sus teorías con el status quo existente, como si ello fuera necesariamente una ventaja o, más enfáticamente aún, una condición para ser tomados en serio.

En ética y filosofía moral, uno de los criterios para medir las bondades de una teoría es ver en qué medida ésta refleja los rasgos característicos de la naturaleza humana (o, para quienes no creen que haya algo así como una “naturaleza humana”, en qué medida la teoría se acerca o se aleja del comportamiento de las personas). Así, por ejemplo, una de las críticas a las teorías utilitaristas hedonistas (basadas en la maximización individual del bien/placer/felicidad, y minimización individual del mal/dolor/infelicidad), es que no somos máquinas calculadoras que a cada paso deciden su próxima acción basados en las unidades de placer o dolor que generaremos para nuestros fines. Muchas veces actuamos de manera gratuita, o heroica, o incluso a contrapelo de los propios intereses, y esto es algo que para quienes siguen esta línea resulta irracional. A los kantianos, en tanto, se les reprocha que su concepto del individuo moral es por lejos demasiado purista y exigente, así como su intento por dejar toda emoción al margen de la moralidad va claramente en contra de las motivaciones que los humanos de hecho tenemos para tomar este o aquel curso de acción. Quizás por eso es que una teoría de los sentimientos morales informada por juicios racionales, como la que propone Adam Smith, está hoy en alza y se vuelve a estudiar con interés. En lugar de pintarnos sólo como criaturas egoístas (a lo Hobbes) o de ángeles benevolentes (como su profesor, Francis Hutcheson), Smith ve que tanto el autointerés como la empatía (“simpatía”, en su vocabulario) juegan un rol clave en la acción humana y que ambos deben ser tomados en cuenta a la hora de construir una teoría moral plausible.

Pero este método de observar lo que hay y, basado en ello, construir una teoría de lo que debería haber, no puede ser tan simplemente extrapolado al campo de la filosofía política. Hasta cierto punto, por cierto, una teoría de cómo nos organizamos como sociedad, o – más específicamente – cómo asignamos derechos y deberes sobre el control de la tierra y los recursos naturales, tiene que tomar en cuenta nuestras limitaciones y las limitaciones del medio ambiente en que nos encontramos. Sin embargo, no puede olvidarse la flexibilidad de las organizaciones humanas a lo largo de la historia y entre diferentes culturas, y la manera dramática en que muchas veces éstas han sido modificadas.

Así, quienes hoy defienden los derechos territoriales exclusivos y totales de los estados actuales y descartan alternativas más micro (autonomías de comunidades más pequeñas) o macro (gobiernos supra o multi nacionales), me recuerdan a quienes en el siglo XVII se alineaban con la monarquía absoluta y daban argumentos de por qué era esa y no otra la mejor manera de reinar. Que éste sea el método favorito de quienes gobiernan y de los funcionarios públicos a cargo de elaborar las políticas del Estado no es, por supuesto, sorprendente. Lo que sí sorprende (y preocupa) es que aquellos cuya misión es pensar libremente en las alternativas se aten de manera innecesaria a los patrones establecidos. Si no son los filósofos políticos los que sueñan y despliegan su imaginación y sus argumentos para provocar la discusión de lo que hay, ¿quién jugará entonces ese papel? Es de ideas que inicialmente parecieron descabelladas que aparecen muchas veces políticas e instituciones concretas y aterrizadas, y es inspirados en ideales como muchas veces nos conducimos en la práctica. En el caso concreto del uso y control de la tierra y los recursos naturales, la discusión no puede partir asumiendo las formas establecidas, sino al contrario, debe partir sometiéndolas a análisis y contrastándolas con otras posibilidades. Si al final del juego se llega a la conclusión de que lo tenemos es deficiente, pues entonces se propondrán maneras de cambiarlo. Y si concluimos que lo que hay es lo que deberíamos tener, pues entonces el status quo habrá ganado en legitimidad. Pero esto debe ser el final y no el punto de partida.

Marcando y desmarcando territorios

La demarcación de territorio es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Cuando el hijo adolescente da un portazo y le pone llave a su pieza para que nadie se meta, está marcando territorio. Cuando en la micro el compañero de asiento abre rodillas y codos y mira con cara de odio si uno lo roza sin querer, está marcando territorio. Cuando en el evento social la señora le toma el brazo al marido, al pillarlo muy interesado conversando con alguna señorita, está marcando territorio. marcando territorio

En zoología, este concepto está bien estudiado y documentado. El territorio es, en términos generales, el área que un grupo de individuos de la misma especie ocupa y defiende de otros individuos o grupos. Es en el territorio donde encuentran su alimento, se reproducen y se cobijan. Paradójicamente, a pesar de lo fundamental de este concepto en la vida animal y, por ende, humana, poco o nada se lo estudia en filosofía moral y política. En la primera, el espacio geográfico que el individuo habita casi no es tema, sobre todo si se miran teorías tradicionales como la ética de la virtud, el utilitarismo y la deontología. En la segunda, los derechos territoriales sí se estudian de manera sistemática, pero partiendo casi siempre del status quo sin cuestionárselo, e intentando entonces darle una justificación. El status quo es, en este caso, que son los estados los agentes relevantes que poseen derechos territoriales, en representación de las personas que los constituyen. El status quo es también que los estados ocupan casi la totalidad de la superficie terrestre – con excepción de la Antártica y de las aguas internacionales. Luego la pregunta es si se puede dar una justificación moral al derecho de los estados a imponer la ley dentro de sus fronteras ya trazadas. Si la respuesta es positiva, se justifica también que dicho estado controle quién entra y sale y controle además el uso de la tierra y de los recursos naturales, renovables y no renovables, bajo su jurisdicción. Es en este último punto que quiero detenerme, y sugerir que no es obvio ni suficiente derivar del derecho de jurisdicción el derecho al uso y control de la tierra y los recursos naturales en las vastas extensiones que los estados ocupan en la actualidad.

Aunque pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí me referiré a dos tipos de teorías, las funcionalistas y las que llamaré “de conexión”. Para lxs partidarixs del funcionalismo, la justificación moral de que el estado tenga el legítimo monopolio de la fuerza física sobre un área geográfica (como lo diría Weber) es que éste cumpla una o más funciones consideradas esenciales: administrar justicia en dicho territorio, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanxs, etc. Para los teóricos de “conexión”, en tanto, la justificación moral del derecho de jurisdicción del estado se deriva del consentimiento (tácito o expreso) de quienes lo habitan. Individuos, naciones o gentes que viven en un área determinada la transforman material y simbólicamente con el paso del tiempo. Al elegir al estado como su representante, estos individuos o grupos ceden sus derechos “pre-civiles” y, junto con ello, ponen su propiedad al alero de aquél. Mientras se sientan legítimamente representados por el estado, entonces, tendrá éste derecho de jurisdicción sobre aquéllos.

No puedo desarrollar estas posiciones ni sus debilidades in extenso aquí, pero baste para mi objetivo decir que, una vez justificado el derecho de jurisdicción, el paso próximo es justificar el derecho al control y uso de la tierra y los recursos naturales en dicho territorio, como si éste fuera una extensión lógica de aquél. Si se examina el argumento esgrimido por cada bando, sin embargo, queda en evidencia que el primero no lleva necesariamente al segundo y que, si lo hace, lo hace de manera mucho más indeterminada o limitada.

Por un lado, si la legitimidad moral del estado depende de su performance, esto poco o nada dice sobre qué pedazo de tierra y de recursos naturales puede éste ejercer un control legítimo. Desde la mirada funcionalista, entonces, el área geográfica que el estado ocupa y controla queda indeterminada. Claro está que se pueden dar razones instrumentales de por qué los estados controlan extensiones mucho mayores que las que sus habitantes efectivamente ocupan: seguridad estratégica, alimentaria, económica, para las generaciones futuras… Pero si se opta por esta vía, sigue siendo arbitrario el cuánto y el dónde.

Por otro lado, si se mide la legitimidad del estado por ser el representante de quienes viven en un área determinada, es mucho más claro el vínculo entre aquél y el territorio que efectivamente ocupa. Hay, al fin, una conexión entre la tierra y sus habitantes, y éstos y el estado. Como lo ha apuntado ya A. John Simmons, sin embargo,  el problema es que este argumento justifica un control mucho más limitado que el que actualmente ejercen los estados, sobre áreas muchísimo más vastas que las que sus ciudadanxs habitan o “transforman”.

Otras tres razones que tanto funcionalistas como “conectivistas” pueden esgrimir aquí son las siguientes: que la tierra y los recursos naturales son mejor administrados por los estados que si quedan en calidad de res communis, como propiedad de nadie y de todos (véase la sobrepesca y contaminación de las aguas internacionales como botón de ejemplo); que no hay otras alternativas viables para el uso y control de estos recursos; y que, por último, hay que resignarse a la arbitrariedad y muchas veces injusticia del actual reparto territorial. Respecto a lo primero, los contraejemplos son tan numerosos que dejo al lector que elija el que más le guste, pero le doy un par de sugerencias: Paraguay y el Chaco, Kenia y los elefantes, Arabia Saudita y sus reservas de agua subterránea. Respecto a lo segundo, si no es la filosofía política quien propone ideales (que no es lo mismo que utopías) hacia los cuales deberíamos avanzar, entonces ¿quién lo hará? En este sentido, repensar el monopolio de los estados como actores del derecho internacional y plantearse la posibilidad de modelos alternativos es casi un deber. Por último, reconocer que el presente status quo es injusto y darlo por hecho es Realpolitik, pero entonces hay que hacerla explícita y no disfrazarla de nobles intenciones.

En un mundo como el nuestro, donde la población humana va in crescendo y las necesidades básicas y no tan básicas crean como nunca presión sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, tener claridad sobre cuáles demandas territoriales son legítimas y cuáles no lo son es urgente. Partir evaluando las del estado mismo y seguir con las de lxs diversos agentes – pueblos indígenas, campesinxs sin tierra, conservacionistas, agroindustriales, etc. – es una tarea por hacerse.

Esta columna puede leerse en La Mansaguman y en Verdeseo

Asimetría volcánica

Nadie cuestiona que los recursos naturales de un país son propiedad de su gente. Desde la ONU para abajo y en las constituciones individuales se establece generalmente que los habitantes de una nación tienen derechos de soberanía sobre su territorio, con todo lo que éste incluye. Por eso es que Chile puede decidir explotar el cobre por medio de Codelco, o dar concesiones mineras a compañías extranjeras para que hagan lo propio. Por eso es que el Estado – en representación de su gente– entrega derechos de agua a individuos o personas jurídicas, expropia tierras cuando es por interés nacional, et cétera. Todos los beneficios que nos ha otorgado la madre tierra, en otras palabras, los consideramos como propios, y los administramos a voluntad sin aceptar interferencias de otros estados soberanos.
Esta lógica de hacerse cargo de lo que posee un territorio no se aplica, sin embargo, cuando lo que está en juego no son los beneficios (riquezas minerales, forestales, paisajísticas), sino las desventajas. Hace unos meses, cuando el complejo volcánico Puyehue entró en candente actividad, a ningún chileno se le pasó por la mente que el estado era el responsable de controlar la situación o –si no de controlarla– al menos de compensar a aquellos que resultaron dañados. Por cierto, los ciudadanos nacionales sí fueron ayudados de inmediato, pero no por un asunto de justicia, sino de solidaridad patriótica. Lo más irónico es que a los vecinos allende Los Andes, e incluso a los australianos y neozelandeses que fueron los más perjudicados por la lluvia de cenizas, no les dimos ni las disculpas del caso. Cuando Puyehue funcionaba como complejo turístico y los argentinos llegaban a sumergirse en sus aguas termales, nadie dudaba en cobrarles la entrada. Pero cuando el  mismo motor de dichas aguas provocó una emergencia en lugar de un beneficio, pues entonces automáticamente le echamos la culpa a la Naturaleza, al destino o a la Mala Suerte. Y nos desentendimos.
Cuando una persona es dueña de un perro y el perro ataca al vecino, no es excusa que no pudimos controlarlo, o que el animal, cual “fuerza de la naturaleza”, se nos escapó de las manos. Tenemos que pagar por los daños y punto. Simétricamente, si el perro se gana todos los premios caninos, el dueño no duda en cobrar su parte En este caso hay simetría tanto cuando se trata de hacernos cargo de lo bueno como de lo malo de nuestra “propiedad”. ¿Cómo se explica entonces esta asimetría en el tratamiento de los objetos naturales?
Dar una respuesta acabada es parte de un proyecto mayor que aquí no alcanzo a esbozar, pero dejo planteada al menos una objeción con su respuesta. Dirán los Lockeanos que cuando Chile se dice dueño de una mina de cobre, lo es porque el obrero ha “mezclado” su trabajo con la tierra. Desde el minuto en que el hombre interviene sobre la naturaleza, se apropia de ésta. Incluso asumiendo que este principio es obvio (aunque no lo es), esto no alcanza para justificar por qué un país se dice dueño de lugares que sus ciudadanos quizás ni han pisado, y se siente con libertad para administrarlos – como, por  ejemplo, nuestros Campos de Hielo Patagónicos). Apenas un volcán entra en erupción o una placa se reacomoda, por el contrario, es pura mala fortuna y todo lo que se hace para arreglar el desastre es con actitud caritativa y de pura generosidad. A mi juicio, más que probar que Chile debería indemnizar a todos los extranjeros que salieron afectados por la erupción del Cordón Caulle, lo que este caso muestra es por qué debemos cuestionar inlcuso lo que nos parece obvio… pero que tras un segundo examen más cuidadoso simplemente reprueba.