Recursos naturales y ciudadanos intranquilos

Uno de los tópicos que se ha popularizado dentro de la filosofía política en los últimos años es la cuestión de los derechos territoriales y de los derechos sobre los recursos naturales. Por razones obvias (cambio climático, sobre-explotación de recursos renovables y no renovables, extinción masiva de especies y pérdida y deterioro ecosistémico), preguntarse por el fundamento de estos derechos y por lo que significa una distribución justa de ellos es urgente, y nos son pocos quienes en los últimos años han formulado teorías al respecto.

Entre las más recientes está el igualitarismo global aplicado a los recursos naturales, propuesto por el inglés Chris Armstrong en un libro de próxima aparición. En breve, Armstrong parte de la premisa que la justicia distributiva es una meta a nivel global y no sólo doméstico, esto es, que debemos tomar medidas no sólo nacionales, sino también inter y supra nacionales para lograr que todas las personas puedan acceder a un cierto bienestar. Para lograrlo, la distribución de los recursos naturales es clave. A diferencia de otros igualitaristas globales, sin embargo, para quienes el ideal sería dividir todos los beneficios y costos de los recursos naturales en partes iguales entre todos los seres humanos (una meta a todas luces utópica, si no distópica), Armstrong reconoce que los apegos particulares a recursos específicos por parte de personas específicas deben ser tomados en cuenta. En la práctica, esto significa que algunos quizás puedan tener más derechos que otros sobre ciertos recursos, si esto ayuda a corregir las desigualdades en otras áreas. Estos derechos no son necesariamente derechos de propiedad, sino que pueden también ser de acceso, extracción, exclusión, alienación, administración, etc. Entender que diferentes apegos generan diferentes derechos, y que tomarlos en cuenta es fundamental para hacer una repartición justa es, entonces, la clave.

¿Cómo hacerlo? Pienso en la discusión que se está dando actualmente en Puerto Natales, respecto al proyecto carbonífero de Tranquilo, que pretende explotar 800 mil toneladas métricas de carbón al año durante una década, para exportarlas a la usina de Río Turbio en Argentina. El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado hace poco más de mes y será revisado por 27 organismos del estado que deberán entregar sus informes en un plazo de 120 días. Los ciudadanos, por su parte, tienen hasta el 22 de febrero para hacer observaciones a un documento de cientos de páginas (sólo el resumen ejecutivo tiene 32) y alta complejidad técnica. ¿Quién debería tener derecho a qué en este caso?

Después de una recomendación del concejo regional, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, anunció que podría llamarse a plebiscito para que los natalinos decidan sobre el proyecto, ubicado a apenas doce kilómetros de la ciudad. Las autoridades medioambientales, sin embargo, desecharon rápidamente la idea, argumentando que está fuera del marco de la institucionalidad ambiental y que, de hacerse, no sería vinculante. Mientras, la empresa organiza charlas y puerta-a-puerta para dar a conocer el proyecto a la comunidad, filtrando a su criterio la información que debe conocerse y la que no. Los interesados en que el proyecto sea aprobado se transforman, así, en juez y parte de su causa, porque la “institucionalidad ambiental” así lo permite: en vez de designarse a un grupo de asesores independientes que expliquen el proyecto en términos comprensibles al público, se deja a quienes están siendo evaluados que le cuenten a sus potenciales evaluadores las bondades de su propuesta… omitiendo, claro está, las debilidades.

En este caso, es bastante evidente que lo que hoy se entiende por “participación ciudadana” y las condiciones que se dan para ello deben ser replanteadas en proyectos de explotación de recursos de esta envergadura. Aplicando las ideas de Armstrong, lo que sería justo aquí (o menos injusto) sería que los ciudadanos no sólo pudieran involucrarse en el análisis del EIA, sino que tuvieran que hacerlo, con el estado como facilitador. No sólo organismos especializados, sino también agrupaciones de base, comunitarias, ambientales, educacionales y otras deberían ser parte integral (y no sólo accidental) de un proceso de decisión que hoy recae sobre unos pocos, aunque termine afectando a miles.

Mientras ello no ocurra, ideas como la del plebiscito sólo queda celebrarlas y apoyarlas. Aunque no sean vinculantes, actos de este tipo tienen un valor expresivo que no puede ser ignorado por quienes arman el marco institucional, y menos si cuentan con la participación masiva de la ciudadanía.

Nosotros y los “otros”

Los inmigrantes se han convertido en el último caballito de batalla de los candidatos aquí y allende. Se va a deportar a los inmigrantes que se pillen delinquiendo, promete uno (pero no dice nada acerca de si se deportarán también a los connacionales que delincan… ¿quizás porque habría que mandarlos a Marte?). Se pondrán cuotas de inmigración, dicen otros (y olvidan que su país mismo es fruto de la inmigración: léase Trump en Estados Unidos). Se aceptará sólo refugiados de verdad, no a aquéllos que simplemente buscan mejores expectativas de vida, enfatizan aún otros (ignorando que la búsqueda de “mejores expectativas de vida” es muchas veces una opción de vida o muerte).

Vive hoy el mundo un movimiento masivo de personas que dejan sus países de origen y buscan el futuro más allá de sus fronteras, por necesidad en la mayoría de los casos. Mientras, a los nativos se nos dan todo tipo de razones de por qué deberíamos temer un aumento en el número de otros diferentes a nosotros: nos quitan los trabajos, nos imponen sus costumbres, nos amenazan con dejarnos en minoría y con tomarse lo que es legítimamente nuestro, entre otras amenazas, dicen quienes buscan crear miedo en busca de votos.

En una tierra como Magallanes, donde todos somos otros o hijos de otros, se hace urgente por lo mismo tener un debate abierto y a tiempo acerca del tema. Antes de caer en xenofobias fundadas en la ignorancia y el prejuicio más que en argumentos racionales, debemos preguntarnos cada uno de los que habitamos esta región cómo llegamos aquí, y qué nos da el derecho a sentirnos más dueños de esta tierra que otros que recién vienen llegando.

En mi caso particular, soy una cruza chilote-croata, esto es, heredera de dos grupos humanos que han sido tradicionalmente migrantes. Así como hay más chilotes en Argentina y en otros lugares de Chile que en Chiloé, así también hay más croatas en California, Chile y Australia que en Croacia misma. ¿En qué sentido soy entonces más magallánica que los que recién se acostumbran al viento errático y a los amaneceres incandescentes de esta región? ¿Tengo acaso más derecho sobre esta tierra porque pasé mis infancias haciendo monos de nieve y patinando en la laguna Pudeto? ¿O simplemente –como en los juegos de niños – porque mi familia “llegó primero”?

Las sociedades que se cierran al cambio se convierten al final en sociedades moribundas. Frenar nunca resulta. Lo único que se puede hacer es canalizar ese cambio hacia donde se considere más deseable. Hoy que luchamos por una mayor descentralización y por una mayor independencia de las regiones frente al centro, deberíamos luchar también por una mayor apertura y por una mayor inclusión de quienes llegan desde otros rincones del mundo a formar parte de nuestra sociedad. La misma crítica que como magallánicos hacemos al “centro” (que nos olvida, que nos ignora, que nos ve como inferiores) podría volverse hacia nosotros mismos si no sabemos integrar nuevos miembros en condiciones de igualdad. Nuestra especie, por lo demás, ha sido desde su inicio africano una especie migrante, y a eso no podrán ponerle coto ni fronteras dibujadas en mapas de papel, ni discursos que intenten destacar diferencias donde no las hay – o donde, si las hay, son a lo más diferencias en los tiempos de estadía.

Pensando juntos un modelo de desarrollo

Desde comienzos de año, un pequeño grupo de magallánicos (por nacimiento y/o vocación y/o domicilio) comenzamos a reunirnos para discutir en torno a un concepto que de tanto uso hoy raya en lo trillado, pero cuyo verdadero alcance y significación no siempre se comprenden bien. El principal objetivo era entender de qué se habla cuando se habla de desarrollo sustentable. Más específicamente, nos planteamos la pregunta respecto a nuestro territorio: ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable para Magallanes?

Para partir la investigación, lo primero fue buscar la definición general de desarrollo sustentable o sostenible, como prefieren llamarle algunos: “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1987). Para que un emprendimiento sea sustentable, no basta entonces con que las cifras económicas sean azules al final; se necesita también que los costos sociales y ambientales no queden en rojo.

Con esta idea en mente, lo próximo fue ver cómo se utiliza hoy este término aplicado a nuestra realidad. Y… ¡oh, sorpresa! Véase, por ejemplo, la Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes y Antártica 2012-2020, elaborada por el Consejo Regional de Desarrollo del gobierno regional. En esta suerte de plan maestro de cómo y hacia dónde queremos avanzar, la imagen objetivo es que, al 2020, nuestra región “habrá logrado un crecimiento y desarrollo económico sostenido y sustentable”. Las 32 veces que aparece este término a lo largo del documento, sin embargo, la referencia es casi exclusivamente a lo económico, dejando lo social y ambiental en segundo plano. Así, entre las industrias sustentables se mencionan la producción de carbón, la industria pesquera, la ganadería y la extracción de bosque nativo. Lo que no se dice en ninguna parte es cómo se quieren lograr todas estas “sustentabilidades” una por una, y todas juntas a un mismo tiempo (suponiendo que ello sea posible), ni si se pretende jerarquizarlas de acuerdo a algún criterio convenido en común.

Tomando en cuenta que, para quienes saben de planificación, el 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina, parece urgente plantearnos hoy un modelo de desarrollo sustentable para Magallanes que cumpla al menos dos requisitos hoy ausentes en la actual Estrategia. Primero, dicho modelo no puede basarse simplemente en una aceptación incondicional de las actividades económicas y productivas que de hecho existen hoy en la región, sino que debe plantearse críticamente ante ellas, midiendo qué tan sustentables o insustentables son en sí mismas y en el contexto de nuestra institucionalidad. De acuerdo a ello puede elaborarse entonces una lista con aquellos emprendimientos que queremos y que no queremos, elaborando incentivos y desincentivos acordes. Por ejemplo, en lugar de asumir como una inevitabilidad histórica nuestra vocación carbonífera, habría que evaluar entre otras cosas si ésta se concilia con nuestra otra vocación, aquella que nos hace conocidos en el mundo entero: destino estelar para el turismo de intereses especiales de naturaleza; y uno de los últimos recovecos del planeta donde la locura extractiva aún no se ha desatado sin frenos.

Hecho este ejercicio clasificatorio, un segundo requisito es jerarquizar las actividades de acuerdo a una idea madre. Una estrategia sólo puede hacerse una vez que se tiene un objetivo claro, sea éste ganar una medalla olímpica o llegar a la hora al dentista. Al contrario, parece imposible tratar de avanzar hacia algún lado teniendo 29 lineamientos muchas veces contradictorios compitiendo entre ellos—que es como se encuentra planteada la actual Estrategia. Al menos estos dos puntos deberían ser tomados en cuenta por quienes sean llamados a pensar la nueva Estrategia de Desarrollo (Sustentable) de Magallanes del 2021 en adelante.

Como Plataforma Ciudadana por el Desarrollo Sustentable de Magallanes (nuestra autodenominación provisional, porque entre las preguntas que debemos hacernos está si desarrollo sustentable es en sí mismo un concepto útil/deseable), creemos que la ciudadanía ampliada debe participar en estos cuestionamientos y deliberaciones. Ya hemos organizado tres conversatorios enfocados en tres áreas de importancia clave para la región en Puerto Natales y Punta Arenas: fracking, salmonicultura y patrimonio cultural y ambiental. Pronto tendremos dos conversatorios más, sobre turismo y energía, y del conjunto de éstos esperamos elaborar un documento con evaluación y propuestas concretas. La concurrencia de público y el interés hasta aquí nos ha sorprendido positivamente, y estamos abiertos a las propuestas de temas y actividades. Aunque parezca un cliché, creemos que en Magallanes todavía tenemos la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Invitamos a todos quienes quieran a pensar y ver cómo concretar juntos esta posibilidad.

Salmonicultura y desarrollo sustentable: Parte II

En una columna anterior, plantée la pregunta de si se puede hablar de salmonicultura y sustentabilidad sin contradicción en los términos, y sugerí que se necesitaba más información antes de dar una respuesta. En lo que sigue, propongo ponerse imaginativos y suponer que, tras realizarse los estudios respectivos se concluye que—tomando una serie de medidas preventivas, paliativas y restaurativas—la salmonicultura sí puede llevarse a cabo sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus necesidades (que es el criterio para definir algo como “sustentable”). La pregunta entonces es si puede hacerse salmonicultura sustentable en Chile. ¿Qué implicaría esto?

Si uno revisa la crisis del virus ISA del 2007, las plagas de piojos de mar que aquejan continuamente a los salmones de criadero, la mortandad “normal” de un 15 por ciento de peces en las jaulas, la abundancia de desechos plásticos regados por la industria en las playas de la X y XI Regiones, y la reciente muerte masiva de miles de peces por culpa de un bloom de algas en Chiloé (cuya causa sería El Niño, pero que bien podría tener la sobre-densidad de los cultivos como factor agravante del problema), queda la sensación de que el currículum ambiental de las empresas salmoneras en Chile no ha sido el mejor—por decirlo diplomáticamente. Queda la sensación, también, de que el trabajo de quienes tienen la misión de velar por el correcto funcionamiento de la industria (esto es, SERNAPESCA) deja también mucho que desear. Con “alumnos” e “inspectores” una y otra vez reprobando el examen, ¿cómo garantizar un desarrollo sustentable de la industria a futuro?

“De la historia pasada no pueden sacarse conclusiones futuras”, se defenderá alguien con razón. El asunto es cómo no repetir los errores y moverse hacia un escenario donde, por un lado, el comportamiento de la industria mejore y, por otro, comience a fiscalizarse en serio. Para que esto suceda, se necesitan al menos tres cosas: promover la investigación científica independiente en torno al tema, aumentar los recursos de SERNAPESCA y modificar el marco regulatorio de la industria.

Partiendo por la investigación científica, hay que conocer mejor los efectos de introducir un depredador exótico y a gran escala en el mar chileno; un depredador que muchas veces termina arrancándose de la jaula e interactuando con peces nativos. Cabe preguntarse también qué efectos producen tanto para el ambiente como para los propios salmones las diferentes densidades en las jaulas (que en algunos centros chilenos han llegado hasta 30 kilos por metro cúbico, aunque hoy la recomendación es de 13); cómo interactúan fenómenos locales naturales (como los bloom de algas) con fenómenos artificiales (la presencia de jaulas salmoneras); los efectos que tiene el uso de antibióticos en salmones, consumidores y otras especies nativas (incluida la humana); y un largo etcétera. Estas investigaciones podrían financiarse con un fondo administrado de manera independiente con aportes de la propia industria—a través de un aporte obligatorio pagable después de cada ciclo productivo, por ejemplo.

En cuanto a la modificación del marco regulatorio, vayan dos ejemplos. Actualmente, las concesiones sólo pueden instalarse en lugares donde no exista un banco natural, es decir, en lugares donde no exista una abundancia de otros productos marinos, como centollas, erizos u ostiones. El detalle es que esto se mide hasta los 30 metros de profundidad. Es decir, si la familia de erizos tuvo la mala suerte de vivir a los 35 metros, pues entonces los buzos de SERNAPESCA reportarán que el lugar en cuestión no es banco natural y podrá instalarse la salmonera… con las consecuencias para las especies nativas que no es difícil imaginar. Un segundo aspecto a repensar es que a las salmoneras se les exige simplemente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), porque se asume que su impacto en el medio es limitado. Esto es problemático sobre todo en zonas de alta densificación de la industria, donde el impacto de una con la del vecino y la de más allá se potencian. Para hacer una analogía, es como si para la instalación de una industria contaminante en la Región Metropolitana se pidiera una DIA en lugar de un EIA, porque su sola contribución a la contaminación del aire es irrelevante (cuando lo que hay que medir en zonas saturadas es el efecto acumulativo de las fuentes emisoras, y no el de cada una por separado).

De los recursos limitados de SERNAPESCA puedo poner como ejemplo a Magallanes, donde las utilidades de la industria llegaron a 180 millones de dólares en 2015, con poco más de 30 centros funcionando, mientras el presupuesto anual de SERNAPESCA no alcanzó los 90 millones de pesos para fiscalización (esto es, poco más de 130 mil dólares). Sin contar con lancha ni robot submarino, la entidad fiscal debe arrendar una lancha para cada fiscalización que realiza, o (menos frecuentemente) enviar a sus fiscalizadores en las mismas embarcaciones de las empresas salmoneras. Con ocho fiscalizadores en toda la región, en 2015 se visitó cada centro un promedio de tres veces. Y nótese que, para los que lo consideren poco, ¡los salmoneros en Magallanes se precian (o lamentan) de ser los más fiscalizados de Chile!

Cuando nuevas solicitudes para concesiones comienzan a apilarse en la Araucanía y Magallanes (hasta 2020 existe una moratoria en las regiones X y XI), es imperioso que los ciudadanos nos informemos y discutamos el lugar que queremos dar a la salmonicultura en el desarrollo productivo del país. Si bien cabe la posibilidad de que esta actividad se ejerza sin producir daños irreparables en el medio ambiente, se necesita más información antes de convertir nuestra región en un nuevo centro salmonicultor. Y, ante todo, se necesita voluntad política y recursos para quienes tienen la misión de garantizar su sustentabilidad.

Las dos partes de esta columna pueden leerse juntas en El Mostrador

Secesión horaria

huso horarioEste año el ministro de energía, Máximo Pacheco, anunció que se acabaría el cambio de hora en Chile y que de aquí en adelante todo Chile Continental se regiría por el horario “de verano” (GMT -3). La idea era “mejorar la calidad de vida de las personas y tener un mejor uso de energía.” Después de más de 40 años atrasando la hora durante el invierno (a GMT -4), se reconoció por fin que el ahorro de electricidad resultante era marginal.

Debo admitir que la medida al principio me provocó serias suspicacias. Más jilguero que lechuza, pasaron por mi mente negros despertares con luz eléctrica, negras caminatas al trabajo iluminada por los tenues focos callejeros, y negros comienzos de día, luchando contra el sueño y esperando hasta media mañana la salida del sol. Pero ¡momento, atención, pare! ¿No vivo acaso en Punta Arenas, donde con o sin cambio de hora los despertares invernales son negros igual? Al recordar mi situación geográfica, mis aprensiones rápidamente pasaron y, a medida que comenzamos a vivir el cambio de hora en carne propia, mi aprobación a la idea de Pacheco fue en ascenso: mientras que, bajo el régimen de cambio de hora, los magallánicos sufríamos tardíos amaneceres y tempranas puestas de sol, bajo este nuevo régimen al menos nos asegurábamos más luz en las tardes.

Sin embargo, la alegría duró poco. Según un grupo de parlamentarios, esta medida debe revertirse cuanto antes, ya que ha provocado “un enorme deterioro en la vida de los chilenos y chilenas que deben salir de noche de sus casas, regresar también de noche y, como contraparte, pagar cuentas de luz que han subido notablemente.” En consecuencia, un proyecto de ley para volver las cosas a como estaban antes ya se encuentra en primer trámite constitucional en el Congreso. En una racha de generosidad y empatía, sin embargo, el proyecto establece que Aysén y Magallanes “puedan tener un horario diferenciado al establecido”, atendiendo a “las particularidades de las regiones australes de nuestro país.” Es decir, se reconoce la posibilidad de que mantengamos el horario de verano todo el año, a costa de tener una hora de diferencia con el resto del país durante el invierno.

En las redes sociales locales, la iniciativa ha causado indignación: con o sin cambio de hora, lo que nadie parece querer es que Magallanes quede con huso horario propio. Dentro de las muchas razones atendibles, están el desfase que tendríamos con muchos servicios públicos y privados en el resto del país (el que llame de 9 a 10 de la mañana a Santiago se encontrará con que nadie le contesta), y la espera de los noticieros centrales hasta las diez de la noche en invierno (ni hablar de quedarse despierto hasta “Informe Especial”). A pesar de estos inconvenientes, sin embargo, creo que optar por la secesión horaria tendría un valor expresivo y simbólico no despreciable que valdría la pena considerar.

Desde que Magallanes es parte de Chile, hemos tenido la misma hora que el resto del país (con o sin cambios de verano a invierno). Pero esta unificación horaria de poco ha servido para unificarnos de verdad. Cuando los trabajadores subcontratados de Codelco van a paro, la noticia es portada y todo el país queda atento a su desarrollo. Cuando miles de funcionarios públicos de Magallanes van a paro, la noticia con suerte puede encontrarse en los medios locales. A menos que caiga un meteorito en el Paine, o que Madonna pase por el aeropuerto Presidente Ibáñez camino a la Antártica, las probabilidades de Magallanes sea tema para El Norte son prácticamente nulas. Esto lo sabemos todos y no hay mucho más que decir.

Si optáramos por la secesión horaria, los magallánicos enviaríamos un recordatorio explícito al resto de Chile de lo lejos que estamos y de lo diferentes que son las necesidades aquí. Asumir abiertamente nuestra particularidad geográfica podría ayudar al Norte a entender mejor de qué se habla cuando se habla de Zona Extrema. Quedaría más claro, en el imaginario nacional, que en muchos sentidos somos “un mundo aparte”, y que la única forma de integrarnos es respetando, y no pasándose a llevar nuestras diferencias.

Jineteadas patagónicas: ¿deporte nacional?

jin noContra la idea tradicional de definición, donde se busca especificar la característica esencial de una cosa, Ludwig Wittgenstein sugirió en sus Investigaciones Filosóficas que aquellas cosas que llamamos por el mismo nombre están conectadas por una serie de similitudes y coincidencias que se traslapan, sin haber un solo rasgo común a todas ellas. En un ejemplo que se ha tornado famoso en la filosofía del lenguaje, Wittgenstein pregunta cómo sabemos que una actividad determinada es un juego. Sin necesitar una definición, dice Wittgenstein, resulta que podemos usar la palabra correctamente, y decir qué es un juego y qué no lo es; vemos (intuitivamente) el parecido de familia entre el ajedrez, el bridge, las escondidas y el solitario, aunque ninguno de ellos comparta todas las características que podrían mencionarse como definitorias: competitividad, placer, respeto a ciertas reglas… Un punto fundamental aquí es que el uso de las palabras está atado al contexto y no puede disociarse de él. Surge de formas de vida y modos de ver el mundo, por lo que sin entender estas formas o estos modos difícilmente entenderemos qué cabe en una palabra y qué no.

Con esto en mente, me parece que el proyecto de ley que busca convertir las jineteadas patagónicas en deporte nacional se inserta en una forma de vida y un modo de ver el mundo donde el maltrato a animales todavía se considera deporte, y donde se reviste lo supuestamente tradicional con un manto de corrección e inviolabilidad – como si agregarle este adjetivo a algo lo hiciera mejor o preferible a sus alternativas no tradicionales. Uno de los autores del proyecto, el diputado DC por Aysén Iván Fuentes, dice que ésta es una “fiesta donde se dan cita la destreza del jinete y la fuerza del pingo, pero además el arte, la cultura, la artesanía local.” El otro autor, el diputado DC por Magallanes Juan Morano, recalca que, de convertirse en ley, las jineteadas “se van a poder practicar en todo Chile, y las organizaciones van a tener mayor facilidad a la hora de pedir permiso y financiamiento público.”

El proyecto, que ya fue aprobado por seis votos a favor y una abstención en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, hoy espera ser discutido en la Sala y ser votado por el Senado durante septiembre. Ante esto, varias organizaciones pro defensa de los derechos animales han alzado su voz de preocupación, y ya convocaron a una marcha de protesta para el 5 de septiembre en diez regiones del país, además de armar una lista de firmas para quienes quieran oponerse al proyecto.

Volviendo a Wittgenstein, creo que en esta discusión lo que hay que atacar es tanto la comprensión de lo que es maltrato como de lo que es deporte, y de lo que tiene de especial (o no) la tradición. Además, algo hay que decir acerca del carácter nacional de esta propuesta que, de aprobarse, será financiada por todos los chilenos.

Lo que se busca legalizar aquí es un tipo de actividad que, si bien puede haberse considerado normal en un cierto contexto histórico (inicio de la actividad estanciera, soledad de los trabajadores, falta de sensibilidad y de información científica respecto al sufrimiento animal) ya no tiene justificación. He escuchado de algunos que buscan aprobar el proyecto que “el caballo de la jineteada es menos maltratado que el novillo del rodeo”. O sea, se reconoce el maltrato, pero se da el consuelo de los tontos: ¡los animales protagonistas del rodeo lo pasan peor! Al revés, ¿no debería ser ésta una razón para prohibir el rodeo en vez de aprobar las jineteadas? Otros simplemente no ven maltrato en domar a un potro a punto de golpes, patadas, chorros de agua fría y fuerza bruta. Se presenta como poesía y arte una subyugación obligada y sometimiento innecesario del animal a estrés. Para peor, se presenta el espectáculo de la jineteada como familiar, perpetuando así en nuestros hijos la creencia de que azotar al vecino es malo, pero azotar a un caballo es deporte. Si queremos una sociedad cuya forma de vida sea más compasiva y comprensiva con el sufrimiento de otros (humanos y no humanos), deberíamos dejar fuera de la categoría deporte todo aquello que implicara abuso de fuerza y daño a otros, cuando este potencial daño no es mutuamente consensuado (como sí lo es, por ejemplo, en el caso del boxeo).

Además de desconocer que el maltrato es maltrato y no deporte, el otro argumento de quienes promueven las jineteadas es que son una actividad arraigada en la cultura local, que se ha hecho toda la vida. Para empezar, toda la vida debe entenderse aquí como 150 años o menos, que son los que tiene la cultura estanciera en la Patagonia (hasta donde sé, no tengo antecedentes de que los Selknam hayan jineteado a los guanacos y, aunque lo hubieran hecho, tampoco le daría más peso al argumento). Para seguir, la violencia intra-familiar, la conducción bajo los efectos del alcohol y la tenencia irresponsable de mascotas también son prácticas arraigadas en nuestra cultura local. ¿Las convertimos también en deportes nacionales? El argumento de que lo tradicional es bueno, por sí solo, es tan malo como el argumento de que el Iphone 6 será mejor que el 5.

En cuanto al carácter nacional de la iniciativa, me parece preocupante que los impuestos de los chilenos terminen financiando este tipo de actividades. Si lo que se quiere es preservar al gaucho patagónico, mejor que el dinero se invierta en capacitarlos en la técnica de susurro a los caballos, que usa el amor en vez del chicoteo. Esa sí que sería una linda postal y una buena manera de promover a nuestra región en Chile y el mundo: gauchos susurradores de nueva generación surcando la pampa.

jin siPor último, si bien no menos importante, en su apuro porque el proyecto sea aprobado, el diputado Morano calificó de “ofensa a los magallánicos” la posición del diputado independiente por la región, Gabriel Boric, que retiró su inicial patrocinio al proyecto luego de revisar antecedentes de maltrato animal durante las jineteadas. Si le sirve de consuelo, Diputado Boric, a mí como magallánica no me ofende nada (al contrario, me tranquiliza) que nuestra región tenga representantes capaces de enmendar sus errores a tiempo y no persistir en ellos por honor mal entendido. Además, me parece anti-democrático por parte del diputador Morano meter a todos los magallánicos al saco de partidarios de las jineteadas sin haber hecho una consulta previa al respecto.

Amarrar a un potro a un palenque para luego pegarle hasta lograr taparle los ojos, ensillarlo y montarlo por la fuerza no debiera ser considerado como un deporte, y y menos debiera ser financiado por todos los chilenos. Es de esperar que diputados y senadores se informen, piensen y se pongan no sólo en los zapatos del jinete sino también en las herraduras del caballo antes de votar este proyecto.

Esta columna también puede leerse en El Ciudadano

¿El verdadero fin de “la fiesta del gas”?

A un año y medio de las protestas por el alza en los precios del gas domiciliario en Magallanes, el conflicto sigue latente. Frente a los rumores de que “el gas se acaba”, la voz definitiva de la autoridad en esta materia sigue siendo una incógnita.

Cuando era niña y viajábamos con mi familia al sur de Argentina, uno de mis recuerdos más vívidos es del camino entre Punta Arenas y Río Gallegos. Allí, en medio de la pampa desnuda, algo que capturaba poderosamente mi atención eran unos chorros de fuego eternamente prendidos que salían de unas largas cañerías; el único signo de presencia humana en kilómetros a la redonda. Cada vez que aparecía uno, preguntaba qué era esa llama y de dónde salía. Entonces, los grandes me explicaban que Enap (la Empresa Nacional del Petróleo y “niña símbolo” de Magallanes), no sabía qué hacer con tanto gas, y no les quedaba otra que quemarlo. La respuesta me dejaba entre atónita y orgullosa de la riqueza de mi tierra natal, sentada al parecer sobre un pozo de combustible tan abundante que podíamos derrocharlo. Y en efecto, la actitud y el estilo de vida magallánico por esos años confirmaba la abundancia: la cuenta del gas, motor de nuestra región, solía ser más barata que la del agua potable, y abrir las ventanas junto a la estufa prendida era un hábito generalizado que a nadie se le ocurría cuestionar.

Al mismo tiempo, la dependencia de este elemento para nuestras vidas era un hecho que se olvidaba hasta que ocurría una emergencia. Alguna vez, en pleno invierno, se cortó el suministro y el resultado fue la paralización de la ciudad. El par de días que duró el corte se suspendieron las clases y la mayoría de la gente tuvo que quedarse en casa. Como en una imagen sacada de novela naturalista del siglo XIX, recuerdo cómo nos vimos obligados a congregarnos alrededor de la chimenea; cocinando en una parrilla improvisada, tejiendo, escuchando la radio a pilas y haciendo las tareas bajo la luz de las velas. Bajo una mirada menos romántica, era la constatación de que nuestra economía – como dicen hoy los técnicos – se hallaba “indexada” al valor del gas. No sólo la calefacción (vital en este clima), sino también la electricidad y muchos de los autos privados y públicos quedaron parados, a la espera de superar la emergencia.

Dos décadas más tarde, todavía acostumbrados a que el gas cayera como maná del cielo, los magallánicos entraron en estado de shock cuando se anunció el alza en casi 17 por ciento del precio del gas residencial. Esto, para paliar las millonarias pérdidas de Enap, que vende el gas a la distribuidora regional Gasco a un precio muy menor al del mercado internacional. Era enero de 2011 y la región no se organizaba tan masivamente para protestar por algo desde los cacerolazos contra la dictadura. El gobierno central amenazaba con el fin de la “fiesta del gas”, y los magallánicos respondían bloqueando los accesos a la capital regional y haciendo rodar cabezas de ministros. El conflicto terminó con el compromiso del gobierno de reajustar los precios de gas domiciliario de acuerdo al IPC hasta 2016, enviar un proyecto de ley de tarificación y dar prioridad a los consumidores residenciales en caso de futura escasez. Quedó en el aire, sin embargo, la sensación de que ya nada sería como antes. Abrir las ventanas junto a la estufa prendida pronto sería una memoria para contarle a los nietos.

Hoy, a sólo un año y medio del conflicto, los rumores en Punta Arenas van y vienen. Mientras el recién nombrado intendente asegura que hay gas domiciliario para por lo menos cinco años más, un parlamentario regional da la alarma de que no quedan más que dos antes de que comience el racionamiento. En tanto, la planta petroquímica Methanex (la mayor consumidora industrial, que se lleva tres cuartos de la producción de Enap), anuncia que paralizará sus operaciones en 2013 por el alto costo del combustible. La Asamblea Ciudadana de Magallanes pide en declaración pública que Enap le haga frente a la crisis, acelerando las prospecciones de nuevos pozos, mientras algunos ya promueven la “nueva” fuente de energía regional: el decimonónico carbón… ahora gasificado. Y un 60 por ciento más caro.

¿Quién podrá defendernos? No hay que ser analista especializado para darse cuenta de que en el planteamiento mismo de este problema algo huele mal. Por un lado, Enap llora sus pérdidas y se anuncia que el fisco le transferirá de manera directa 30 mil millones en 2013, para seguir subsidiando el precio del gas domiciliario. Las autoridades locales, mientras, no ofrecen ninguna estrategia clara acerca de cómo se enfrentaría un racionamiento energético a corto plazo (y un radical cambio de la matriz energética, a mediano y largo plazo). Por otro lado, nos enteramos de que empresas privadas como Geopark y Petromagallanes sacan cuentas alegres de sus últimas prospecciones. Trabajando bajo los Contratos Especiales de Operación Petrolera, CEOPs (aprobados durante el reinado de la Concertación), quienes han llegado a Magallanes a explotar el petróleo y el gas natural no se han quejado hasta ahora de escasez ni pérdidas. Al contrario, los titulares de la prensa especializada se refieren más bien a sus crecientes utilidades, al descubrimiento de nuevos pozos y a sus alianzas estratégicas con los consumidores industriales. En concreto, por ejemplo, Geopark firmó en 2008 un acuerdo con Methanex para entregarle por diez años el cien por ciento del gas obtenido en el bloque Fell (uno de sus más importantes yacimientos, del cual adquirió completo control en 2006, tras renegociar su contrato con Enap).

La complejidad del lenguaje de las operaciones gasíferas y petroleras impide que una lega como la suscrita compare aquí los costos de explotación de Enap versus los de estas compañías privadas, analice sus respectivas estrategias de exploración y prospección y saque conclusiones iluminadoras acerca de por qué, puestas sobre el mismo territorio, muestran resultados tan diferentes. Un análisis de este tipo, sin embargo, se necesita urgente para poder decidir de manera bien informada cuál es el verdadero problema de Magallanes hoy en materia energética: la escasez de gas y punto, o un problema de gas acumulado en pocas manos.

Dicho esto, y más allá de cuántas reservas queden y cuál sea el costo de explotarlas, algo que la región hoy necesita urgente es una campaña de ahorro y de eficiencia en el uso de energía. Por ejemplo, la termoaislación no puede seguir siendo entendida como un lujo, sino como una necesidad, y promoverla – sobre todo cuando se trata de viviendas de autoconstrucción – debería ser prioritario.

Por último, recordarnos que la matriz energética de Magallanes se funda sobre un recurso no renovable debería dar el impulso para explorar más sistemáticamente el uso hasta ahora tímido de energías renovables no convencionales, como sol y viento (sobre el ir y venir de las políticas de estado en esta materia puede leerse en una anterior columna de Verdeseo). Se haga lo que se haga, es de esperar que sea con una mirada a largo plazo y no frente a los hechos consumados, esto es, con los habitantes tiritando de frío en la oscuridad en torno a la chimenea.

Esta columna apareció originalmente en Verdeseo y puede leerse también en El Ciudadano

Obesidad a la magallánica

Se supo recientemente que Magallanes ocupa el primer lugar a nivel nacional de obesos mayores de 15 años, con un 34 por ciento de este segmento de la población en esa categoría (versus el 26 por ciento del promedio nacional). Por si eso fuera poco, nuestra región también lidera el ranking de niños obesos menores de seis años, con más de un 13 por ciento del total (versus el casi 10 por ciento nacional). Le planteo el tema a una amiga doctora, que lidia día a día con quienes llevan a cuestas esos kilos demás, y me responde en una frase: prevención es la solución.

Basta con mirar un poco alrededor, sin embargo, para darse cuenta de que los incentivos para prevenir no están dados. Al contrario, lo que más hay son soluciones parches (literalmente) para quienes ya cruzaron el umbral hace rato. Cuando es más fácil dejar que un cirujano plástico nos abra para sacarnos la grasa acumulada que cerrar la boca para dejar que esa grasa se haga parte de nosotros, la tentación es grande de recurrir al primero. Cuando hacerse un baipás gástrico se convierte en algo tan común como taparse una caries, muchos gorditos pierden la mala conciencia de seguir sumando kilos. Total, los pecados se expían en la sala de operaciones… y con anestesia. Y a la hora de las compras, ¿para qué comprar verduras y frutas frescas, cuando muchas veces son más baratos los alimentos envasados, los chocolates, las galletitas? Diabéticos, hipertensos e infartados, los magallánicos no estamos para ganar maratones, ni siquiera las que se corren en nuestra propia tierra.

El ejemplo más indesmentible de que la campaña para prevenir la obesidad no existe es nuestro templo de la salud: el Hospital Regional. Aquellos que han estado en alguna cola o sentados esperando su turno sabrán a qué me refiero cuando digo que el olor a fritanga fresca (y no a desinfectante) es el aroma distintivo de dicho recinto. Diligentes comerciantas se hacen la América vendiendo sus creaciones hipercalóricas por los pasillos, y tentando de capitán a paje. Más de alguien rememorará la experiencia de llegar al mesón y ser atendido por una funcionaria que empuña el lápiz en una mano y disimula con la otra un milcao bien grasiento envuelto en alusa (añorando que llegue la hora de colación para zampárselo). Y esto, para no hablar de la cafetería con la comida menos de hospital del mundo. En ésta, el combo de desayuno más sano es el nescafé con aliado de jamón y queso derretido. Las alternativas son nescafé con sopaipillas chilotas, o calzones rotos, o masitas con crema pastelera. ¿Habrán oído alguna vez hablar del colesterol alto y de las arterias tapadas? ¿O será que están necesitados de clientes, y desde la cafetería los derivan directo a pabellón? ¿Qué dirán los nutricionistas del recinto, si es que los hay? ¿O se habrán tomado un sabático?

Por un lado, es admirable la honestidad brutal de este lugar. Es como si hasta los propios doctores hubieran tirado la toalla y hubieran asumido que somos la capital de la obesidad en Chile, ¡y a mucha honra! Por otro lado, es penoso que se sigan curando las enfermedades que resultan de la gordura con pastillas, cuando sería mucho más eficiente cortar la dosis de chicharrones y punto. Si no toma la iniciativa quien pone el afrecho, desgraciadamente, difícil será pedirle abstención a los chanchitos.

¡Alto al fuego!

Arde Torres del Paine...

Mientras escribo, Chile está en llamas. Van 28 mil hectáreas quemadas en la zona del Bío-Bío y 14 mil en nuestro Parque Nacional Torres del Paine, con cuya foto-símbolo se presenta nuestro país al extranjero.

Al incendio en el Bío-Bío no me referiré en esta columna, sino a aquel que aqueja a nuestro emblema nacional. Ya se detuvo al presunto responsable, si bien aún no se tiene certeza de que haya sido quien inició el fuego. Me pondré ante el hipotético escenario de que sea en efecto quien parece que es: un turista negligente (o despistado, que en este caso viene siendo lo mismo), que prendió fuego en un lugar no autorizado del parque y se fue sin apagarlo.

Si lo es, entonces el causante de la destrucción de ya 140 kilómetros cuadrados de estepas y bosques se suma a la infame lista del visitante checo que, en 2005, causó la destrucción de una superficie similar, por prender su anafe en medio de un sendero donde no estaba autorizado hacerlo; y al japonés pionero que, en 1985, quemó un siete por ciento del parque por no apagar bien la colilla de su cigarro.

A lo que no se puede sumar el responsable de esta destrucción innecesaria y prevenible es a la lista de penas irrisorias que han enfrentado sus antecesores: no sé cuánto habrá pagado el japonés, si es que pagó algo, pero el checo dejó nuestro país tras cancelar la módica suma de 120 mil pesos. Si fuera pirómana, no dudaría en hacer la inversión.

En el estado de Victoria, en Australia, donde ocurrieron devastadores incendios en febrero de 2009, quien prende fuego en una zona no autorizada arriesga una pena que va hasta dos años de cárcel o una multa de 12 mil dólares, cuando éste se ha iniciado de manera negligente o no se han tomado las precauciones debidas. En Australia, en general, los guardaparques están permanentemente fiscalizando que quienes entran a los parques cumplan con las reglas. Como el castigo duele, la mayoría cumple. No es por simpáticos que los visitantes respetan las regulaciones, sino porque violarlas tiene un costo muy alto.

Aquí van a decir algunos que no se puede ser tan draconiano, que el pobre checo (y, probablemente, también los otros) todavía tiene pesadillas con la embarrada que dejaron, que a cualquiera le podría haber pasado… Pero no: los arrepentimientos y las malas conciencias no van a revivir a los animales quemados ni van a restaurar el suelo, que tardará décadas en regenerarse. Lo único que sirve en estos casos es prevenir, y para prevenir la mejor forma es con leyes estrictas y que se practiquen.

Eduardo Katz, gerente de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, declaró que, aunque está prohibido hacer fuego y acampar en lugares no habilitados, no se puede estar fiscalizando todo el día las 240 mil hectáreas de parque. Esto, sin embargo, es como decir que los carabineros no pueden fiscalizar a quienes exceden la máxima velocidad en carreteras… ¡son tantos autos y es tan grande nuestro país!

Torres del Paine recibió en 2009 más de 140 mil visitantes chilenos y extranjeros, que juntos pagaron por concepto de entrada unos 1.603 millones de pesos. No sé a dónde se va este dinero hoy, pero es obvio que no queda en el parque que, según leo, en 2011 recibió un presupuesto de menos de 54 millones de pesos (¡ni la treintava parte de lo que recauda!), y apenas cuenta con 50 guardaparques en temporada alta.

No puede ser que haya tal reducido número de personas para fiscalizar la “joya” del turismo chileno en la Patagonia. No puede ser que vivan en condiciones precarias, convertidos en héroes a la fuerza. Si no se opta por cerrar definitivamente el parque y conformarse con las fotos (que es lo que a veces los espíritus preservacionistas se hallarían tentados de hacer), entonces que se tome el turismo en serio y se fiscalice de verdad: que haya efectivamente guardaparques dedicados a ver que las prohibiciones se respeten, y que las penas para quienes infringen las regulaciones sean suficientes para disuadir a pajarones, descuidados o negligentes de todas las nacionalidades por igual. Ideas pueden tomarse de todo el mundo: en los principales circuitos turísticos desde los Alpes al Anapurna, por ejemplo, los turistas sólo pueden alojar y comer en los refugios autorizados, y a olvidarse de carpas y cocinillas. Si éste es el precio para cuidar el Paine, lo vale completo.

Lo que hace que un sistema funcione mejor o peor son, finalmente, las leyes que efectivamente se aplican: para esta especie Homo Sapiens no tan Sapiens, no queda otra solución.

Esta columna también puede leerse en Verdeseo y en una versión abreviada en La Prensa Austral

Yasuní

Podría ser el nombre de una protagonista de teleserie de ésas que dan después de almuerzo y, en realidad, algo de protagonista tiene. Yasuní, el parque nacional más biodiverso de Ecuador, viene hace meses haciendo noticia gracias a una ingeniosa propuesta que, de resultar exitosa, podría replicarse de manera positivamente revolucionaria.

Yasuní ocupa casi un millón de hectáreas de selva amazónica y su biodiversidad es tal que en una sola hectárea se han llegado a contar 655 especies diferentes de árboles (más que el total de Canadá y Estados Unidos combinados). Esto, además de una rica fauna de pumas, jaguares, cacatúas, monos aulladores y un largo y tropical etcétera. Yasuní es también el hogar de dos tribus indígenas que casi no han tenido contacto con la ‘civilización’: los Tagaeri y Taromenane. Todo bien hasta aquí, si no fuera por un solo y gran Pero: bajo un quinto de su superficie, el área conocida como Yasuní-ITT, se esconden el 20 por ciento de las reservas conocidas de petróleo de Ecuador, 846 millones de barriles que se les hacen agua a la boca –o, mejor dicho, bencina al tanque– a los inversionistas extranjeros ansiosos de combustibles fósiles. (Los otros 4/5 de la reserva ya han sido o están siendo explotados por empresas chinas, francesas, estadounidenses, canadienses, argentinas, brasileñas y españolas.)

En un despliegue de consecuencia con su discurso de protección de los derechos de la naturaleza y del ‘buen vivir’ (inscritos en la Constitución ecuatoriana), el gobierno de Correa presentó hace tres años un novedoso plan para preservar en lugar de explotar este tesoro. (No se crea, sin embargo, que ésta ha sido la postura constante de Correa,  que tuvo en el pasado fuertes altercados con defensores del medio ambiente y comunidades indígenas, e incluso  le quitó el estatus legal temporalmente a una de las ONGs más activas en la materia: Acción Ecológica. Pero dejemos esto a un lado por el día de hoy).

En breve, la idea es la siguiente: que países desarrollados (acreedores o no de Ecuador), el Banco Mundial y ONGs ambientalistas de gran calibre contribuyan con 300 millones de dólares anuales, durante la próxima década, a un fondo administrado por Naciones Unidas, destinado a desarrollar en Ecuador energías renovables, fomentar el transporte público eléctrico, reforestar, etc. A cambio, se respetaría una moratoria para mantener a Yasuní-ITT como hasta ahora: libre de la polución que implica la extracción de petróleo.

La propuesta podría considerarse extremadamente ambiciosa, pero no lo es tanto si se considera que sólo se está pidiendo la mitad de los ingresos que generaría dicha industria: unos seis mil millones de dólares en diez años. De paso, se le ahorran a la atmósfera 547 millones de toneladas de CO2, los que –si bien no todavía– con el tiempo podrían llegar a canjearse en forma de bonos de carbono.

Aunque Ecuador firmó en 2010 el acuerdo con el PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), la respuesta internacional ha sido tan escéptica y lenta que Correa amenazó en enero con someter la decisión a plebiscito, si no lograban recolectarse al menos 100 millones de dólares antes de fin de año. Hasta ahora, 38 millones de dólares han sido comprometidos en conjunto por Italia, España, Bélgica y… ¡Chile! Alemania, que había prometido grito y plata al comienzo, decidió retractarse, y otros países desarrollados han optado por el silencio. Esto puede deberse a que, si bien existen actualmente programas internacionales para desincentivar la tala de bosques y la deforestación (como REDD, Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación Ambiental), es primera vez que se propone un fondo para no explotar un combustible fósil, como el petróleo. Y, ante la duda acerca de cómo funcionaría, los potenciales contribuyentes prefieren abstenerse.

De resultar exitosa la idea, me pregunto si no podría extenderse a otros minerales similares, como el carbón. De ser así, Correa podría entonces sugerirle a su colega chileno que replique la idea en nuestra magallánica Isla Riesco y que, en vez de permitir que una reserva de vida se transforme en un hoyo negro, la mantenga para futuras generaciones (ahorrándose, de paso, varios miles de toneladas de emisiones de CO2).

Más información sobre la iniciativa Yasuní-ITT puede encontrarse en Amazonía por la vida. Y más información sobre Patagonia sin Carbón en Alerta Isla Riesco