Con esta pregunta partió hace un tiempo un proyecto de investigación cuyo fin era clasificar y entender mejor los diferentes tipos de demandas territoriales en Latinoamérica. A poco andar, sin embargo, la pregunta empezó a incomodarme: mientras ésta parte del supuesto de que la tierra y los recursos naturales son apropiables y transables, el origen del conflicto territorial en nuestro continente radica muchas veces justamente en desconocer que hay otras ontologías, otras maneras de entender y relacionarse con el entorno.
Participo desde hace un tiempo en un proyecto de investigación multidisciplinario llamado “Who Owns It? Land Claims in Latin America: Their Moral Legitimacy and Implications” (“Quién es el dueño? Reclamos de tierras en América Latina: su legitimidad e implicancias morales”). Si bien la pregunta por la tierra y los recursos naturales en nuestro continente está súper explorada desde el punto de vista de ciencias sociales como la economía, sociología, antropología, historia y ciencias políticas, la filosofía moral y, más precisamente, la ética aplicada, no le han prestado especial atención al asunto. El resultado es que muchas veces las distintas posturas terminan por enfrentarse en un diálogo de sordos, donde se parte de supuestos radicalmente distintos y se llega por ende a punto muerto.
La hipótesis inicial del proyecto era, en vistas de eso, separar los diferentes tipos de reclamos territoriales en Latinoamérica en tres grupos principales: aquellos originados por algún daño o injusticia pasada o presente contra el grupo demandante; aquellos basados en razones de asistencia o beneficencia debida al grupo demandante; y aquellos basados en el hecho de que ciertas personas o agentes se beneficiaron (o se siguen beneficiando) de las injusticias cometidas por terceros contra el grupo demandante. Así, por ejemplo, en el primer grupo pensábamos que cabían ante todo las demandas indígenas por territorios ancestrales, usurpados a través de siglos de violencia o a través de prácticas legales, pero escasamente legítimas. En el segundo grupo parecían calzar bien demandas como las del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil: campesinos pidiendo la redistribución de tierras agrícolas pero improductivas para cultivarlas y lograr la autosuficiencia económica. En cuanto al último grupo, de aquellos afectados por otros beneficiados injustamente a costa suya, cabían también las comunidades indígenas y los campesinos sin tierra, pero esta vez haciendo sus reclamos contra los descendientes de los usurpadores o de quienes recibieron del Estado – gracias a dudosos métodos – tierras indebidamente expropiadas, etc.
No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que el marco teórico elegido para ordenar los casos reales comenzara a incomodarme, sobre todo al aplicarlo al primer y tercer tipo de reclamos. Y tras leer Land, Conflict and Justice (Tierra, Conflicto y Justicia) de Avery Kolers, y Territorios de Diferencia, del antropólogo colombiano Arturo Escobar, empecé a entender por qué. Nuestro propio proyecto se convirtió así en una ilustración de los desafíos a los que se enfrenta cualquiera que intente dar cuenta de los conflictos territoriales en nuestro continente.
Cuando se parte con la pregunta “¿quién es dueño de la tierra?”, se está dando por hecho que la tierra es un objeto apropiable como una mesa, un edificio, un auto, un televisor. Y se está dando por hecho también que hay una manera legítima de hacerse de esa propiedad, ya sea por medio de un proceso de compraventa, por una historia de ocupación y trabajo en ella, o de alguna otra forma. En breve, se parte de lo que Kolers denomina “la etnogeografía anglo-estadounidense” basada en principios lockeanos. Bajo esta mirada, la tierra en sí misma, pero también todos los otros recursos naturales son apropiables y transables a precio de mercado. Y esto enhorabuena, ya que así se permite su explotación productiva y con ello el progreso de la sociedad y el mejoramiento en la calidad de vida.
Dicho esto, el problema de aplicar la pregunta inicial y el marco teórico elegido a los reclamos territoriales en Latinoamérica es evidente: se asume que las partes en conflicto tienen al menos algo en común, y esto es que coinciden en los principios básicos de la etnogeografía anglo-estadounidense (como la llama Kolers), o la ontología colonialista occidental (como la llama Escobar); o sea, la concepción standard de propiedad diseminada por el mundo entero a través de los conquistadores y colonizadores europeos. O sea, se asume que las partes coinciden en que alguien es el legítimo dueño de la hectárea en disputa, y el conflicto está en decidir quién. La injusticia, entonces, es de primer orden: ambos bandos comparten la definición de lo que es justo y pelean por rectificar alguna injusticia pasada o presente. Partiendo de esta base es que la mayoría de los Estados latinoamericanos han enfocado hasta ahora el “problema indígena” y han fracasado. Pues ni modo, como diría el Chavo del Ocho: se cree que saneando las tierras (nótese el lenguaje usado, ¡como si las tierras sin dueño legal estuvieran enfermas!) todos quedarán contentos. Y se ignora que la injusticia aquí no consiste meramente en la carencia de un título legal, sino en la imposición antes y ahora de un solo modelo para comprender cómo se debe habitar la tierra y relacionarse con ella. La injusticia es así epistémica o de segundo orden: es imponer una definición de lo que es justo sin diálogo ni negociación de por medio. Es descartar otras etnogeografías, otras ontologías, antes de siquiera darles una chance.
Claro está, aquí dirán los que defienden una sola mirada para ordenar el territorio que la alternativa sería caos, desorden absoluto, anarquía. ¿Cómo hacer convivir en un mismo país y bajo las mismas leyes comprensiones distintas de la tierra que llevarán inevitablemente a manejos contradictorios de ella? ¿Cómo poner orden en un mundo global donde diferentes grupos no comparten necesariamente los principios fundamentales sobre los cuales debieran trazarse las cartografías (trazado de cartografías: otra obsesión occidental)?
La respuesta no es fácil, pero ignorar su complejidad pasando por alto las distintas miradas no mejora las cosas, sino al contrario. En parte, la pregunta “¿quién es dueño de la tierra?” sí apunta a un grupo de conflictos donde el Estado y los demandantes comparten una etnogeografía u ontología. Es el caso por ejemplo de la lucha por la reforma agraria, para traspasar por fin las tierras productivas de latifundios subexplotados a campesinos emprendedores que mezclarán su trabajo con ella al mejor estilo de Locke. O el de quienes simplemente quieren que su ocupación nunca legalizada quede por fin reconocida en el Conservador de Bienes Raíces. Incluso cuando se comparte una etnogeografía u ontología, sin embargo, no hay garantías de que no surjan visiones contradictorias, por ejemplo, acerca del mejor ordenamiento territorial para un área determinada. Peor todavía, cuando ni siquiera se comparte ese suelo común, suponer que la reparación de la injusticia consiste simplemente en traspasarles una parcela cercada a personas individuales y lavarse las manos como si aquí no hubiera pasado nada es pecar de falsa ingenuidad.
Sin darse antes el trabajo de evaluar las diferentes concepciones acerca de lo que la tierra y los recursos naturales significan para diferentes culturas, y lo que esto implica para el ordenamiento del territorio, lo que se alcanzará serán en el mejor de los casos soluciones cosméticas, nunca estructurales. Baste recordar, a modo de ejemplo, el caso de las familias pehuenches cuyas tierras fueron inundadas por la central hidroeléctrica Ralco en los años noventa. Varias de ellas optaron entonces por permutar sus tierras y reubicarse en el fundo El Barco, donde adquirieron predios mucho más extensos que supuestamente las ayudarían a mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza (al final no fue así, pero eso sería material de otra columna). Otras, sin embargo, se negaron a negociar lo que consideraban no negociable. Fue el caso de las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, que sólo en 2003 llegaron a un acuerdo con Endesa – “acuerdo” que olió más a imposición ante lo inevitable que a una decisión libremente elegida.
“¿Es la tierra apropiable?” o “¿Podemos apropiar la tierra?” son entonces mejores puntos de partida si lo que se quiere es clasificar y ordenar el complejo panorama de demandas territoriales en Latinoamérica.
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