¿Quién es el dueño?

Con esta pregunta partió hace un tiempo un proyecto de investigación cuyo fin era clasificar y entender mejor los diferentes tipos de demandas territoriales en Latinoamérica. A poco andar, sin embargo, la pregunta empezó a incomodarme: mientras ésta parte del supuesto de que la tierra y los recursos naturales son apropiables y transables, el origen del conflicto territorial en nuestro continente radica muchas veces justamente en desconocer que hay otras ontologías, otras maneras de entender y relacionarse con el entorno.

Participo desde hace un tiempo en un proyecto de investigación multidisciplinario llamado “Who Owns It? Land Claims in Latin America: Their Moral Legitimacy and Implications” (“Quién es el dueño? Reclamos de tierras en América Latina: su legitimidad e implicancias morales”). Si bien la pregunta por la tierra y los recursos naturales en nuestro continente está súper explorada desde el punto de vista de ciencias sociales como la economía, sociología, antropología, historia y ciencias políticas, la filosofía moral y, más precisamente, la ética aplicada, no le han prestado especial atención al asunto. El resultado es que muchas veces las distintas posturas terminan por enfrentarse en un diálogo de sordos, donde se parte de supuestos radicalmente distintos y se llega por ende a punto muerto.

La hipótesis inicial del proyecto era, en vistas de eso, separar los diferentes tipos de reclamos territoriales en Latinoamérica en tres grupos principales: aquellos originados por algún daño o injusticia pasada o presente contra el grupo demandante; aquellos basados en razones de asistencia o beneficencia debida al grupo demandante; y aquellos basados en el hecho de que ciertas personas o agentes se beneficiaron (o se siguen beneficiando) de las injusticias cometidas por terceros contra el grupo demandante. Así, por ejemplo, en el primer grupo pensábamos que cabían ante todo las demandas indígenas por territorios ancestrales, usurpados a través de siglos de violencia o a través de prácticas legales, pero escasamente legítimas. En el segundo grupo parecían calzar bien demandas como las del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil: campesinos pidiendo la redistribución de tierras agrícolas pero improductivas para cultivarlas y lograr la autosuficiencia económica. En cuanto al último grupo, de aquellos afectados por otros beneficiados injustamente a costa suya, cabían también las comunidades indígenas y los campesinos sin tierra, pero esta vez haciendo sus reclamos contra los descendientes de los usurpadores o de quienes recibieron del Estado – gracias a dudosos métodos – tierras indebidamente expropiadas, etc.

No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que el marco teórico elegido para ordenar los casos reales comenzara a incomodarme, sobre todo al aplicarlo al primer y tercer tipo de reclamos. Y tras leer Land, Conflict and Justice (Tierra, Conflicto y Justicia) de Avery Kolers, y Territorios de Diferencia, del antropólogo colombiano Arturo Escobar, empecé a entender por qué. Nuestro propio proyecto se convirtió así en una ilustración de los desafíos a los que se enfrenta cualquiera que intente dar cuenta de los conflictos territoriales en nuestro continente.

Cuando se parte con la pregunta “¿quién es dueño de la tierra?”, se está dando por hecho que la tierra es un objeto apropiable como una mesa, un edificio, un auto, un televisor. Y se está dando por hecho también que hay una manera legítima de hacerse de esa propiedad, ya sea por medio de un proceso de compraventa, por una historia de ocupación y trabajo en ella, o de alguna otra forma. En breve, se parte de lo que Kolers denomina “la etnogeografía anglo-estadounidense” basada en principios lockeanos. Bajo esta mirada, la tierra en sí misma, pero también todos los otros recursos naturales son apropiables y transables a precio de mercado. Y esto enhorabuena, ya que así se permite su explotación productiva y con ello el progreso de la sociedad y el mejoramiento en la calidad de vida.

Dicho esto, el problema de aplicar la pregunta inicial y el marco teórico elegido a los reclamos territoriales en Latinoamérica es evidente: se asume que las partes en conflicto tienen al menos algo en común, y esto es que coinciden en los principios básicos de la etnogeografía anglo-estadounidense (como la llama Kolers), o la ontología colonialista occidental (como la llama Escobar); o sea, la concepción standard de propiedad diseminada por el mundo entero a través de los conquistadores y colonizadores europeos. O sea, se asume que las partes coinciden en que alguien es el legítimo dueño de la hectárea en disputa, y el conflicto está en decidir quién. La injusticia, entonces, es de primer orden: ambos bandos comparten la definición de lo que es justo y pelean por rectificar alguna injusticia pasada o presente. Partiendo de esta base es que la mayoría de los Estados latinoamericanos han enfocado hasta ahora el “problema indígena” y han fracasado. Pues ni modo, como diría el Chavo del Ocho: se cree que saneando las tierras (nótese el lenguaje usado, ¡como si las tierras sin dueño legal estuvieran enfermas!) todos quedarán contentos. Y se ignora que la injusticia aquí no consiste meramente en la carencia de un título legal, sino en la imposición antes y ahora de un solo modelo para comprender cómo se debe habitar la tierra y relacionarse con ella. La injusticia es así epistémica o de segundo orden: es imponer una definición de lo que es justo sin diálogo ni negociación de por medio. Es descartar otras etnogeografías, otras ontologías, antes de siquiera darles una chance.

Claro está, aquí dirán los que defienden una sola mirada para ordenar el territorio que la alternativa sería caos, desorden absoluto, anarquía. ¿Cómo hacer convivir en un mismo país y bajo las mismas leyes comprensiones distintas de la tierra que llevarán inevitablemente a manejos contradictorios de ella? ¿Cómo poner orden en un mundo global donde diferentes grupos no comparten necesariamente los principios fundamentales sobre los cuales debieran trazarse las cartografías (trazado de cartografías: otra obsesión occidental)?

La respuesta no es fácil, pero ignorar su complejidad pasando por alto las distintas miradas no mejora las cosas, sino al contrario. En parte, la pregunta “¿quién es dueño de la tierra?” sí apunta a un grupo de conflictos donde el Estado y los demandantes comparten una etnogeografía u ontología. Es el caso por ejemplo de la lucha por la reforma agraria, para traspasar por fin las tierras productivas de latifundios subexplotados a campesinos emprendedores que mezclarán su trabajo con ella al mejor estilo de Locke. O el de quienes simplemente quieren que su ocupación nunca legalizada quede por fin reconocida en el Conservador de Bienes Raíces. Incluso cuando se comparte una etnogeografía u ontología, sin embargo, no hay garantías de que no surjan visiones contradictorias, por ejemplo, acerca del mejor ordenamiento territorial para un área determinada. Peor todavía, cuando ni siquiera se comparte ese suelo común, suponer que la reparación de la injusticia consiste simplemente en traspasarles una parcela cercada a personas individuales y lavarse las manos como si aquí no hubiera pasado nada es pecar de falsa ingenuidad.

Sin darse antes el trabajo de evaluar las diferentes concepciones acerca de lo que la tierra y los recursos naturales significan para diferentes culturas, y lo que esto implica para el ordenamiento del territorio, lo que se alcanzará serán en el mejor de los casos soluciones cosméticas, nunca estructurales. Baste recordar, a modo de ejemplo, el caso de las familias pehuenches cuyas tierras fueron inundadas por la central hidroeléctrica Ralco en los años noventa. Varias de ellas optaron entonces por permutar sus tierras y reubicarse en el fundo El Barco, donde adquirieron predios mucho más extensos que supuestamente las ayudarían a mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza (al final no fue así, pero eso sería material de otra columna). Otras, sin embargo, se negaron a negociar lo que consideraban no negociable. Fue el caso de las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, que sólo en 2003 llegaron a un acuerdo con Endesa – “acuerdo” que olió más a imposición ante lo inevitable que a una decisión libremente elegida.

“¿Es la tierra apropiable?” o “¿Podemos apropiar la tierra?” son entonces mejores puntos de partida si lo que se quiere es clasificar y ordenar el complejo panorama de demandas territoriales en Latinoamérica.

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NB: Desde diciembre a febrero, El Ojo Parcial se darå una pausa. En marzo vuelven las columnas…

La Ley Finnmark, Patagonia Sin Represas y la redemocratización de los recursos naturales

Finnmark es el nombre de una región en el extremo noreste de Noruega que ocupa un área equivalente a las regiones de Los Lagos o Tarapacá. Es un lugar de extremos, donde el sol brilla a medianoche en verano y se esconde de noviembre a enero, en los meses más crudos del invierno. Es el hogar de 200,000 renos, unos pocos lobos y la aurora boreal – ese espectáculo celeste que atrae a miles de turistas cada año. Es también donde los nativos Sami han vivido por miles de años como pastores nómades, pescadores y cazadores. 40.000 en toda Noruega, la mitad de los Sami viven en Finnmark, donde representan un cuarto de la población.

 Aunque también los hay en Suecia, Finlandia y Rusia, los Sami noruegos son quizás los mejor conocidos, por la especial relación que han logrado forjar con el Estado noruego y su gente. Aunque sin poder legislativo, la creación del Parlamento Sami en 1987 les dio una oportunidad para ser oídxs en la arena política, luego de décadas de relativo abandono. Su reconocimiento en la Constitución en 1988 fue un paso para preservar su cultura, idioma y tradiciones. Pero fue la ratificación de la Ley Finnmark, en 2005, la que marcó un salto cualitativo en término de poder político. ¿Qué es esta ley, cómo se forjó y cómo se relaciona con una Patagonia sin Represas?

La primera en su tipo en el mundo, la Ley Finnmark transfirió el 95 por ciento de esta región desde el Estado noruego a sus habitantes, representados por una agencia a cargo de administrar el uso del agua y la tierra. Compuesta de seis miembros, tres son elegidos por el Parlamento Sami, y tres por el Consejo del Condado de Finnmark (donde hay Samis y no Samis). El líder del directorio es elegido de manera alternada por ambos organismos.

Lo que hace única a la Ley Finnmark es que propone un nuevo camino para la administración de la tierra y los recursos naturales dentro de los Estados, abriendo una tercera categoría entre lo privado y lo público: esto es, lo localmente controlado. Aunque inspirada en gran medida por la necesidad de reconocer las actividades económicas tradicionales de los Sami y su concepto de tenencia de la tierra (donde la propiedad privada está fuera de su mapa conceptual), esta ley debe ser vista ante todo como un instrumento legal que da especial reconocimiento a las demandas territoriales de quienes han transformado su entorno y se han dejado transformar por él – más allá de si son indígenas o no. Claro está que la ley admite mejoras. Dos puntos polémicos son que sólo incluye los recursos renovables – dejando fuera el petróleo y los minerales –, y excluye los derechos de pesca en aguas marinas, seguramente una concesión a la poderosa industria pesquera. Éstos, sin embargo, no están fuera de la discusión, y la posibilidad de que se integren en el futuro no está completamente cerrada.

¿Cómo se forjó la Ley Finnmark? Mi interpretación favorita es que fue el producto final y no intencionado de un largo movimiento de reivindicación de los derechos Sami y, más profundamente, de los derechos de las comunidades locales a tener control real – y no meramente voz – sobre las decisiones que los afectan directamente. Este movimiento fue gatillado por lo que se conoce como la controversia de Alta, un proyecto para construir una represa en el río Alta, en Finnmark, a fines de los ’70. El plan inicial fue rechazado porque implicaba inundar un pequeño pueblo Sami y afectaba sus actividades de pastoreo de renos y pesca de salmón. Unidos a grupos ambientalistas, los Sami presentaron demandas judiciales, organizaron protestas y huelgas de hambre y participaron en actos de desobediencia civil, encadenándose frente al sitio de construcción. La batalla, sin embargo, se perdió, cuando en 1982 la Corte Suprema le dio la razón al gobierno noruego, y la represa fue finalmente construida.

Lo que parece una derrota a primera vista, sin embargo, fue un cimiento para la organización de los Sami como grupo y para su aparición en la agenda política. Pero no sólo eso. Hizo que el gobierno noruego y su gente se abrieran a la posibilidad de que personas con diferentes concepciones de la tierra, el territorio y la propiedad pueden convivir en un mismo país, incluso si esa coexistencia requiere negociaciones por ambos lados y paciencia para el diálogo.

¿Qué tiene que ver esto con la actual oposición al proyecto Hidroaysén en la Patagonia chilena y, más en general, con la oposición al modus operandi habitual del Estado chileno cuando evalúa proyectos de este tipo? Más de lo que aparece a primera vista.

 Quienes conocen nuestra historia de controversias ambientales seguramente señalarán aquí que el punto de comparación obvia con Alta es la oposición de los Pehuenche a la central Ralco (también de Endesa, una de las dos compañías detrás de Hidroaysén). Este proyecto hidroeléctrico fue aprobado en 1998, luego de años de oposición de ambientalistas y comunidades indígenas del Alto Bío-Bío, forzadas a desplazarse. En vez de marcar un antes y después, sin embargo, lxs que se opusieron a Ralco permanecieron ignoradxs por el Estado chileno. Para colmo de males, un Museo Pehuenche fue construido en los alrededores, convirtiendo a la cultura viva que acababa de ser hundida en un ítem histórico.

Es cierto que la controversia de Ralco sirvió tanto a ambientalistas como a grupos indígenas a organizarse, levantar una sola voz y captar la atención de los medios. Pero no sirvió para cambiar los métodos jerárquicos y centralizados del Estado chileno al evaluar megaproyectos que amenazan tener un profundo impacto a corto y largo plazo en las poblaciones locales y el medio ambiente. Usando ese mismo enfoque se aprobó la planta de celulosa Celco en Valdivia, que provocó la muerte (como era predecible) de más de dos mil cisnes de cuello negro; y también Pascua Lama, a pesar de la amenaza de contaminación y escasez de agua para los agricultores del valle del Huasco. Con ese mismo enfoque también se aprobaron las cinco represas del proyecto Hidroaysén, en 2011, generando protestas masivas en la región y en todo Chile. Está por verse lo que sucederá con la segunda parte del proyecto: la línea de transmisión de más de dos mil kilómetros.

Dada la creciente presión sobre recursos naturales cada vez más escasos, las decisiones sobre cómo administrarlos serán cada vez más disputadas. En países ricos en dichos recursos, como Chile y Noruega, esto debería llevar a la decentralización de los procesos de toma de decisión y a una real democratización, donde no sólo participen los sospechosos de siempre. En este sentido, mientras los efectos prácticos de la Ley Finnmark aún están por verse, el ejemplo que pone – donde la comunidades locales tienen mayor poder sobre las decisiones que las afectan – debería ser una inspiración para quienes se oponen a que el Sur (esto es, la Patagonia) se convierta en el motor del Norte (esto es, la poderosa industria minera).

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Marcando y desmarcando territorios

La demarcación de territorio es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Cuando el hijo adolescente da un portazo y le pone llave a su pieza para que nadie se meta, está marcando territorio. Cuando en la micro el compañero de asiento abre rodillas y codos y mira con cara de odio si uno lo roza sin querer, está marcando territorio. Cuando en el evento social la señora le toma el brazo al marido, al pillarlo muy interesado conversando con alguna señorita, está marcando territorio. marcando territorio

En zoología, este concepto está bien estudiado y documentado. El territorio es, en términos generales, el área que un grupo de individuos de la misma especie ocupa y defiende de otros individuos o grupos. Es en el territorio donde encuentran su alimento, se reproducen y se cobijan. Paradójicamente, a pesar de lo fundamental de este concepto en la vida animal y, por ende, humana, poco o nada se lo estudia en filosofía moral y política. En la primera, el espacio geográfico que el individuo habita casi no es tema, sobre todo si se miran teorías tradicionales como la ética de la virtud, el utilitarismo y la deontología. En la segunda, los derechos territoriales sí se estudian de manera sistemática, pero partiendo casi siempre del status quo sin cuestionárselo, e intentando entonces darle una justificación. El status quo es, en este caso, que son los estados los agentes relevantes que poseen derechos territoriales, en representación de las personas que los constituyen. El status quo es también que los estados ocupan casi la totalidad de la superficie terrestre – con excepción de la Antártica y de las aguas internacionales. Luego la pregunta es si se puede dar una justificación moral al derecho de los estados a imponer la ley dentro de sus fronteras ya trazadas. Si la respuesta es positiva, se justifica también que dicho estado controle quién entra y sale y controle además el uso de la tierra y de los recursos naturales, renovables y no renovables, bajo su jurisdicción. Es en este último punto que quiero detenerme, y sugerir que no es obvio ni suficiente derivar del derecho de jurisdicción el derecho al uso y control de la tierra y los recursos naturales en las vastas extensiones que los estados ocupan en la actualidad.

Aunque pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí me referiré a dos tipos de teorías, las funcionalistas y las que llamaré “de conexión”. Para lxs partidarixs del funcionalismo, la justificación moral de que el estado tenga el legítimo monopolio de la fuerza física sobre un área geográfica (como lo diría Weber) es que éste cumpla una o más funciones consideradas esenciales: administrar justicia en dicho territorio, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanxs, etc. Para los teóricos de “conexión”, en tanto, la justificación moral del derecho de jurisdicción del estado se deriva del consentimiento (tácito o expreso) de quienes lo habitan. Individuos, naciones o gentes que viven en un área determinada la transforman material y simbólicamente con el paso del tiempo. Al elegir al estado como su representante, estos individuos o grupos ceden sus derechos “pre-civiles” y, junto con ello, ponen su propiedad al alero de aquél. Mientras se sientan legítimamente representados por el estado, entonces, tendrá éste derecho de jurisdicción sobre aquéllos.

No puedo desarrollar estas posiciones ni sus debilidades in extenso aquí, pero baste para mi objetivo decir que, una vez justificado el derecho de jurisdicción, el paso próximo es justificar el derecho al control y uso de la tierra y los recursos naturales en dicho territorio, como si éste fuera una extensión lógica de aquél. Si se examina el argumento esgrimido por cada bando, sin embargo, queda en evidencia que el primero no lleva necesariamente al segundo y que, si lo hace, lo hace de manera mucho más indeterminada o limitada.

Por un lado, si la legitimidad moral del estado depende de su performance, esto poco o nada dice sobre qué pedazo de tierra y de recursos naturales puede éste ejercer un control legítimo. Desde la mirada funcionalista, entonces, el área geográfica que el estado ocupa y controla queda indeterminada. Claro está que se pueden dar razones instrumentales de por qué los estados controlan extensiones mucho mayores que las que sus habitantes efectivamente ocupan: seguridad estratégica, alimentaria, económica, para las generaciones futuras… Pero si se opta por esta vía, sigue siendo arbitrario el cuánto y el dónde.

Por otro lado, si se mide la legitimidad del estado por ser el representante de quienes viven en un área determinada, es mucho más claro el vínculo entre aquél y el territorio que efectivamente ocupa. Hay, al fin, una conexión entre la tierra y sus habitantes, y éstos y el estado. Como lo ha apuntado ya A. John Simmons, sin embargo,  el problema es que este argumento justifica un control mucho más limitado que el que actualmente ejercen los estados, sobre áreas muchísimo más vastas que las que sus ciudadanxs habitan o “transforman”.

Otras tres razones que tanto funcionalistas como “conectivistas” pueden esgrimir aquí son las siguientes: que la tierra y los recursos naturales son mejor administrados por los estados que si quedan en calidad de res communis, como propiedad de nadie y de todos (véase la sobrepesca y contaminación de las aguas internacionales como botón de ejemplo); que no hay otras alternativas viables para el uso y control de estos recursos; y que, por último, hay que resignarse a la arbitrariedad y muchas veces injusticia del actual reparto territorial. Respecto a lo primero, los contraejemplos son tan numerosos que dejo al lector que elija el que más le guste, pero le doy un par de sugerencias: Paraguay y el Chaco, Kenia y los elefantes, Arabia Saudita y sus reservas de agua subterránea. Respecto a lo segundo, si no es la filosofía política quien propone ideales (que no es lo mismo que utopías) hacia los cuales deberíamos avanzar, entonces ¿quién lo hará? En este sentido, repensar el monopolio de los estados como actores del derecho internacional y plantearse la posibilidad de modelos alternativos es casi un deber. Por último, reconocer que el presente status quo es injusto y darlo por hecho es Realpolitik, pero entonces hay que hacerla explícita y no disfrazarla de nobles intenciones.

En un mundo como el nuestro, donde la población humana va in crescendo y las necesidades básicas y no tan básicas crean como nunca presión sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, tener claridad sobre cuáles demandas territoriales son legítimas y cuáles no lo son es urgente. Partir evaluando las del estado mismo y seguir con las de lxs diversos agentes – pueblos indígenas, campesinxs sin tierra, conservacionistas, agroindustriales, etc. – es una tarea por hacerse.

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Lo que es propio no se ocupa

Como periodista, si hay algo que me produce irritación –aunque intento disimularla– es cuando alguien me viene con una noticia fresca que supone que yo ya debería saber… y no es el caso. Me acaba de pasar con un amigo arqueólogo que me manda un mail indignado, diciéndome que no puede creer lo que está haciendo el Estado chileno en Rapa Nui; que ya la época de las colonizaciones se quedó en el pasado, pero aquí seguimos comportándonos cual Cabezas de Vacas o Cortezes; y, lo peor de todo, ignoramos que la opinión internacional está cerrada en nuestra contra, y tiene más claro que los propios chilenos que las demandas pascuenses son justas. Desde la distancia, respondo a todo que sí, apresuradamente, para entonces googlear qué motivó la indignación de mi amigo. Algo había oído de la “ocupación” por algunos clanes de ciertos edificios fiscales, y del emblemático hotel Hanga Roa, recién remodelado y en el ojo de la polémica. ¿Pero qué me encuentro? Dos cosas, básicamente.

Primero, aunque no he hecho el catastro, de buenas a primeras me atrevería a afirmar que hay más medios extranjeros preocupados de la noticia que los propios chilenos. En las páginas webs de los medios nacionales, casi por regla, debo sortear el fútbol, la Teletón, Rocío Marengo y –cómo no– Wikileaks (heroico, Julian Assange, entre paréntesis, pero esto lo dejo para otra vez) antes de llegar a un breve sobre el violento enfrentamiento que tuvo lugar a comienzos de diciembre, y donde isleños y carabineros salieron heridos. Isla de Pascua es territorio chileno y sus noticias son noticias para Chile, pero el tema ocupa mínima cobertura en proporción a lo grave de lo ocurrido. No todos los días Carabineros obligan a desalojar a un grupo de civiles disparando perdigones que dejan graves a dos personas y heridas a varias más. Los machetes y bombas Molotov que supuestamente estaban en poder de los pascuenses no se han visto aún, aunque ésa fue la justificación dada para actuar así. Si un hecho la mitad de serio hubiera ocurrido en la capital, nos habrían tenido de Arica a Punta Arenas con despachos en directo interminables. Pero esto es Isla de Pascua, a seis horas en avión…

Segundo, me sorprende el vocabulario usado todo a lo largo de la noticia. Los isleños se “tomaron” algunos edificios fiscales, “ocuparon” el hotel, etc. Ahora bien, o yo estaba pajareando en las clases de historia en el colegio, o me pareció escucharle al profesor que los Rapa Nui eran los habitantes originarios de la isla y poseían la tierra colectivamente, hasta que el Estado chileno se la anexó… y no al revés. Concordarán conmigo los que sean propietarios de algo, que un legítimo dueño no anda “ocupando” sus tierras ni “tomándose” su casa, por la simple razón de que éstas ya son suyas. Éste es el caso hoy en Isla de Pascua y quienes quieren hablar del problema deberían partir usando las palabras apropiadas. En cuanto a que su actuar ha sido “ilegal”, esto merece atención más detenida: si la ley es injusta o ilegítima, bien puede darse una situación donde sea necesario ir contra ella para enmendarla y corregirla. La desobediencia civil es un recurso válido cuando otras vías no han dado frutos.

 

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26/09/10 Bicenteañeros

Pasada la resaca del gran feriado y aprovechando el sentido de lucidez propio de los “after-parties”, creo que es tiempo de que los chilenos miremos a nuestros vecinos con ojos desinteresados, nos miremos luego a nosotros mismos en el espejo y admitamos –¡de una vez por todas!– que somos mucho más parecidos a ellos que lo que jamás hemos estado dispuestos a admitir.
Un gato a los dos años de vida se comporta como un ser humano a los 20. O sea, insoportable. No sabe por dónde sacar la energía, no se aburre de competir con el otro, quiere toda la atención. No sé cuántos años tenga que cumplir una nación para llegar a ese estado de ánimo, pero algo me hace sospechar que alrededor de 200. América Latina se mueve hoy como un continente veinteañero, y Chile no es la excepción. Ante el primer llamado a la sensatez, vienen las exclamaciones indignadas. A las alertas más inminentes les hacemos el más absoluto desaire. No queremos que nadie nos venga a decir cómo hacer las cosas, al punto que uno llega a creer la teoría de que entes incorpóreos, como los son los estados nacionales, se comportan de la misma manera que los de carne y hueso; o sea, están destinados a revivir y reincidir en los mismos errores que sus pares. Aprender de la experiencia ajena no sirve.
Con esto en mente, pienso en los 34 comuneros mapuches en huelga de hambre desde el 12 de julio pasado. Y no puedo evitar asociarlos con la historia de los indígenas muertos el año pasado en la Amazonía peruana, o con los tzotziles y otros grupos mayas que aún no pierden las esperanzas de autogobernarse en Chiapas. Es obvio –con tan sólo levantar un poco la vista– que demandas similares a las de los mapuches se repiten no sólo en Perú y en México, sino todo a lo largo de nuestro continente. Son gritos ya cansados, que en muchos casos llevan décadas tratando de hacerse oír. La famosa “deuda histórica” con los pueblos nativos, y no la deuda externa tan bullada, parece ser el verdadero drama de América Latina.
Lo más serio es que, en el caso de las injusticias arrastradas desde el pasado, el tiempo sólo sirve para ahondar el resentimiento de las víctimas y de sus descendientes en inversa proporción a como se diluyen las esperanzas de alcanzar un arreglo. Fulano era el dueño de la tierra, y él garabateó esa “x” en aquel contrato fraudulento mediante el cual lo despojaron de ella. Pero ahora Fulano ya no existe, y es Fulano Jr. quien reclama lo que fue del abuelo. El problema es que el abuelo nunca fue al conservador de bienes raíces, porque no existía y la “propiedad” se entendía de otra manera. Para peor, Junior nació en la ciudad y no tiene dotes agrícolas. Et cétera y a esto añádanse los despojos por la fuerza, los cambios de legislación por decreto y las expropiaciones sin derecho a voz ni voto.
Quizás en algo ayudaría ver la crisis mapuche como lo que es, una que hace eco entre nuestros vecinos y en la cual hay que tomar cartas en el asunto ya: antes de las consecuencias fatales, antes de que nos miremos al espejo y nos descubramos como displicentes bicenteañeros.

Esta columna también puede verse en El Magallanes.