Aún no se enfrían los ánimos por la aprobación de la controvertida ley de pesca, que renueva por 20 años el control del mar chileno por un puñado oligopólico de empresas, cuando aparece amenazante el proyecto de ley para extender con mínimas modificaciones, también por 20 años, la vigencia del Decreto Ley 701 de “Fomento Forestal”. De aprobarse, advierte la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), el Estado seguirá beneficiando a básicamente tres grandes empresas forestales (Arauco, CMPC y Masisa) en desmedro de lxs pequeñxs y medianxs propietarixs. Además, desde su promulgación en 1974, este decreto ley ha sido clave en la transformación del paisaje del centro y sur de Chile, y todo indica que esta transformación no hará sino profundizarse de aprobarse su extensión.
No hay que ser excesivamente observador para darse cuenta de la monotonía de pinos radiata y eucaliptus globulus en que se han ido transformando las regiones VI a las X bajo la actual ley. Donde antes había bosque nativo, ahora las plantaciones de madera para la obtención de celulosa son la norma. Están bien documentados los males ambientales que estas especies exóticas de rápido crecimiento dejan tras su tala: suelos erosionados y desertificación, pérdida de biodiversidad, napas sedientas, ríos y vertientes alterados en su curso. Los incentivos económicos son tales, sin embargo, que la expansión de los monocultivos no promete detenerse. En Chiloé, por ejemplo, hace una década unas tímidas plantaciones de eucaliptus asomaban a la entrada norte de la isla, tras cruzar el canal de Chacao. Hoy estos árboles nativos australianos – tan inflamables como sedientos – pueden verse todo a lo largo de la carretera hasta llegar a Castro, al corazón de la isla, y todo indica que seguirán hacia el sur. Quizás en 2033 haya que ir al Parque Nacional Chiloé o al Parque Privado Tantauco para ver los nativos mañíos, ulmos y arrayanes. ¿No sería al menos curioso que el actual Presidente del la República diera su apoyo a una ley para incentivar la tala de esas mismas especies que dice proteger en su predio, que lleva por slogan “el lado salvaje de Chiloé”?
Uno de los argumentos esgrimidos para extender el D.L 701, denuncia la AIFBN, es que supuestamente promoverá la recuperación de los suelos erosionados. En los casi 40 años de vigencia de la ley, sin embargo, la tendencia ha sido sustituir el bosque nativo por plantaciones exóticas, lo que va directamente en contra del objetivo propuesto. Nada indica que en los próximos 20 años de vigencia de la ley esta tendencia cambiaría.
En cuanto a los costos sociales y económicos de extender el D.L 701, la AIFBN advierte también que en nada beneficiaría la economía rural local. Al contrario, se seguiría subsidiando a los más grandes en desmedro de lxs pequeñxs y medianxs empresarixs forestales que aún sobreviven. Las comunidades rurales en las zonas de monocultivo forestal son hoy unas de las más pobres del país y la subcontratación de trabajadorxs es el modus operandi predominante. En el caso específico de las comunidades indígenas, existe preocupación pues no ha existido un debido proceso de consulta, acorde a lo exigido por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, vigente en Chile desde 2009.
Durante enero, 23 organizaciones ciudadanas enviaron a la Cámara de Diputados una carta abierta pidiendo rechazar la prolongación de esta ley y encomiándolos a elaborar una nueva ley forestal, que no sólo restablezca el balance social y económico entre los actores del rubro, sino también se enfoque por fin en el manejo sustentable de nuestros bosques, entregue subsidios directos sólo a los pequeñxs y medianxs empresarios e incentive a las grandes empresas a pagar sus impuestos territoriales a nivel local. La misma AIFBN ha propuesto los principales lineamientos que debería incluir dicha iniciativa. Tras pasar de la Comisión de Hacienda a la “sala” el pasado 13 de marzo, lo próximo es ver si lxs diputadxs resolverán legislar o no sobre el proyecto. En año de elecciones, bien harían en lavarse los oídos y atender a las legítimas demandas de quienes se verían directamente afectados de aprobarse.
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