Una nueva era antártica

Hoy domingo 6 de noviembre se celebra el día de la Antártica chilena. Y este año el regalo recibido es particularmente importante: la designación de 1,57 millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross como Área Marina Protegida (AMP), ahora la reserva más grande del mundo en tierra y mar.

Después de años de persistente muñequeo diplomático acompañado de poderosos argumentos científicos y técnicos, el pasado 28 de octubre los 24 estados miembros de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) –entre los cuales está nuestro país – más la Unión Europea, aprobaron la creación de este parque marino cuya superficie equivale aproximadamente a dos Chiles continentales. Se trató de un logro sorpresivo, considerando que por años Rusia y China se habían opuesto a la idea. En la práctica, esto significa que en los próximos 35 años este ecosistema (uno de los más prístinos que van quedando en el planeta) estará reservado a la investigación científica, destinado a la conservación y cerrado casi totalmente a la pesca industrial de krill y bacalao de profundidad.

Pero, dirán los escépticos, ¿qué tiene que ver esto con el día de la Antártica chilena, si el Mar de Ross queda al otro lado de nuestra reclamación territorial? ¿Por qué vamos a celebrar la creación de una reserva marina antártica en un área donde no hay presencia chilena ni probablemente la habrá? ¿Qué puede importarnos y en que podría afectarnos lo que pase allí, en otro extremo del Continente Blanco?

Hay al menos tres razones por las cuales hoy, en el día de la Antártica chilena, debemos celebrar junto a la CCRVMA el nuevo status del Mar de Ross.

En primer lugar, esta decisión marca el comienzo de una nueva era en la política antártica internacional. Hoy los países con intereses antárticos manifiestan a través de este acto que las pretensiones soberanas no sólo se refieren a ejercer derechos, sino también (y quizás sobre todo) a cumplir con ciertos deberes. En este caso, el deber es mantener la Antártica como un continente de paz, reservado a la protección del medio ambiente y a la cooperación e investigación científica, convirtiendo en letra viva los objetivos estipulados en el Protocolo de Madrid hace 25 años. La vocación antártica hoy ya no es aquella con aire imperialista que rigió la mayor parte del siglo XX, cuando los contrincantes clavaban banderas en medio del hielo y efectuaban actos de ocupación apenas presenciados por la colonia de pingüinos más cercana, con la esperanza de declararse dueños del territorio para luego explotarlo económicamente. La vocación antártica hoy, al contrario, está en conocer y proteger lo que se cree y quiere como propio. Si se atiende al contexto mundial, marcado por el aumento de la población humana y por su impacto en el medio ambiente, éste es un giro necesario y bienvenido, sobre todo para quienes creemos que el destino de las generaciones futuras sí debe importarnos y que para ellas nuestro actual manejo de la Antártica será definitorio.

indiceEn segundo lugar, como chilenos debemos celebrar esta decisión, porque refuerza la legitimidad del Sistema del Tratado Antártico (STA), en el que Chile ha jugado desde su gestación un rol protagónico. Está claro que el régimen de “quien llega, lleva” (más elegantemente conocido como res nullius) funciona desastrosamente en un mundo con cada vez más consumidores bajo un sistema económico basado en una idea de crecimiento lineal e infinito. Por suerte, al alero de este bicho raro pero eficiente del derecho internacional que es el STA, la Antártica es hoy “administrada” por un consorcio creciente de países que libremente se involucran en la toma de decisiones. Tras partir con 12 signatarios del Tratado de Washington en 1959, hoy el Tratado Antártico cuenta con 53 miembros, 24 con derecho a voz, y 29 con derecho a voz y voto. Ellos representan un tercio del total de países del mundo y más de la mitad de la población. En este escenario, por su privilegiada cercanía geográfica a la Península Antártica y su privilegiado know-how logístico en el continente blanco, Chile a través de su Dirección Antártica debe continuar siendo un actor clave dentro de este sistema. Esto lo logrará cumpliendo un rol propositivo y liderando en los nuevos pasos que se den en lo que a protección del medio ambiente antártico se refiere.

Por último, la creación de esta AMP será un acicate para nuestra propia ciencia antártica. Con 1.900 millones de pesos invertidos en la Expedición Científica Antártica pasada, el Programa Nacional de Ciencia Antártica del INACH no es el más rico del mundo, pero sí uno de los más eficientes y productivos; un best value que esta temporada contará con 91 proyectos de 31 universidades e institutos del país. Así como hoy los ojos de la prensa mundial están puestos sobre el Mar de Ross, mañana quizás lo estén sobre las aguas que rodean la Península Antártica, donde se concentra la mayor parte de la actividad científica chilena. A medida que sepamos más sobre los ecosistemas marinos y su funcionamiento en esta zona, es probable que tengamos evidencia suficiente para proponer la protección de nuevas AMPs aquí también, impulsando así aún más la investigación científica y creando un círculo virtuoso.

Proteger para conocer y conocer para proteger: ese debería ser nuestro compromiso en este día de la Antártica chilena, y nuestra manera de celebrar el inicio de esta nueva antártica: una era de soberanía entendida como custodia responsable.

Esta columna también puede leerse en El Mostrador

Los primeros auxilios del pensar

Hace un tiempo me referí en una columna a lo que me parecían que eran contenidos fundamentales que incluir en el currículum escolar; un currículum que suele pecar de exceso de teoría y dato inútil en desmedro del conocimiento práctico y de uso diario. Entre las materias que tenía en mente estaban cocina y gasfitería básica, alfabetización financiera y, cómo no, primeros auxilios.

En esta columna, al contrario, abogaré por la no desaparición de una asignatura que hoy corre el riesgo de ser absorbida dentro de otra, y pasar quizás de ser obligatoria a electiva. Pero abogaré también por darle un giro a sus contenidos. Se trata de filosofía, que en el nuevo proyecto del Ministerio de Educación pretende enseñarse al alero de un nuevo ramo llamado Formación Ciudadana. Los promotores de la idea dicen que no desaparecerá filosofía del currículum; al contrario, ésta ahora será enseñada a todos, no importa si estudiantes de liceo científico-humanista, técnico o artístico. Pero, me pregunto yo, ¿por qué no agregar filosofía por sí sola a los planes curriculares que hoy no los tienen, en lugar de subsumirla bajo otra cosa en aras de la democratización educacional?

El debate ya se ha armado en los medios y en las redes sociales, y no es necesario volver a repetir los sensatos argumentos que se dan para mantener esta disciplina: necesitamos ciudadanos que sepan argumentar, necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico, necesitamos ciudadanos reflexivos. Si se ve el nivel de argumentación, pensamiento crítico y reflexión promedio en quienes tuvimos filosofía como asignatura obligada, cabe preguntarse sin embargo si la enseñanza de filosofía en el colegio sirvió de algo. Pocos son los que están entrenados para escuchar a un político o leer una columna de opinión e ir detectando las premisas explícitas e implícitas, las conclusiones, el adorno retórico y las falacias que se cuelan por las rendijas de los discursos. A muchos les enseñaron lo que pensaban Sócrates, Aristóteles, Descartes y Nietzsche, pero no les preguntaron qué opinaban de ello, si les hacía sentido lo que decían estos “próceres” del pensamiento, o qué problemas les veían al curso de sus argumentos. En mi caso, tuve la suerte de tener a un profesor que sí motivó esas preguntas y si nos acicateó a bajar a los Grandes de sus pedestales y batírnoslas con ellos de igual a igual. Así, me parece, es como debiera enseñarse esta disciplina, y así, me parece, es que debiera volverse obligatoria en todos los colegios y liceos de Chile.

El filósofo español, Ortega y Gasset, decía que las personas debíamos aprender a distinguir entre ideas y creencias. Las primeras, decía Ortega, eran material de juego, los pensamientos que teníamos, tomábamos y dejábamos, que a veces defendíamos y a veces cambiábamos. Las segundas, en cambio, costaba verlas porque “estábamos” en ellas. Su ejemplo era la creencia de que el suelo bajo nuestros pies no nos tragará; que la superficie, bajo condiciones normales, se mantendrá rígida y estable. Sin creencias como ésa no podríamos vivir (imagínese el infierno de dudar a cada paso del próximo paso); y es sobre esas creencias que construimos nuestra realidad.

Una razón suficiente para mantener la filosofía en terceros y cuartos medios es entrenar a los estudiantes para que sean capaces de detenerse y analizar no sólo las ideas que defienden (o vituperan), sino también de identificar las creencias sobre las cuales “están” ellos y los demás. La filosofía, más que entrega de contenidos históricos, es un método para desenrollar nudos conceptuales y poner claridad donde ésta falta. No por nada fue considerada por siglos como la madre de todas las ciencias—los primeros auxilios del pensar, indispensable ingrediente de cualquier reforma educacional que se precie de tal.

Salmonicultura y desarrollo sustentable: Parte II

En una columna anterior, plantée la pregunta de si se puede hablar de salmonicultura y sustentabilidad sin contradicción en los términos, y sugerí que se necesitaba más información antes de dar una respuesta. En lo que sigue, propongo ponerse imaginativos y suponer que, tras realizarse los estudios respectivos se concluye que—tomando una serie de medidas preventivas, paliativas y restaurativas—la salmonicultura sí puede llevarse a cabo sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus necesidades (que es el criterio para definir algo como “sustentable”). La pregunta entonces es si puede hacerse salmonicultura sustentable en Chile. ¿Qué implicaría esto?

Si uno revisa la crisis del virus ISA del 2007, las plagas de piojos de mar que aquejan continuamente a los salmones de criadero, la mortandad “normal” de un 15 por ciento de peces en las jaulas, la abundancia de desechos plásticos regados por la industria en las playas de la X y XI Regiones, y la reciente muerte masiva de miles de peces por culpa de un bloom de algas en Chiloé (cuya causa sería El Niño, pero que bien podría tener la sobre-densidad de los cultivos como factor agravante del problema), queda la sensación de que el currículum ambiental de las empresas salmoneras en Chile no ha sido el mejor—por decirlo diplomáticamente. Queda la sensación, también, de que el trabajo de quienes tienen la misión de velar por el correcto funcionamiento de la industria (esto es, SERNAPESCA) deja también mucho que desear. Con “alumnos” e “inspectores” una y otra vez reprobando el examen, ¿cómo garantizar un desarrollo sustentable de la industria a futuro?

“De la historia pasada no pueden sacarse conclusiones futuras”, se defenderá alguien con razón. El asunto es cómo no repetir los errores y moverse hacia un escenario donde, por un lado, el comportamiento de la industria mejore y, por otro, comience a fiscalizarse en serio. Para que esto suceda, se necesitan al menos tres cosas: promover la investigación científica independiente en torno al tema, aumentar los recursos de SERNAPESCA y modificar el marco regulatorio de la industria.

Partiendo por la investigación científica, hay que conocer mejor los efectos de introducir un depredador exótico y a gran escala en el mar chileno; un depredador que muchas veces termina arrancándose de la jaula e interactuando con peces nativos. Cabe preguntarse también qué efectos producen tanto para el ambiente como para los propios salmones las diferentes densidades en las jaulas (que en algunos centros chilenos han llegado hasta 30 kilos por metro cúbico, aunque hoy la recomendación es de 13); cómo interactúan fenómenos locales naturales (como los bloom de algas) con fenómenos artificiales (la presencia de jaulas salmoneras); los efectos que tiene el uso de antibióticos en salmones, consumidores y otras especies nativas (incluida la humana); y un largo etcétera. Estas investigaciones podrían financiarse con un fondo administrado de manera independiente con aportes de la propia industria—a través de un aporte obligatorio pagable después de cada ciclo productivo, por ejemplo.

En cuanto a la modificación del marco regulatorio, vayan dos ejemplos. Actualmente, las concesiones sólo pueden instalarse en lugares donde no exista un banco natural, es decir, en lugares donde no exista una abundancia de otros productos marinos, como centollas, erizos u ostiones. El detalle es que esto se mide hasta los 30 metros de profundidad. Es decir, si la familia de erizos tuvo la mala suerte de vivir a los 35 metros, pues entonces los buzos de SERNAPESCA reportarán que el lugar en cuestión no es banco natural y podrá instalarse la salmonera… con las consecuencias para las especies nativas que no es difícil imaginar. Un segundo aspecto a repensar es que a las salmoneras se les exige simplemente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), porque se asume que su impacto en el medio es limitado. Esto es problemático sobre todo en zonas de alta densificación de la industria, donde el impacto de una con la del vecino y la de más allá se potencian. Para hacer una analogía, es como si para la instalación de una industria contaminante en la Región Metropolitana se pidiera una DIA en lugar de un EIA, porque su sola contribución a la contaminación del aire es irrelevante (cuando lo que hay que medir en zonas saturadas es el efecto acumulativo de las fuentes emisoras, y no el de cada una por separado).

De los recursos limitados de SERNAPESCA puedo poner como ejemplo a Magallanes, donde las utilidades de la industria llegaron a 180 millones de dólares en 2015, con poco más de 30 centros funcionando, mientras el presupuesto anual de SERNAPESCA no alcanzó los 90 millones de pesos para fiscalización (esto es, poco más de 130 mil dólares). Sin contar con lancha ni robot submarino, la entidad fiscal debe arrendar una lancha para cada fiscalización que realiza, o (menos frecuentemente) enviar a sus fiscalizadores en las mismas embarcaciones de las empresas salmoneras. Con ocho fiscalizadores en toda la región, en 2015 se visitó cada centro un promedio de tres veces. Y nótese que, para los que lo consideren poco, ¡los salmoneros en Magallanes se precian (o lamentan) de ser los más fiscalizados de Chile!

Cuando nuevas solicitudes para concesiones comienzan a apilarse en la Araucanía y Magallanes (hasta 2020 existe una moratoria en las regiones X y XI), es imperioso que los ciudadanos nos informemos y discutamos el lugar que queremos dar a la salmonicultura en el desarrollo productivo del país. Si bien cabe la posibilidad de que esta actividad se ejerza sin producir daños irreparables en el medio ambiente, se necesita más información antes de convertir nuestra región en un nuevo centro salmonicultor. Y, ante todo, se necesita voluntad política y recursos para quienes tienen la misión de garantizar su sustentabilidad.

Las dos partes de esta columna pueden leerse juntas en El Mostrador

Salmonicultura y desarrollo sustentable: Parte I

La definición canónica de desarrollo sustentable proviene del Informe Brundtland (1987), preparado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en 1983. Allí, el desarrollo sustentable se entiende como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

En lo que sigue me gustaría examinar el panorama de la industria salmonera a la luz de esta definición, para ver si se puede hablar coherentemente de desarrollo sustentable de ésta, o si hacerlo es una contradicción en los términos. El tema en sí mismo da para un libro más que para una simple columna, pero esbozaré a continuación dos preguntas que me parecen claves a la hora de pensar esta relación. Primero, si la salmonicultura como actividad per se clasifica como sustentable, independientemente de donde se practique; y segundo, si la salmonicultura puede realizarse en Chile—y más específicamente en Magallanes—de manera sustentable. Sin hacer juicios categóricos aún, anticipo que las respuestas a ambas preguntas es negativa, y sugiero en conclusión la actitud que deberíamos tomar respecto al desarrollo de esta industria. En esta columna me abocaré a la primera pregunta, e invito desde ya a los interesados a participar en un seminario sobre el tema, a realizarse el 29 de junio a las 17.30 en el Salón Terra Australis de la UMAG.

Para empezar, cabe preguntarse si una actividad económica en sí misma puede satisfacer las necesidades de generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Volver a la leña y el carbón como principal fuente de energía planetaria sería un ejemplo de decisión claramente no sustentable. Convertir las granjas industriales en la principal fuente de proteína animal de los siete mil millones de humanos que somos es otro ejemplo de decisión no sustentable, en cuanto la producción de proteína animal requiere la producción previa de proteína vegetal y animal que podría ser consumida de manera directa por los seres humanos.

He aquí una primera razón de por qué cuesta justificar la sustentabilidad de las salmoneras (y de la industria de la carne en general, pero ese tema lo dejo para otra ocasión): para criar salmones se necesita darles un alimento en base a productos que bien podríamos llevar al plato sin intermedios—como anchoas, jureles y sardinas, hoy pescados casi exclusivamente para hacer harina y aceite de pescado y con ellos pellets para el consumo de animales de criadero. Eso, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, también se alimenta a los salmones con harina de pluma y de hueso (proveniente de pollos y pavos), y con otros salmones muertos antes del fin del ciclo productivo, los que se llevan a las plantas faenadoras de harina de pescado en un gesto de máxima eficiencia… si “eficiencia” puede llamársele a alimentar a una especie con miembros de su misma especie.

En segundo lugar, hay que poner atención a la definición de desarrollo sustentable como un tipo de desarrollo que satisface ante todo necesidades. En un mundo donde las necesidades alimenticias básicas de 800 millones de personas aún se encuentran insatisfechas, cuesta catalogar como sustentable a una industria cuyo mercado es un selecto grupo de consumidores, y que depende para su funcionamiento de la extracción de una gran cantidad de recursos marinos. Los mentados beneficios para la salud humana que aporta el salmón (como ácidos grasos Omega-3 y vitaminas B6 y B12) no llegan a quienes más lo necesitan, sino a quienes pueden darse el lujo de pagarlo.

En tercer lugar, no existen suficientes estudios sobre los efectos de la salmonicultura en el medio ambiente. Antes de permitir el crecimiento exponencial que anuncia esta industria a nivel mundial, se requiere de manera urgente tener más información sobre, por ejemplo: el estado en que queda el fondo marino tras un ciclo productivo dependiendo, entre otras cosas, de la densidad de cultivo; el efecto que tienen las salmoneras en los peces nativos y en otras especies marinas, como los lobos de mar (su principal “competencia”); la cantidad de desechos plásticos y metálicos que se producen; y la salud y bienestar de los propios peces en las jaulas durante los 22 meses que dura aproximadamente su cultivo.

En toda esta discusión, para finalizar, he dado por sentados conceptos como “recursos” y “ciclo productivo”, pero bien cabe preguntarse si podemos hablar de sustentabilidad y seguir ocupando al mismo tiempo estas categorías que objetivizan y economizan a seres vivos sintientes. Así las cosas, me parece que la salmonicultura no puede ponerse el adjetivo de “sustentable” hasta que no se tenga un conocimiento más acabado de su impacto en el medio. Mientras ello no ocurra, lo lógico sería adoptar un enfoque precautorio y congelar su expansión.

Esta columna junto con la segunda parte pueden leerse juntas en El Mostrador

¡Punta Arenas, ciudad antártica 2048!

Hace poco más de un año publiqué una columna titulada ¡Punta Arenas, ciudad antártica 2016!, donde explicaba por qué me parecía una decisión acertada organizar la reunión consultiva anual del Tratado Antártico en esta ciudad. Desgraciadamente, ello no ocurrió esta vez, y la reunión acaba de culminar en Santiago. Durante dos semanas, nuestro país no sólo se lució como anfitrión de los otros 52 países miembros, sino también como parte proactiva en las discusiones que tuvieron lugar, en temas tan variados como las inspecciones a bases científicas, la aprobación de nuevas ASPAS y ASMAS (Areas Especialmente Protegidas y Areas Especialmente Administradas), el manejo de sitios turísticos, la importancia de la educación antártica, y la voluntad para profundizar el cumplimiento de los diferentes puntos del Protocolo Ambiental (que cumplió un cuarto de siglo).

Como soñar no cuesta nada, viajo a 2048, cuando podría tener lugar la próxima reunión consultiva en Chile (digo “podría”, porque la reunión se realiza cada año en un país consultivo, siguiendo el orden alfabético en inglés. Si en las próximas décadas se incorporan a los 29 actuales un par más, entonces a nuestro país le tocaría nuevamente ser sede ese año).

En esta ocasión, Punta Arenas es designada sin dudas como la ciudad anfitriona de los cerca de 500 delegados de más de 60 países (en las tres décadas pasadas, se han ido incorporando a este sistema multilateral países de Centroamérica y África, antes casi totalmente ausentes). Al llegar, los visitantes se maravillan con el Centro Antártico Internacional (CAI) que, a poco más de 25 años de inaugurado, ha cumplido el objetivo de convertir a Punta Arenas en un centro de ciencias polares. Los laboratorios del Instituto Antártico Chileno y de la UNAC (Universidad Antártica de Chile, ex-UMAG) intercambian ideas y colaboran en proyectos con otros expertos mundiales en glaciología, ciencias del clima, oceanografía y paleontología, entre otras disciplinas. Al alero del CAI, el Instituto de Humanidades Antárticas organiza cursos para audiencias cosmopolitas. En el museo interactivo, los visitantes aprenden de la historia del Continente Blanco y de su estrecho vínculo con nuestra tierra, y se pasean por entre la flora y fauna más austral del mundo, recreada en jardines, acuarios y pantallas gigantes que muestran la oculta vida submarina.

2048 es por lo demás un año clave para el Sistema del Tratado Antártico. Hace 50 años ha entrado en vigencia el Protocolo Ambiental, que convirtió al medio ambiente antártico en el más resguardado del mundo. Los países consultivos, que tienen voz y voto en la toma de decisiones, renuevan este compromiso, dejando así libre a la Antártica de la prospección y explotación de sus recursos minerales.

A estas alturas, el modelo de gobernanza de recursos naturales promovido por el Sistema del Tratado Antártico se ha convertido en un ejemplo de cómo administrar de manera responsable y con un enfoque precautorio. Por un lado, se ha puesto coto al número de turistas, luego de que éstos aumentaran explosivamente en las primeras décadas del siglo XXI, alcanzando los 50 mil al año en 2020. El Fondo Antártico de Protección Ambiental, financiado por las entradas que pagan quienes visitan el continente blanco, recauda cada año varios millones de dólares para investigación. Por otro lado, la pesca de krill y bacalao de profundidad siguen en aumento, pero el sistema de observadores a bordo se ha perfeccionado y la detección de embarcaciones ilegales se ha hecho mucho más eficiente. Más aún, el krill ya casi no se ocupa para alimentar salmones ni para hacer pastillas de Omega-3. Gracias a una exitosa campaña de marketing, ahora es tan popular como los camarones y los chefs se lo pelean para inventar nutritivas recetas.

Algunos pocos delegados valientes se aventuran a tomar el avión a la Isla Rey Jorge, para visitar el poblado antártico de Villa Las Estrellas. Administrado por Chile, sus cien habitantes son familias de diferentes nacionalidades que han postulado a una lotería para vivir en carne propia la experiencia de habitar en este paraje extremo por unos años, para luego convertirse en sus embajadores y guardianes. En la isla, los molinos de viento han reemplazado hace rato a los generadores a diésel, y las bases de diferentes nacionalidades ahora convierten la basura en biogas. Después de la visita, los delegados quedan convencidos de que los esquemas de soberanía tradicional han quedado atrás –para bien – en el caso de la Antártica.

Suena el despertador.

Femicidas y feminazis

Hace unos días en Aysén una mujer de 28 años y madre de cuatro hijos fue encontrada en la calle, inconsciente, con sus ojos arrancados de sus órbitas, el cráneo fracturado, los dientes rotos y parte de su masa encefálica perdida. Al momento de escribir, se encuentra en la UTI de Coyhaique, mientras su pareja y un amigo están siendo interrogados por Carabineros para determinar su participación en los hechos. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, anunció que el organismo se querellará contra quienes resulten responsables de la agresión, y resumió que “no hay nada que justifique este nivel de violencia y crueldad. Ni los celos, ni el alcohol, ni las drogas, nada. Esto sólo se sustenta en la cultura machista que utiliza y reduce a las mujeres y las siente como si fueran de su propiedad”.

Hace unos días, también, apareció una entrevista a la psicóloga y fotógrafa de 54 años, Kena Lorenzini, una de las mujeres que más ha levantado la voz en Chile por la igualdad de género. Lorenzini fundó hace unos años el proyecto editorial “La Mansa Guman”, donde sólo podíamos colaborar mujeres y que buscaba denunciar cada día el machismo recalcitrante del que tanto nos cuesta salir. Leer “La Mansa Guman” era como tomar una bocanada de aire fresco de ésas que se necesitan para seguir corriendo; y escribir en “La Mansa Guman” era como echar una mirada cómplice sabiendo que al otro lado entenderán perfectamente el gesto. Fue una lástima que se acabara después de un par de años, quizás en parte porque –como bien dice Lorenzini en la entrevista – en Chile a las feministas se las descalifica casi automáticamente como “feminazis”, y “La Mansa Guman” era lo suficientemente “feminazi” como para espantar a los auspiciadores convencionales. A mucha honra.

En un país donde algunos jefes todavía tratan a sus subordinadas de “niñitas”, donde a las ministras se las juzga más por la joyería que llevan puesta que por sus argumentos, y donde el acoso sexual institucionalizado recién empieza a salir a la luz, ser feminazi parece ser la única opción moralmente aceptable para las mujeres.

Más aún, en un país donde a las mujeres todavía se nos puede cortar con tijeras de podar (ver caso de femicidio frustrado en Ovalle), donde se nos puede acuchillar y quemar vivas (ver caso de femicidio frustrado en Chiguayante), y donde se nos puede arrancar los ojos y dejar tiradas en la calle sin motivo (porque no hay motivo que justifique arrancarle los ojos a alguien y dejarla tirada en la calle, como ocurrió en Coyhaique) ser feminazi es un imperativo moral, y ser tildada de feminazi debería ser considerado no un insulto, sino un halago.

 

La vida es, sin duda, mucho más rica e interesante cuando entre el blanco y el negro abundan los tonos de gris. Ante casos extremos de pisoteo a las mujeres y a sus derechos como los que lamentablemente siguen ocurriendo en Chile, sin embargo, no queda más que situarse en el otro extremo. Levantar la voz cada vez que se nos calla, devolverle el golpecito en el hombro a quien nos golpea el propio y, sobre todo, formar a nuestros niños y niñas para que aprendan a respetarse y a reconocerse como iguales desde la sala cuna para adelante. A gritar: “¡Ni una menos!”

Ley de aborto, pro-vidas y pro-fetos

Tras años de encontrones, ires y venires, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves 17 de marzo el proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales: violación, riesgo de la madre e inviabilidad del feto. Ahora está en manos del Senado decidir sobre el proyecto e, indirectamente con ello, revelarnos a los chilenos y chilenas si la hipocresía de la mayoría de nuestros legisladores se detiene en el pago de sus campañas o se extiende hasta el punto de desconocer la autonomía y capacidad de libre determinación de sus legislados y legisladas.
En alguna columna anterior me referí a los malos argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto, y no los repetiré aquí. El debate que tuvo lugar el jueves en la Cámara daría para otro suculento análisis de falacias. Entre ellas: ad baculum (el UDI Ignacio Urrutia deseándoles el infierno a los que osaran votar a favor); non sequitur (el UDI Gustavo Hasbún lamentando el fin de la Teletón si se llega a aprobar la ley), petitio principii (el UDI José Antonio Kast estipulando sin más que las mujeres no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo), y ad hominem (el PPD Ramón Farías descalificando a Kast no por su mal argumento puro y simple, sino por no haber sacado la voz contra las violaciones a los derechos humanos en dictadura). Las redes sociales ya han dicho bastante sobre estas “iluminadas” intervenciones, así que tampoco me detendré en ellas.
Como partidaria de que esta ley se apruebe, me gustaría hacer un par de reflexiones sobre la manera en que se intenta distorsionar su objetivo, y sobre ciertas implicaciones que los autodenominados “pro-vida” deberían aceptar si quieren mantener su etiqueta.
En cuanto a lo primero, molesta sobremanera cuando se busca presentar el aborto como si se tratara de una fiesta. Es evidente que quienes sugieren que abortar será el nuevo panorama de fin de semana no se han hecho nunca un raspaje: despenalizar el aborto no es celebrarlo, sino intentar que un estado de cosas ya bastante malo no sea aún peor. El objetivo de esta ley mínima es hacer menos traumática una situación para mujeres cuyo bienestar básico está en juego; es respetar la libertad de acción a quienes están en un difícil trance. Ésta es una ley de aborto, por lo demás, tímida: ni siquiera hemos entrado a debatir los dogmas de que se es “persona” desde el momento de la concepción, y de que toda vida humana es sagrada (dogma éste que, llevado a sus límites, lleva a la absurda conclusión de que a las mujeres también debería prohibírsenos la depilación y el peeling, donde mueren miles de células humanas inocentes y potencialmente clonables, como bien señaló una vez el filósofo australiano Peter Singer).
En cuanto a los “pro-vida”, creo que éstos deberían re-etiquetarse como “pro-fetos” (que no es lo mismo que “profetas”). Obsesionados por mantener al feto vivo, quienes se oponen al aborto en todas sus variantes olvidan que el trabajo de la madre no son sólo las 40 semanas de embarazo, sino la crianza de punta a cabo de un nuevo ser humano. Y de esa “vida” suelen olvidarse. Claro está, dirán que siempre está abierta la posibilidad de dar en adopción, pero a la hora de la verdad son cientos de niños los que esperan en fríos centros de atención de menores – a veces para siempre – la posibilidad de tener el amor de una familia. Por eso, y he aquí mi sugerencia, si quieren de verdad ser consecuentes y mantener su nombre, quienes se ponen esta camiseta deberían estar dispuestos a acoger estas vidas nuevas en su propio seno – literalmente. Si tanto les preocupan los fetos, pues que anuncien que adoptarán a las guaguas que los siguen lógicamente mostrándonos así su respeto por la “vida”. Negarse sería hipocresía, si no maldad, y dudo que quieran ser acusados de lo uno o de lo otro.
Que quede claro, en todo caso, que no me parece que ésa sea la solución más deseable. En lugar de hacernos con una hueste de niños no deseados adoptados por nuestros congresistas, lo que deberíamos aspirar es a un Chile donde se reconozca la autonomía para decidir de las mujeres al menos en casos tan extremos como aquellos en los cuales se busca despenalizar el aborto hoy.

Esta columna también puede leerse en El Magallanes

Una promesa odiosa

banzer pinochetPor ley, en la mayoría de los países los individuos no tienen que pagar el dinero que otros fraudulentamente prestaron a su nombre, y las compañías tampoco se hacen responsables por contratos contraídos por sus altos ejecutivos sin la autoridad requerida para comprometer a la firma. De igual forma, en derecho internacional aparece con cada vez más fuerza la doctrina de la “deuda odiosa”. Ésta postula que la deuda externa contraída por un gobierno en contra de los intereses soberanos de sus representados no debería pagarse. El año 2000, desde Bono a Juan Pablo II participaron en una movilización internacional masiva para erradicar la deuda de los países del Tercer Mundo, considerando que ésta muchas veces era el resultado de préstamos millonarios hechos por dictadores corruptos (como Anastasio Somoza en Nicaragua), o por gobiernos ilegítimos (como el régimen de apartheid sudafricano). Aunque en estricto rigor el derecho internacional sigue considerando a los países como responsables de pagar sus deudas – comoquiera y por quienquiera que éstas hayan sido contraídas – han surgido propuestas para cambiar esto, basadas en la escasa legitimidad moral de los gobiernos “odiosos”.

Pero los gobiernos odiosos no sólo se dedican a pedir dinero prestado. A veces también prometen cosas a otros gobiernos, sin consultar antes a la ciudadanía y muchas veces en desmedro de los intereses soberanos de ésta. Surgen así “promesas odiosas” que, más allá de su validez legal, carecen de legitimidad moral. Es una de estas promesas odiosas (y doblemente, como veremos) la que ha invocado Bolivia como una de las razones por las cuales Chile debiera darle acceso soberano al mar. Los bolivianos recuerdan que, en los años setenta, el dictador chileno Augusto Pinochet prometió a su par, el dictador boliviano Hugo Banzer, un acceso soberano al Pacífico. a cambio de un canje territorial. Aunque el acuerdo ente golpistas finalmente quedó en nada, hoy los bolivianos argumentan que Chile tendría una obligación para negociar basada en dicho precedente. Causa por decir lo menos extrañeza ver al presidente democráticamente electo y campeón de la representatividad popular, Evo Morales, sugiriéndole a Bachelet que haga realidad lo que Pinochet convirtió según él en un derecho expectaticio de Bolivia – esto es, un derecho surgido del comportamiento de las autoridades ilegítimas del gobierno chileno en ese entonces, las que habrían creado obligaciones para el Estado chileno.

“Si un dictador como Pinochet propuso una salida al mar para Bolivia en los años 70, esperamos que un gobierno democrático y socialista pueda hacer realidad este derecho en pleno siglo XXI”, dijo Morales en el discurso por el Día del Mar en Bolivia. Si de pedir una salida soberana al mar se trata, sin embargo, Evo no debería remitirse a lo que hizo Pinochet como modelo para Bachelet, sino que debiera apelar en abstracto a los altos valores morales y cívicos de nuestra Presidenta y su gobierno de Nueva Mayoría. Flacas artes estratégicas las de quien apela a la generosidad de un dictador con la esperanza de que su interlocutor lo emule; flaco poder persuasivo el de quien pide favores basándose en las promesas odiosas que otros hicieron.

Si Bolivia tiene buenas razones para interponer una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de la Haya, ésta definitivamente no es una de ellas. Quizás es difícil decir en qué dirección debería avanzar el derecho internacional, pero no lo es tanto saber en cuáles no debería hacerlo: así como las deudas odiosas deberían ir perdiendo con el tiempo validez legal (quitando el incentivo tanto para prestatarios corruptos como para prestamistas sin escrúpulos), así también deberían ir perdiendo fuerza promesas odiosas como la de Pinochet a Banzer. Es de esperar que tanto los asesores de Evo como los jueces de la Haya tengan esto en mente en sus próximos pasos.

Esta columna también puede leerse en El Mostrador

¡A sacarse los zapatos!

sin zapatosPrimero me causó perplejidad. Luego me dio vergüenza. Después rabia y al final motivo de meditación. Hace un par de semanas una cañería en mal estado me obligó a llamar al Maestro A para solucionar el problema. Fiel creyente en el lema de que ley pareja no es dura, tras recibir al personaje en cuestión y explicarle los pormenores domésticos, le pregunté si podía sacarse los zapatos para subir al segundo piso. En mi casa es costumbre integrada ponerse las pantuflas al pasar el umbral, y se trata de pedir a las visitas que hagan lo mismo (hay pantuflas para visitas también). Pero, ¡ay de la cara de estado de excepción del maestro ante mi pedido! Con la excusa de que tenía que ir a buscar no sé qué herramienta al auto, salió raudo para nunca más volver. Perpleja, y creyendo que de verdad había ido a buscar su instrumento quién sabe dónde, media hora después llamé por teléfono, para ver qué había pasado. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ser tratada de descriteriada por el jefe de la compañía en persona? Qué cómo se me podía ocurrir pedirle a su trabajador que se sacara los zapatos, que qué me había creído, que poco menos que había violado su humana dignidad. Una de las cosas de las cuales no quiero ser acusada en la vida es sentir que doy un tratamiento indigno a alguien, así que la reacción del Gran Maestro A me llenó de vergüenza. Pedí perdón y le traté de explicar al acalorado individuo que era costumbre de mi casa, que había pedido por favor y no había impuesto la medida, y que recibiera mis disculpas. Por supuesto, a pesar de pedírselo, nunca más volvió y ya estoy considerando tomar un curso online para destapar cañerías.

Cuanto más vueltas empecé a darle al episodio, sin embargo, más rabia empezó a darme. Para empezar, ¿por qué ante mi petición inicial no fue capaz el Maestro B de decirme en la cara que le causaba incomodidad, o mandarme directamente al diablo en lugar de pasarme el recado con su jefe? Esa falta de asertividad rayana en la cobardía es la misma que luego crea comidillos, copuchas y descalificaciones a espaldas de quienes muchas veces ni siquiera saben qué falta cometieron. Para seguir, ¿será realmente tanto pedir sacarse los zapatos antes de entrar a una casa ajena? “No puedes pedir cambiar la cultura”, me dirán: “Aquí nadie se saca los zapatos ni para subirse a la cama”. Pero esto último es llanamente falso. Conozco muchas casas que funcionan así, y conozco también el pudor que sienten los dueños para pedirles a quienes no tienen dicha costumbre a dejar los zapatos a la entrada. ¡Como si uno debiera sentirse culpable por pedirle a las visitas que contribuyan a mantener la casa limpia de manera más fácil, sobre todo en un clima demoníaco como éste! Se me puede decir, todavía, que es una desubicación igual, porque en Chile nadie anda preparado para quedar en calcetines y que quien vive aquí debe estar dispuesto a recibir en casa a personas de bototo y de tacón.

Cuando se apela a la cultura para justificar una conducta, como aquí, creo que una manera justa de proceder para decidir sobre ella es examinar aquellos pros y contras en los cuales puedan coincidir inculturados y no inculturados por igual. En este caso específico, ante la costumbre de entrar a casa con los zapatos puestos, uno puede listar las ventajas y desventajas de hacerlo. Entre las primeras: no importa andar con el calcetín con papa, se ahorra el tiempo de ponerse y sacarse el zapato, se mantiene el pie a la temperatura que se traía desde la calle. Entre las segundas: se evita que la mugre de afuera circule por toda la casa; no hay que trapear el piso como esclavo cada vez que llega alguien (ni qué decir cuando llueve afuera); los pisos y alfombras duran más y requieren menos productos de limpieza; se siente que se llegó al hogar y las pantuflas dan la tibia bienvenida. Me parece que es más o menos claro cuál lista preferir. Y si alguien se sigue quedando con la opción Zapatos Puestos, pues que la impongan en su casa, pero respeten a quienes optan por la opción Sin Zapatos en la suya. “Donde fueres, haz lo que vieres” no debería aplicarse solamente a nivel de país, sino también de hogar.

Las Becas Chile y el “efecto Jemmy Button”

button y fitzroy

Jemmy Button fue un joven yagán que el capitán Robert Fitz-Roy llevó desde Tierra del Fuego a Londres en 1831, junto a otros tres de su pueblo, con el fin de que sirvieran de intérpretes y crearan una buena disposición entre los suyos hacia los ingleses. El muy cristiano capitán del famoso Beagle se esmeró en evangelizar a los cuatro nativos y en educarlos en las maneras del Imperio Británico, con la esperanza de que difundieran estos conocimientos a su regreso a la terra australis al año siguiente (viaje en el cual lo acompañó el joven naturalista Charles Darwin). De los cuatro, sin embargo, sólo volvió Jemmy. Años más tarde se dijo que éste había liderado una matanza de misioneros ingleses en la Bahía Wulaia, en Isla Navarino, como venganza por lo que sus compatriotas le habían obligado a vivir. Aunque en la investigación que siguió a la masacre Jemmy negó toda participación en los hechos, la leyenda caló hondo en la memoria patagónica: no había derecho a mostrarle a alguien un mundo de refinamiento para luego devolverlo a la mera subsistencia, luchando cada día para cubrir las necesidades mínimas.

No puedo evitar recordar a Jemmy cuando pienso en las decenas de doctorados chilenos que con título fresco en mano, pero no necesariamente con destino laboral seguro, se ven obligados a volver a Chile a residir por un tiempo determinado, según lo estipula el contrato de las Becas Chile. Existen, claro está, importantes diferencias entre ambos casos. Al contrario de Jemmy, a los flamantes doctorados chilenos sus padres no los cambiaron por un botón de madre perla para llevaŕselos a estudiar al extranjero. Su decisión fue libre e informada. No los mandaron obligados a Londres, sino que eligieron ellos donde estudiar. Y leyeron las bases, donde se dejaba claro desde un comienzo que volver al país tras obtener el grado académico era requisito indispensable. ¿A qué viene la comparación, entonces?

Aunque para las personas ajenas al mundo académico gastarse cuatro años de la vida escribiendo una tesis de críptico título y aún más críptico contenido puede parecer una pérdida de tiempo y recursos, quienes han vivido ese proceso en general coinciden en que marca un antes y después en la vida – tanto como un divorcio, una muerte cercana o el nacimiento de un hijo. Quienes sacan adelante un doctorado en la gran mayoría de los casos aman su disciplina y quieren seguir en ella. Después del esfuerzo sostenido de crear un proyecto coherente, buscan construir sobre lo aprendido y no desechar la infinidad de conocimiento y experiencia acumulados en el camino. Con el título fresco en mano, lo que más se quiere es encontrar un ambiente receptivo y estimulante donde entregar todo aquello y seguir profundizando en la materia escogida. El problema, en el caso particular de nuestra nueva horneada de doctorados de Becas Chile, es que muchas veces lo que se encuentra de vuelta en el país no es aquel lugar donde consolidar lo aprendido y construido, sino una recepción fría y hasta inhóspita – como la que esperaba a Jemmy de vuelta en los canales australes. Tal como Jemmy, que debe haber añorado el té con escones y crema en un mundo culinario donde no había más que cholgas crudas y pan del indio, muchos doctorados añorarán infraestructuras, accesos a bibliografías y ethos departamentales que aquí simplemente no se encuentran. Tal como Jemmy, cuyo entrenamiento intensivo en idioma inglés se vio súbitamente coartado, muchos doctorados temerán que sus propios entrenamientos específicos también caigan a un saco roto. Tal como Jemmy, que solo de regreso en Tierra del Fuego experimentó la frustración de conocer otro mundo y no poder compartir sus vivencias con sus pares, muchos Ph.D. de regreso hoy se preguntan si serán capaces de transmitir lo aprendido o si se quedarán clamando a solas en el desierto.

Atentos a esta realidad, en Conicyt han diseñado instrumentos – como el Postdoctorado Retorno – que esperan evitar precisamente este “efecto Jemmy Button”. No se puede dejar al becario de regreso en la desolada orilla y esperar que solo inicie sus labores civilizatorias, como pretendió Fitz-Roy que Jemmy hiciera. Y con más razón hay que ayudarlo a reinsertarse si lo que trae entre manos es nuevo para la cultura académica del país: Jemmy no pudo enseñarle a su gente a tomar té no porque no quisiera, sino simplemente porque en los canales fueguinos no había ni infusión, ni tazas ni teteras.

Considerando la inversión de miles de dólares que hace el Estado en cada uno de quienes hemos sido favorecidos por esta beca, y considerando que en los años que vienen seguirán llegando nuevas hornadas de Capital Humano Avanzado (87 personas se graduaron en 2013, y 136 en 2014), me parece de suma urgencia pensar en una buena política para absorber a estos nuevos profesionales y realmente aprovechar sus capacidades – cual es, en último término, el objetivo de este programa. Sugiero securitización y flexibilización.

Primero, dar algún tipo de seguridad dentro del contrato de que el becario tendrá un lugar donde trabajar a su regreso. Si bien los programas de inserción en la academia y en la industria de Conicyt son un paso en este sentido, sería bueno contar con información más concreta desde el momento mismo de la postulación. Por ejemplo, saber que tal universidad requiere formar tal programa de estudios y que el postulante sería la persona ideal para cumplir dicho rol una vez completado su grado. De hecho, la mayoría de los programas de becas de este tipo en otros países funcionan así, con los recién graduados volviendo a trabajar al alero de instituciones estatales.

Segundo – y esto es especialmente relevante si no se hace lo primero –, flexibilizar el pago de la beca. Hoy (lo digo con conocimiento de causa), se exige a los doctorados que vuelvan a residir a Chile a como dé lugar, aunque sea en calidad de cesantes, e incluso dejando ofertas de trabajo en el extranjero aunque no se tenga nada seguro aquí. La razón de este requisito es la temida fuga de cerebros al exterior, es decir, que el Estado invierta en individuos que no retribuirán ni en dinero ni en especies porque se quedarán desarrollando sus carreras afuera. Sin quererlo, sin embargo, esta obligación de volver a lo que venga puede terminar generando una fuga de cerebros ‘doméstica’: al no encontrar lugar en universidades ni otros centros de investigación públicos, una opción tentadora para los recién llegados (y lo digo otra vez con conocimiento de causa) es convertirse en profesores en los colegios de élite de la capital… contribuyendo así a aumentar, en lugar de disminuir, la desigualdad en nuestro sistema educativo. En lugar de exigir un regreso con plazo y tiempos definidos, flexibilizar el pago de la beca podría contemplar dejar que quienes no encuentran un lugar de trabajo en Chile inmediatamente regresen por períodos más acotados a realizar seminarios o cursos intensivos en su especialidad, por ejemplo. O que, desde donde se encuentren, colaboren en la formación de vínculos académicos entre sus instituciones y las instituciones chilenas. Hoy el mundo académico se encuentra suficientemente globalizado como para permitir soluciones de este tipo. En último término, también debería darse a los becados la opción de restituir el monto total de la beca si ven con toda honestidad que su futuro profesional está más allá de las fronteras, y sin que esto signifique convertirse en enemigo a perpetuidad de Conicyt (como es hoy el caso).

Dicho esto, espero que quede claro al lector que el propósito de esta columna no es criticar la iniciativa de Becas Chile (¿cómo podría hacerlo, habiendo sido una de sus beneficiarias?), sino apuntar a necesarios ajustes que mejorarían su efectividad y permitirían cumplir aún más cabalmente con el designio para el cual fueron creadas. Es crueldad acostumbrar al mejor Earl Grey para luego condenarlo a tomar agua fría de por vida. Es crueldad también dejarle a alguien desarrollar sus capacidades tanto como pueda para luego coartar bruscamente ese proceso. Evitar el “efecto Jemmy Button”, en el caso de Becas Chile, significa crear las condiciones para que aquellos que quieren desarrollar estas capacidades puedan seguir haciéndolo… para beneficio de todos.

Esta columna también puede leerse en El Mostrador