Recursos naturales y ciudadanos intranquilos

Uno de los tópicos que se ha popularizado dentro de la filosofía política en los últimos años es la cuestión de los derechos territoriales y de los derechos sobre los recursos naturales. Por razones obvias (cambio climático, sobre-explotación de recursos renovables y no renovables, extinción masiva de especies y pérdida y deterioro ecosistémico), preguntarse por el fundamento de estos derechos y por lo que significa una distribución justa de ellos es urgente, y nos son pocos quienes en los últimos años han formulado teorías al respecto.

Entre las más recientes está el igualitarismo global aplicado a los recursos naturales, propuesto por el inglés Chris Armstrong en un libro de próxima aparición. En breve, Armstrong parte de la premisa que la justicia distributiva es una meta a nivel global y no sólo doméstico, esto es, que debemos tomar medidas no sólo nacionales, sino también inter y supra nacionales para lograr que todas las personas puedan acceder a un cierto bienestar. Para lograrlo, la distribución de los recursos naturales es clave. A diferencia de otros igualitaristas globales, sin embargo, para quienes el ideal sería dividir todos los beneficios y costos de los recursos naturales en partes iguales entre todos los seres humanos (una meta a todas luces utópica, si no distópica), Armstrong reconoce que los apegos particulares a recursos específicos por parte de personas específicas deben ser tomados en cuenta. En la práctica, esto significa que algunos quizás puedan tener más derechos que otros sobre ciertos recursos, si esto ayuda a corregir las desigualdades en otras áreas. Estos derechos no son necesariamente derechos de propiedad, sino que pueden también ser de acceso, extracción, exclusión, alienación, administración, etc. Entender que diferentes apegos generan diferentes derechos, y que tomarlos en cuenta es fundamental para hacer una repartición justa es, entonces, la clave.

¿Cómo hacerlo? Pienso en la discusión que se está dando actualmente en Puerto Natales, respecto al proyecto carbonífero de Tranquilo, que pretende explotar 800 mil toneladas métricas de carbón al año durante una década, para exportarlas a la usina de Río Turbio en Argentina. El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado hace poco más de mes y será revisado por 27 organismos del estado que deberán entregar sus informes en un plazo de 120 días. Los ciudadanos, por su parte, tienen hasta el 22 de febrero para hacer observaciones a un documento de cientos de páginas (sólo el resumen ejecutivo tiene 32) y alta complejidad técnica. ¿Quién debería tener derecho a qué en este caso?

Después de una recomendación del concejo regional, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, anunció que podría llamarse a plebiscito para que los natalinos decidan sobre el proyecto, ubicado a apenas doce kilómetros de la ciudad. Las autoridades medioambientales, sin embargo, desecharon rápidamente la idea, argumentando que está fuera del marco de la institucionalidad ambiental y que, de hacerse, no sería vinculante. Mientras, la empresa organiza charlas y puerta-a-puerta para dar a conocer el proyecto a la comunidad, filtrando a su criterio la información que debe conocerse y la que no. Los interesados en que el proyecto sea aprobado se transforman, así, en juez y parte de su causa, porque la “institucionalidad ambiental” así lo permite: en vez de designarse a un grupo de asesores independientes que expliquen el proyecto en términos comprensibles al público, se deja a quienes están siendo evaluados que le cuenten a sus potenciales evaluadores las bondades de su propuesta… omitiendo, claro está, las debilidades.

En este caso, es bastante evidente que lo que hoy se entiende por “participación ciudadana” y las condiciones que se dan para ello deben ser replanteadas en proyectos de explotación de recursos de esta envergadura. Aplicando las ideas de Armstrong, lo que sería justo aquí (o menos injusto) sería que los ciudadanos no sólo pudieran involucrarse en el análisis del EIA, sino que tuvieran que hacerlo, con el estado como facilitador. No sólo organismos especializados, sino también agrupaciones de base, comunitarias, ambientales, educacionales y otras deberían ser parte integral (y no sólo accidental) de un proceso de decisión que hoy recae sobre unos pocos, aunque termine afectando a miles.

Mientras ello no ocurra, ideas como la del plebiscito sólo queda celebrarlas y apoyarlas. Aunque no sean vinculantes, actos de este tipo tienen un valor expresivo que no puede ser ignorado por quienes arman el marco institucional, y menos si cuentan con la participación masiva de la ciudadanía.

Pensando juntos un modelo de desarrollo

Desde comienzos de año, un pequeño grupo de magallánicos (por nacimiento y/o vocación y/o domicilio) comenzamos a reunirnos para discutir en torno a un concepto que de tanto uso hoy raya en lo trillado, pero cuyo verdadero alcance y significación no siempre se comprenden bien. El principal objetivo era entender de qué se habla cuando se habla de desarrollo sustentable. Más específicamente, nos planteamos la pregunta respecto a nuestro territorio: ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable para Magallanes?

Para partir la investigación, lo primero fue buscar la definición general de desarrollo sustentable o sostenible, como prefieren llamarle algunos: “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1987). Para que un emprendimiento sea sustentable, no basta entonces con que las cifras económicas sean azules al final; se necesita también que los costos sociales y ambientales no queden en rojo.

Con esta idea en mente, lo próximo fue ver cómo se utiliza hoy este término aplicado a nuestra realidad. Y… ¡oh, sorpresa! Véase, por ejemplo, la Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes y Antártica 2012-2020, elaborada por el Consejo Regional de Desarrollo del gobierno regional. En esta suerte de plan maestro de cómo y hacia dónde queremos avanzar, la imagen objetivo es que, al 2020, nuestra región “habrá logrado un crecimiento y desarrollo económico sostenido y sustentable”. Las 32 veces que aparece este término a lo largo del documento, sin embargo, la referencia es casi exclusivamente a lo económico, dejando lo social y ambiental en segundo plano. Así, entre las industrias sustentables se mencionan la producción de carbón, la industria pesquera, la ganadería y la extracción de bosque nativo. Lo que no se dice en ninguna parte es cómo se quieren lograr todas estas “sustentabilidades” una por una, y todas juntas a un mismo tiempo (suponiendo que ello sea posible), ni si se pretende jerarquizarlas de acuerdo a algún criterio convenido en común.

Tomando en cuenta que, para quienes saben de planificación, el 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina, parece urgente plantearnos hoy un modelo de desarrollo sustentable para Magallanes que cumpla al menos dos requisitos hoy ausentes en la actual Estrategia. Primero, dicho modelo no puede basarse simplemente en una aceptación incondicional de las actividades económicas y productivas que de hecho existen hoy en la región, sino que debe plantearse críticamente ante ellas, midiendo qué tan sustentables o insustentables son en sí mismas y en el contexto de nuestra institucionalidad. De acuerdo a ello puede elaborarse entonces una lista con aquellos emprendimientos que queremos y que no queremos, elaborando incentivos y desincentivos acordes. Por ejemplo, en lugar de asumir como una inevitabilidad histórica nuestra vocación carbonífera, habría que evaluar entre otras cosas si ésta se concilia con nuestra otra vocación, aquella que nos hace conocidos en el mundo entero: destino estelar para el turismo de intereses especiales de naturaleza; y uno de los últimos recovecos del planeta donde la locura extractiva aún no se ha desatado sin frenos.

Hecho este ejercicio clasificatorio, un segundo requisito es jerarquizar las actividades de acuerdo a una idea madre. Una estrategia sólo puede hacerse una vez que se tiene un objetivo claro, sea éste ganar una medalla olímpica o llegar a la hora al dentista. Al contrario, parece imposible tratar de avanzar hacia algún lado teniendo 29 lineamientos muchas veces contradictorios compitiendo entre ellos—que es como se encuentra planteada la actual Estrategia. Al menos estos dos puntos deberían ser tomados en cuenta por quienes sean llamados a pensar la nueva Estrategia de Desarrollo (Sustentable) de Magallanes del 2021 en adelante.

Como Plataforma Ciudadana por el Desarrollo Sustentable de Magallanes (nuestra autodenominación provisional, porque entre las preguntas que debemos hacernos está si desarrollo sustentable es en sí mismo un concepto útil/deseable), creemos que la ciudadanía ampliada debe participar en estos cuestionamientos y deliberaciones. Ya hemos organizado tres conversatorios enfocados en tres áreas de importancia clave para la región en Puerto Natales y Punta Arenas: fracking, salmonicultura y patrimonio cultural y ambiental. Pronto tendremos dos conversatorios más, sobre turismo y energía, y del conjunto de éstos esperamos elaborar un documento con evaluación y propuestas concretas. La concurrencia de público y el interés hasta aquí nos ha sorprendido positivamente, y estamos abiertos a las propuestas de temas y actividades. Aunque parezca un cliché, creemos que en Magallanes todavía tenemos la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Invitamos a todos quienes quieran a pensar y ver cómo concretar juntos esta posibilidad.

Encarbonada

Frente a las declaraciones de las autoridades ambientales tras la aprobación del complejo termoeléctrico Castilla, en Atacama, me declaro “encarbonada”: esto es, encabronada, enojada, enfadada por los efectos potenciales y actuales que tendrá la creciente carbonización de nuestra matriz energética, pero por sobre todo por las justificaciones que se usaron para defender dicho proyecto.

Me parece apropiado para esta ocasión acuñar el adjetivo “encarbonado” y el verbo, “encarbonar”, siguiendo la línea de los responsables de la aprobación de Castilla, una de cuyas estrategias fue jugar con las palabras… aunque de manera nada inocente.

Para empezar, cambiar la calificación de este mega proyecto de “contaminante” a “molesto” me parece una estrategia burda y poco seria, como aquella de la mona que se viste de seda para hacerle creer al mundo que es princesa. Las seis centrales a carbón con una capacidad de generación de 2.100 megawatts que se ubicarán a 80 kilómetros de Copiapó serán, sin duda, algo más que una molestia no sólo para sus vecinos humanos, sino para el mar de biodiversidad que se ubica a pocos kilómetros de allí (y que incluye, entre otros, pingüinos de Humboldt, tortugas y varias especies de aves marinas).

Me pregunto si este cambio de uso propuesto por el seremi de salud de esa región, Nicolás Baeza, se aplicará también a otras situaciones “contaminantes”. Quizás su par de la Región Metropolitana lo imite y decida por decreto, por ejemplo, que los santiaguinos desde ahora ya no viven bajo una nube de smog “contaminante”, sino tan sólo “molesta”. Así se acabaría por fin la restricción vehicular, las emergencias y las preemergencias y todos esos escenarios críticos que afectan no sólo los pulmones de los habitantes, sino también la productividad económica. ¡La solución perfecta al problema!

En cuanto a las siguientes declaraciones de la intendenta de Atacama, Ximena Matas, éstas merecen análisis aparte. Decir que “todo proyecto que se ajuste a la normativa ambiental deberá ser aprobado, sin importar si, personalmente, somos partidarios o no del mismo”, y que “la comisión de evaluación no emite juicios de valor, porque es órgano técnico” acusa ingenuidad culpable e ignorancia etimológica, respectivamente. Lo primero es como aceptar que las reglas se escriben solas y que los seres humanos nos sometemos a ellas sin posibilidad de crítica ni análisis. Parte de tomar una buena decisión implica evaluar los criterios por los cuales se llega a ella; y tratar de que sean los mejores. Si la normativa ambiental es deficiente y mejorable, quien tiene que aplicarla debería obviamente pronunciarse al respecto. En cuanto a que las comisiones de evaluación no emiten juicios de valor, pues se da el caso que “evaluación” y “valor” comparten la misma raíz: evaluar es valorar. Y el deber de una comisión evaluadora, por muy técnica que sea, es valorar los antecedentes que se presentan, pero también el  marco mismo en que dicha evaluación acontece. Si no fuera así, ¿de qué otra manera podrían perfeccionarse las reglas que nos guían? En lugar de emitir juicios de valor, lo que la comisión sí emitirá (o permitirá emitir, gracias a su venia) serán toneladas de CO2 que la atmósfera no necesita… Una decisión como para encarbonar a cualquiera.

Depresión post-paro

Aunque viví el histórico paro contra el alza del precio del gas a diez mil kilómetros del epicentro, enterarme de que se había llegado a acuerdo me emocionó igual. Admito, a riesgo de sonar cursi que, contra todos mis instintos anti-chauvinistas y pro-cosmopolitas, me enorgullecí de ser parte de ese ethos puntarenense, patagónico y porfiado. A la euforia, sin embargo, siguió un malestar creciente que se transformó en depresión. Ya sé, dirán algunos, que éste es el momento para celebrar y no para lamentarse. El problema fue que me puse a pensar en el futuro. Y el futuro es siempre incertidumbre, y la incertidumbre es siempre angustia. Esto fue lo que pensé:

Si la movilización ciudadana en Magallanes fue un éxito rotundo y transversal, se debió en gran parte a que la medida contra la cual se estaba luchando afectaba de capitán a paje, a toda la pirámide económica desde los micro-organismos (las micros Movigas) hasta los grandes depredadores o consumidores (y digo esto sin ánimo de sonar peyorativa: industria, empresa eléctrica y grandes negocios). No hay mejor acicate para la acción que cuando a uno le tocan el bolsillo, no importa cuán grande o cuán estrecho. Y eso se vio claro en la unidad desplegada. Pero, y aquí viene la primera pregunta depresiva: ¿será capaz Magallanes de mantener una sola voz cuando se discutan proyectos como Mina Invierno en Isla Riesco, de impacto profundo, pero cuyos efectos no le parecerán tan tangibles ni tan urgentes a la mayoría? Isla Riesco, a pesar de formar parte de la región, nos suena a quienes no somos estancieros a terra incognita, tal vez ni siquiera visitada; un espacio entre la realidad y el sueño de cuyas maravillas se oye hablar, pero del que ni siquiera se tiene una imagen mental. Para no perder más tiempo (el proyecto ya está siendo evaluado por CONAMA), pido a los lectores que cierren los ojos e intenten recrear en su cabeza lo que sería un hoyo negro de 180 metros de profundidad y casi 500 hectáreas de diámetro. ¿Lo toleraría en su patio, o en Tres Puentes, o camino a Natales? Sin duda preguntarían si me había vuelto loca, y no dudarían en organizarse contra la propuesta. Pero eso es más ni menos lo que se quiere hacer en uno de los lugares más prístinos de Chile, para luego alimentar con el carbón extraído las plantas termoeléctricas del Norte. Aquí a la vuelta, a sólo 160 kilómetros del indio de la plaza.

Segunda pregunta depresiva: ¿Mantendrá LAN ese altruismo a toda prueba que desplegó hacia los pasajeros varados durante las jornadas de paro? Reconozco que me tuve que leer la noticia dos veces. ¿LAN Airlines, dispuesta a compensar a las víctimas de la contingencia de último minuto? Creí estar en un mundo paralelo. Qué diferente sería la vida de los magallánicos si el respeto por las emergencias personales –y no sólo regionales– contara para las líneas aéreas no por pocos días, sino todo el año. Aprovechando el impulso, me atrevo a sugerirles que lo intenten, que no van a quebrar por hacerlo y que hasta se podrían ganar el respeto de sus clientes, que muchas veces no lo son por opción, sino porque no hay alternativa. Lo dejo hasta aquí, y perdón si he contagiado a alguien con mis cuitas.

 

Más información sobre el proyecto carbonífero Mina Invierno en El lado oscuro del carbón

29/08/10 Termoeléctricas: el lado B***

***Escribí esta columna el día antes de que el Presidente rechazara la decisión de la Corema de la IV Región de instalar la central Barrancones en las cercanías Punta de Choros. Las protestas con argumentos de peso por parte de parlamentarios, ONGs y activistas surtieron efecto… por el momento. Lo que no cambia es la conexión entre la nueva serie de termoeléctricas que esperan aprobación en Chile y el carbón de Isla Riesco, que -cabe suponer- será una de sus fuentes de energía principales. El problema de las termoeléctricas, entonces, no es sólo cuánto contaminan in situ, sino también cuánto contamina la extracción del carbón que las echa a andar.

Tras la aprobación inicial del proyecto para construir la central termoeléctrica Barrancones, en la costa de la IV Región, han surgido escandalizadas voces de protesta, calificándola como “el mayor crimen ecológico del último tiempo”, “un desastre”, “una pésima noticia” y “crónica de una muerte anunciada”.
La empresa franco-belga Suez Energy pretende construir una central a carbón bituminoso y sub-bituminoso de casi 600 MW de potencia, con una inversión de 1.100 millones de dólares, a pocos kilómetros del santuario natural Punta de Choros-Isla Damas. Además de ser el hábitat del 80 por ciento de la población mundial de pingüinos de Humboldt, abundan en estas costas los delfines nariz de botella, los lobos marinos y ballenas ocasionales. Las aguas turquesas de la isla invitan a los buzos a explorar el rico fondo marino; la costa escarpada y las kilométricas playas de arena blanca, matizadas por antiguos conchales dejados por los pescadores, son un placer para el visitante que puede perderse por horas a lo largo de ellas (lo digo por experiencia propia).
Una vez más, los chilenos vemos con impotencia cómo un puñado de agentes auto-interesados toman decisiones que significan un cambio de vida radical, y para peor, no sólo para los seres humanos sino también para otras especies (muchas veces únicas). Y una vez más hay que guardar la esperanza de que algún abogado ingenioso, un par de congresistas desalineados y un grupo de ONGs activas le pongan freno como sea: reclamando ante el Consejo Directivo de la Conama, interponiendo recursos de protección en los tribunales de justicia, dando a conocer la noticia internacionalmente, para generar presión desde afuera, etc.
Considerando que Barrancones es sólo la primera en una serie de termoeléctricas que esperan ser aprobadas en el norte (Cruz Grande y Castilla son otras en la lista), me surgen dos preguntas al menos. La primera, ya formulada por otros: ¿en qué quedará la promesa del hoy presidente de la República, que como candidato aseguró que promovería las energías renovables en desmedro de estas otras decimonónicas y sucias? Es de esperar que no haya sido sólo eso, una promesa, y que ante esta decisión de unos pocos seremis y gobernadores tenga algo que decir.
La segunda pregunta, más urgente, es de dónde se pretende sacar el carbón necesario para funcionar. Y la respuesta es preocupante. Parece evidente que estos proyectos termoeléctricos asumen que, cuando sean aprobados, estará aprobado también el proyecto carbonífero Mina Invierno, en la XII Región, hoy en estudio; un forado a tajo abierto de 500 hectáreas en medio de Isla Riesco, tesoro natural y turístico en potencia. Hoy más del 90 por ciento del carbón usado en Chile es importado, pero ésta podría proveer en pocos años el 30 por ciento de la oferta. Todo con un alto costo ambiental de por medio.
Ante esto, me parece que hay que aunar fuerzas y hacer de estas dos causas una sola: sin termoeléctricas, no se necesita carbón. Quienes quieren evitar la contaminación de un paraíso conocido, como lo es Punta de Choros, deben querer evitar también la contaminación de Isla Riesco, un paraíso aún por descubrir.

25/07/10 El lado oscuro del carbón

Sobre fondo blanco e inmaculado, dice en la página web del proyecto Mina Invierno, de Minera Isla Riesco, que se planea la explotación a rajo abierto, para producir anualmente entre 3 y 6 millones de toneladas de carbón sub-bituminoso (de baja capacidad calórica) por un plazo de hasta 30 años. La inversión, de 200 a 300 millones de dólares, incluye un puerto para despachar el mineral al norte; con esto se espera disminuir la dependencia nacional de fuentes extranjeras, que hoy constituyen casi el total de la oferta. Se anuncia además que durante la construcción se crearán mil empleos, para bajar en las próximas décadas a unos 400 directos y 300 indirectos. Agregan en la sección Medio Ambiente que éste es de “vital importancia”, y que van a aminorar el impacto “restituyendo la capa vegetal al término de la explotación”. En cuanto a las relaciones con la comunidad, aseguran seguir la “política del buen vecino”.
¿Qué es lo que habría que agregar a la blanca e inmaculada página? Vamos por orden. Luego de siglos de minería de carbón sub terra, graficada en las novelas de Baldomero Lillo y en los dibujos de Van Gogh (en carboncillo, valga la ironía), hoy la tendencia son las minas en superficie, del tipo propuesto aquí. Menos peligrosas para los trabajadores, que antes morían por miles reventados por el gas grisú o con los pulmones tapados de hollín, éstas últimas tienen sin embargo un mayor impacto en el medio ambiente. Como lo acredita la fundación Environmental Literacy Council, explotar el carbón a rajo abierto provoca no sólo erosión y pérdida de hábitat, sino que además contamina el aire con partículas tóxicas y exige remover cantidades enormes de suelo. Para darse una idea, para obtener una tonelada de carbón se calcula que hay que sacar 25 toneladas de tierra. Suponiendo que Mina Invierno alcance su máxima producción anual de seis millones de toneladas, se extraerían… ¡150 millones de toneladas de tierra cada año! O sea, ¡4.500 millones de toneladas en las tres décadas que se la quiere hacer producir! ¿A dónde irían a parar? Nada se ha dicho, pero probablemente el montículo podría pasar a formar parte de las altas cumbres de la Cordillera Riesco.
Prosigamos. Parte clave de la inversión se destinará a construir un puerto para despachar desde allí el mineral adonde lo necesitan, o sea, lejos de aquí, a las centrales termoeléctricas de la zona norte y centro. Éstas son generadoras como ninguna de emisiones de carbono, que Chile se comprometió a reducir en la cumbre de Copenhague en 2009. Como dato anecdótico, los grupos económicos Angelini y Von Appen, dueños de Minera Isla Riesco, suman juntos un 50 por ciento de participación en Guacolda, la mayor importadora de carbón en Chile y abastecedora de energía para la cuarta región.
En lo referente a empleos, nada se detalla acerca de la calidad de éstos o de cuántos serán para magallánicos. Como suele ocurrir con los proyectos mineros, además, la creación de trabajos es modestísima con relación a la inversión y a las ventas.
Si el medio ambiente les concierne, es por lo menos curioso que la única medida mencionada para paliar los efectos negativos de explotar una mina a rajo abierto de 500 hectáreas y 180 metros de profundidad sea plantar pasto al final. Falta también aclarar qué se hará con el drenaje ácido generado, que contamina las fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Si un plan de mitigación ni se nombra en la página web, es de esperar que exista al menos en el EIA presentado ante la Corema.
Por último, cabe preguntarse qué se entiende por política del “buen vecino”. Los cuarteles generales de la compañía quedan en Avenida el Bosque Norte 500, Las Condes. En Punta Arenas sólo tienen una oficina y una casilla.
Uno de los directores de Minera Isla Riesco declaró que este proyecto, junto con Hidroaysén, constituían las dos grandes promesas con las que contaba Chile para paliar el problema de la energía. No creo que ni el uno ni el otro sean la solución. Mientras éste se plantee desde la perspectiva de la oferta, ni el carbón, ni la mega-hidroelectricidad, ni siquiera una central nuclear darán abasto. Lo que hay que hacer más bien es ver cómo reducir la demanda, optimizando e incentivando esa optimización, por ejemplo, con subsidios a construcciones con aislación adecuada y paneles solares. La tierra ya está bien caliente. ¿Para qué echarle más carbón?

Esta columna también puede verse en el diario El Ciudadano y en la página web de No a la mina.
La versión completa en dos partes puede leerse aquí:
El lado oscuro del carbon Iy El lado oscuro del carbon II.
Para un ejemplo de los efectos que tienen estas minas a tajo abierto en Estados Unidos, aquí un excelente reportaje del New York Times.