Cuando Trump fue vetado de Twitter y Facebook después de instigar la “toma del Capitolio”, algunos celebraron la medida: ¡por fin hicieron lo que deberían haber hecho mucho antes! Otros retrocedieron incómodos: la libertad de expresión, incluso de Trump, era un valor que valía la pena preservar. En el espíritu de John Stuart Mill: no es con menos, sino con más apertura a diferentes opiniones como se preserva la democracia y como se avanza como sociedad. Más allá de apoyar o rechazar la medida de las dos redes sociales, lo que quedó claro—perdón por la perogrullada—es el poder que éstas detentan; no sólo el poder económico, forjado a punta de ingeniosos contadores y abogados especialistas en minimizar el pago de impuestos a nivel global, sino el poder político de decidir quién merece tener voz y quién no. Hoy nos alegramos porque callaron a Trump, pero mañana, ¿a quién callarán?
Con 275 millones de usuarios, Twitter tiene un grupo cautivo equivalente a la población de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, mientras que Facebook, con dos mil setecientos millones de usuarios, representa las poblaciones de los dos países más poblados del mundo, China e India. Hasta ahora, estos millones de usuarios han sido considerados como consumidores netos. Se les extrae información a cambio de los servicios provistos, para luego venderla a empresas que sabrán utilizarla en su propio beneficio; se los bombardea con (des)información que un algoritmo avispado anticipa que les gustará recibir; y se los llena de publicidad que otro algoritmo avispado estima que los tentará a comprar.
No es casualidad entonces que, con creciente urgencia, los estados se estén preguntando cómo domesticar a estas mega compañías. En Estados Unidos se habla de romper sus monopolios, en Europa se busca regular la extracción de datos de los usuarios, y en Australia se les quiere hacer pagar un porcentaje de sus utilidades locales a los medios noticiosos que hoy citan en sus páginas virtuales a costo cero (un análisis comprehensivo de los problemas éticos y políticos que plantean estas compañías es el de Shoshanna Zuboff en su libro sobre el capitalismo de vigilancia: en inglés, “The Age of Surveillance Capitalism”). Sin embargo, un elemento que ha estado ausente en la discusión es la responsabilidad de los usuarios mismos en demandar mayor regulación: éste es el elefante en la habitación. Si (algunos de) los millones de usuarios se organizaran, su poder no podría ser desestimado por estas compañías. Ellos son su capital, al fin y al cabo. Las demandas de éstos podrían dar lugar, por fin, a las primeras democracias globales.
Facebook y Twitter no son simples compañías, sino verdaderos gobiernos. Mientras esta dimensión política sea ignorada, funcionan en la práctica como dictaduras de la opinión pública, con el poder de decidir qué y quién tiene voz, cuánta voz tiene, qué criterios son los correctos para decidir cuándo alguien debería perder la voz, etc. Lo mínimo, como usuario de una plataforma de este tipo, sería demandar que fueran aquellos sujetos a las reglas quienes pudieran decidirlas, y no la dictadura (benevolente o no) de un Orwelliano Panel de Supervisión o de un caprichoso algoritmo. Curiosamente, la mayoría de mis amigos usuarios de estos servicios se sorprenden cuando les planteo esta cuestión. A pocos parece pasárseles por la cabeza que demandar su democratización es lo que corresponde. Me pregunto, por mi parte, cómo reaccionarían las compañías: ¿bloquearían a los insurrectos o los dejarían viralizarse? En lo personal, me exilié de Twitter cuando me hastió el hecho de saber que el mundo que me mostraba no era el mismo que les mostraba a mis vecinos. Si volviera, sería para ver el nacimiento de un foro de opinión pública global regido por normas mínimamente democráticas. ¿Se sumaría alguien al movimiento?
