La doctrina de Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (SPRN) surgió en los años sesenta, como resultado de una demanda hecha por los países recién decolonizados para controlar los recursos naturales en sus territorios y profitar económicamente de ellos. Si bien puede argüirse que esta doctrina cumplió una función útil en su origen, hoy, 60 años después, necesita una revisión urgente. En la columna anterior, me referí a un ejemplo—las ecorregiones, zonas de alta biodiversidad o de alto valor ecosistémico—donde la SPRN no garantiza ni sustentabilidad ni preservación del mundo natural no humano, y sugerí por qué era necesaria una transición a una doctrina de Custodia Permanente sobre el mundo natural no humano.
La idea de transitar a un nuevo marco de relación entre los seres humanos y el mundo natural a nivel global podrá parecer utópica, irrealizable. ¿Qué interés podrían tener los estados, se preguntará, en autoinfligirse un recorte en los derechos que detentan? Sobre todo en el caso de los más poderosos, ¿por qué habrían de modificar un estatus quo que les favorece? Creo que la respuesta a estas preguntas depende de cómo se entienda “estado” en las frases anteriores. Si por “estados” se tiene en mente a una serie de Leviatanes autárquicos y desconectados entre sí, luchando por la sobrevivencia en un estado de anarquía global, pues entonces la respuesta es que no habría interés alguno. Éste es el prisma del “realismo” político, que ve a los estados como átomos que sólo persiguen la satisfacción de sus preferencias individuales sin intención de cooperación alguna, a menos que sea para promover sus propósitos egoístas. Al contrario, si por “estado” se entiende una institución humana diseñada para promover la seguridad, autonomía y bienestar de los individuos (y nótese: todos individuos, no sólo los que habitan su territorio), entonces la respuesta es más esperanzadora.
Si los estados realmente reflejan los intereses individuales, es obvio que deberían estar dispuestos a cooperar en aquellos temas que no pueden resolverse por otro medio—y la protección del mundo humano no natural es un ejemplo obvio. El estatus quo actual en este respecto podrá favorecer a una élite global, pero definitivamente no favorece a la amplia mayoría de los seres humanos.
Así como hoy no es considerado aceptable que un estado viole derechos humanos fundamentales, o se anexe territorio por medio de la conquista armada (que algunos sigan intentándolo no significa que estas prescripciones no valgan), así también debería ser hora de que los estados dejen de verse como propietarios y dueños absolutos de la tierra y el mundo natural en sus territorios, y se abran a la posibilidad de modos policéntricos de gobernanza cuando la naturaleza del problema lo requiere. En este marco policéntrico, los estados serían custodios o guardianes, coordinando sus acciones con otros estados y con otras organizaciones: locales, regionales, supranacionales. Volviendo al caso de las ecorregiones, se podría partir por un Protocolo Global que armonizara las reglas y modos de proceder respecto a ellas, tomando en cuenta la experiencia no sólo científica, sino también de las comunidades locales.
El reciente Reporte Dasgupta sobre “La economía de la biodiversidad”, elaborado a pedido del gobierno británico, reconoce con claridad que nos hallamos en un momento que requiere no sólo de parches y modificaciones leves al sistema, sino de transformaciones estructurales. Una de ellas es asignarle por fin a la naturaleza el valor que tiene no sólo dentro de la economía, sino como soporte físico, mental y espiritual de nuestras vidas. Es en esta transformación donde se encuadraría la doctrina de Custodia Permanente, reflejando una nueva relación hacia lo que nos rodea. El fin de la esclavitud de humanos sobre humanos significó el fin de una institución que se había considerado “natural” y necesaria por milenios; el fin de la sujeción del mundo natural por los seres humanos y el comienzo de una relación de custodia debería marcar la próxima gran transición a nivel global.
