Recursos naturales y ciudadanos intranquilos

Uno de los tópicos que se ha popularizado dentro de la filosofía política en los últimos años es la cuestión de los derechos territoriales y de los derechos sobre los recursos naturales. Por razones obvias (cambio climático, sobre-explotación de recursos renovables y no renovables, extinción masiva de especies y pérdida y deterioro ecosistémico), preguntarse por el fundamento de estos derechos y por lo que significa una distribución justa de ellos es urgente, y nos son pocos quienes en los últimos años han formulado teorías al respecto.

Entre las más recientes está el igualitarismo global aplicado a los recursos naturales, propuesto por el inglés Chris Armstrong en un libro de próxima aparición. En breve, Armstrong parte de la premisa que la justicia distributiva es una meta a nivel global y no sólo doméstico, esto es, que debemos tomar medidas no sólo nacionales, sino también inter y supra nacionales para lograr que todas las personas puedan acceder a un cierto bienestar. Para lograrlo, la distribución de los recursos naturales es clave. A diferencia de otros igualitaristas globales, sin embargo, para quienes el ideal sería dividir todos los beneficios y costos de los recursos naturales en partes iguales entre todos los seres humanos (una meta a todas luces utópica, si no distópica), Armstrong reconoce que los apegos particulares a recursos específicos por parte de personas específicas deben ser tomados en cuenta. En la práctica, esto significa que algunos quizás puedan tener más derechos que otros sobre ciertos recursos, si esto ayuda a corregir las desigualdades en otras áreas. Estos derechos no son necesariamente derechos de propiedad, sino que pueden también ser de acceso, extracción, exclusión, alienación, administración, etc. Entender que diferentes apegos generan diferentes derechos, y que tomarlos en cuenta es fundamental para hacer una repartición justa es, entonces, la clave.

¿Cómo hacerlo? Pienso en la discusión que se está dando actualmente en Puerto Natales, respecto al proyecto carbonífero de Tranquilo, que pretende explotar 800 mil toneladas métricas de carbón al año durante una década, para exportarlas a la usina de Río Turbio en Argentina. El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado hace poco más de mes y será revisado por 27 organismos del estado que deberán entregar sus informes en un plazo de 120 días. Los ciudadanos, por su parte, tienen hasta el 22 de febrero para hacer observaciones a un documento de cientos de páginas (sólo el resumen ejecutivo tiene 32) y alta complejidad técnica. ¿Quién debería tener derecho a qué en este caso?

Después de una recomendación del concejo regional, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, anunció que podría llamarse a plebiscito para que los natalinos decidan sobre el proyecto, ubicado a apenas doce kilómetros de la ciudad. Las autoridades medioambientales, sin embargo, desecharon rápidamente la idea, argumentando que está fuera del marco de la institucionalidad ambiental y que, de hacerse, no sería vinculante. Mientras, la empresa organiza charlas y puerta-a-puerta para dar a conocer el proyecto a la comunidad, filtrando a su criterio la información que debe conocerse y la que no. Los interesados en que el proyecto sea aprobado se transforman, así, en juez y parte de su causa, porque la “institucionalidad ambiental” así lo permite: en vez de designarse a un grupo de asesores independientes que expliquen el proyecto en términos comprensibles al público, se deja a quienes están siendo evaluados que le cuenten a sus potenciales evaluadores las bondades de su propuesta… omitiendo, claro está, las debilidades.

En este caso, es bastante evidente que lo que hoy se entiende por “participación ciudadana” y las condiciones que se dan para ello deben ser replanteadas en proyectos de explotación de recursos de esta envergadura. Aplicando las ideas de Armstrong, lo que sería justo aquí (o menos injusto) sería que los ciudadanos no sólo pudieran involucrarse en el análisis del EIA, sino que tuvieran que hacerlo, con el estado como facilitador. No sólo organismos especializados, sino también agrupaciones de base, comunitarias, ambientales, educacionales y otras deberían ser parte integral (y no sólo accidental) de un proceso de decisión que hoy recae sobre unos pocos, aunque termine afectando a miles.

Mientras ello no ocurra, ideas como la del plebiscito sólo queda celebrarlas y apoyarlas. Aunque no sean vinculantes, actos de este tipo tienen un valor expresivo que no puede ser ignorado por quienes arman el marco institucional, y menos si cuentan con la participación masiva de la ciudadanía.

Nosotros y los “otros”

Los inmigrantes se han convertido en el último caballito de batalla de los candidatos aquí y allende. Se va a deportar a los inmigrantes que se pillen delinquiendo, promete uno (pero no dice nada acerca de si se deportarán también a los connacionales que delincan… ¿quizás porque habría que mandarlos a Marte?). Se pondrán cuotas de inmigración, dicen otros (y olvidan que su país mismo es fruto de la inmigración: léase Trump en Estados Unidos). Se aceptará sólo refugiados de verdad, no a aquéllos que simplemente buscan mejores expectativas de vida, enfatizan aún otros (ignorando que la búsqueda de “mejores expectativas de vida” es muchas veces una opción de vida o muerte).

Vive hoy el mundo un movimiento masivo de personas que dejan sus países de origen y buscan el futuro más allá de sus fronteras, por necesidad en la mayoría de los casos. Mientras, a los nativos se nos dan todo tipo de razones de por qué deberíamos temer un aumento en el número de otros diferentes a nosotros: nos quitan los trabajos, nos imponen sus costumbres, nos amenazan con dejarnos en minoría y con tomarse lo que es legítimamente nuestro, entre otras amenazas, dicen quienes buscan crear miedo en busca de votos.

En una tierra como Magallanes, donde todos somos otros o hijos de otros, se hace urgente por lo mismo tener un debate abierto y a tiempo acerca del tema. Antes de caer en xenofobias fundadas en la ignorancia y el prejuicio más que en argumentos racionales, debemos preguntarnos cada uno de los que habitamos esta región cómo llegamos aquí, y qué nos da el derecho a sentirnos más dueños de esta tierra que otros que recién vienen llegando.

En mi caso particular, soy una cruza chilote-croata, esto es, heredera de dos grupos humanos que han sido tradicionalmente migrantes. Así como hay más chilotes en Argentina y en otros lugares de Chile que en Chiloé, así también hay más croatas en California, Chile y Australia que en Croacia misma. ¿En qué sentido soy entonces más magallánica que los que recién se acostumbran al viento errático y a los amaneceres incandescentes de esta región? ¿Tengo acaso más derecho sobre esta tierra porque pasé mis infancias haciendo monos de nieve y patinando en la laguna Pudeto? ¿O simplemente –como en los juegos de niños – porque mi familia “llegó primero”?

Las sociedades que se cierran al cambio se convierten al final en sociedades moribundas. Frenar nunca resulta. Lo único que se puede hacer es canalizar ese cambio hacia donde se considere más deseable. Hoy que luchamos por una mayor descentralización y por una mayor independencia de las regiones frente al centro, deberíamos luchar también por una mayor apertura y por una mayor inclusión de quienes llegan desde otros rincones del mundo a formar parte de nuestra sociedad. La misma crítica que como magallánicos hacemos al “centro” (que nos olvida, que nos ignora, que nos ve como inferiores) podría volverse hacia nosotros mismos si no sabemos integrar nuevos miembros en condiciones de igualdad. Nuestra especie, por lo demás, ha sido desde su inicio africano una especie migrante, y a eso no podrán ponerle coto ni fronteras dibujadas en mapas de papel, ni discursos que intenten destacar diferencias donde no las hay – o donde, si las hay, son a lo más diferencias en los tiempos de estadía.

¡Punta Arenas, ciudad antártica 2048!

Hace poco más de un año publiqué una columna titulada ¡Punta Arenas, ciudad antártica 2016!, donde explicaba por qué me parecía una decisión acertada organizar la reunión consultiva anual del Tratado Antártico en esta ciudad. Desgraciadamente, ello no ocurrió esta vez, y la reunión acaba de culminar en Santiago. Durante dos semanas, nuestro país no sólo se lució como anfitrión de los otros 52 países miembros, sino también como parte proactiva en las discusiones que tuvieron lugar, en temas tan variados como las inspecciones a bases científicas, la aprobación de nuevas ASPAS y ASMAS (Areas Especialmente Protegidas y Areas Especialmente Administradas), el manejo de sitios turísticos, la importancia de la educación antártica, y la voluntad para profundizar el cumplimiento de los diferentes puntos del Protocolo Ambiental (que cumplió un cuarto de siglo).

Como soñar no cuesta nada, viajo a 2048, cuando podría tener lugar la próxima reunión consultiva en Chile (digo “podría”, porque la reunión se realiza cada año en un país consultivo, siguiendo el orden alfabético en inglés. Si en las próximas décadas se incorporan a los 29 actuales un par más, entonces a nuestro país le tocaría nuevamente ser sede ese año).

En esta ocasión, Punta Arenas es designada sin dudas como la ciudad anfitriona de los cerca de 500 delegados de más de 60 países (en las tres décadas pasadas, se han ido incorporando a este sistema multilateral países de Centroamérica y África, antes casi totalmente ausentes). Al llegar, los visitantes se maravillan con el Centro Antártico Internacional (CAI) que, a poco más de 25 años de inaugurado, ha cumplido el objetivo de convertir a Punta Arenas en un centro de ciencias polares. Los laboratorios del Instituto Antártico Chileno y de la UNAC (Universidad Antártica de Chile, ex-UMAG) intercambian ideas y colaboran en proyectos con otros expertos mundiales en glaciología, ciencias del clima, oceanografía y paleontología, entre otras disciplinas. Al alero del CAI, el Instituto de Humanidades Antárticas organiza cursos para audiencias cosmopolitas. En el museo interactivo, los visitantes aprenden de la historia del Continente Blanco y de su estrecho vínculo con nuestra tierra, y se pasean por entre la flora y fauna más austral del mundo, recreada en jardines, acuarios y pantallas gigantes que muestran la oculta vida submarina.

2048 es por lo demás un año clave para el Sistema del Tratado Antártico. Hace 50 años ha entrado en vigencia el Protocolo Ambiental, que convirtió al medio ambiente antártico en el más resguardado del mundo. Los países consultivos, que tienen voz y voto en la toma de decisiones, renuevan este compromiso, dejando así libre a la Antártica de la prospección y explotación de sus recursos minerales.

A estas alturas, el modelo de gobernanza de recursos naturales promovido por el Sistema del Tratado Antártico se ha convertido en un ejemplo de cómo administrar de manera responsable y con un enfoque precautorio. Por un lado, se ha puesto coto al número de turistas, luego de que éstos aumentaran explosivamente en las primeras décadas del siglo XXI, alcanzando los 50 mil al año en 2020. El Fondo Antártico de Protección Ambiental, financiado por las entradas que pagan quienes visitan el continente blanco, recauda cada año varios millones de dólares para investigación. Por otro lado, la pesca de krill y bacalao de profundidad siguen en aumento, pero el sistema de observadores a bordo se ha perfeccionado y la detección de embarcaciones ilegales se ha hecho mucho más eficiente. Más aún, el krill ya casi no se ocupa para alimentar salmones ni para hacer pastillas de Omega-3. Gracias a una exitosa campaña de marketing, ahora es tan popular como los camarones y los chefs se lo pelean para inventar nutritivas recetas.

Algunos pocos delegados valientes se aventuran a tomar el avión a la Isla Rey Jorge, para visitar el poblado antártico de Villa Las Estrellas. Administrado por Chile, sus cien habitantes son familias de diferentes nacionalidades que han postulado a una lotería para vivir en carne propia la experiencia de habitar en este paraje extremo por unos años, para luego convertirse en sus embajadores y guardianes. En la isla, los molinos de viento han reemplazado hace rato a los generadores a diésel, y las bases de diferentes nacionalidades ahora convierten la basura en biogas. Después de la visita, los delegados quedan convencidos de que los esquemas de soberanía tradicional han quedado atrás –para bien – en el caso de la Antártica.

Suena el despertador.