“Caso Pollos”: La furia equivocada

Mucho se ha hablado estos últimos días sobre el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y sancionó por colusión a las tres mayores empresas productoras de pollo en Chile, Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. Entre 2006 y 2011, se acusa a estas empresas de haber controlado los precios a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA), ahora disuelta también por orden del Tribunal. Tras el fallo, el ministro de economía Luis Felipe Céspedes se refirió al “Caso Pollos” como “el delito más grande de la competencia en Chile,” si se tiene en cuenta que “este producto constituye algo así como el 40 por ciento del consumo interno en materia de carnes, y afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos.” A la sanción de 60 millones de dólares que deberán pagar entre las tres empresas (25, 25 y 10, respectivamente), el SERNAC por su parte anunció que podría sumar nuevas acciones legales para compensar a los consumidores que se vieron afectados por el ilícito. La Sofofa, en tanto, declaró toda mala práctica que atente gravemente contra nuestra economía.

Los titulares y noticias al respecto suman y siguen, pero el enfoque no cambia demasiado. Aquí el ilícito fue ir contra las leyes del mercado y de la libre competencia; coordinarse para controlar la producción y así mantener un nivel “rentable” de precios a costa del público; perjudicar a la dueña de casa que tuvo que pagar veinte pesos más por la doble pechuga que lo que habría debido pagar si las curvas de oferta y demanda hubieran fluctuado sin manos negras interviniéndolas. Aquí las víctimas fueron los chilenos y sus bolsillos, la reputación del empresariado nacional y la economía misma, contra la cual se atentó gravemente. Pero, ¿y los pollos? ¿No se llama el escándalo “Caso Pollos”?

El TLDC declara en un comunicado que el acuerdo respecto a la cantidad a producir por las tres empresas “fue controlado o ajustado mediante sugerencias de carga, matanza de crías u otras políticas o mecanismos coordinados.” ¿Matanza de crías? ¿Cuántas en total, cuántas al año, en qué circunstancias? ¿Y a dónde fueron a parar sus cadáveres? Quienes reportearon la noticia pasaron por encima del sufrimiento inútil de miles de animales sacrificados gratuitamente por una pingüe ganancia económica. No debería parecer tan rara dicha omisión, dirán algunos, en una sociedad donde los animales “para carne” son tratados como si tuvieran un estátus ontológico independiente de los demás. Los animales “para carne” son tratados como objetos, no como seres que sufren y gozan igual que nosotros, a su manera claro está; los animales “para carne” no tienen rostro, sino que se transforman en sus partes (pechugas, trutros, lomo, asiento, chuleta); los animales “para carne” no se ven nunca en vida, sino tan solo ya procesados y enfundados en alusaplast sobre asépticas bandejas de plumavit. Si nos diéramos la molestia de ver las vidas que llevan, quizás, más de alguno que se jacta de lo rico que le queda el pollo a la naranja lo reemplazaría raudo por un buen plato de porotos. Es más fácil, para poder seguir dándonos nuestros gustitos pequeños sin remordimientos, ignorarlos, esconderlos y dejarlos a la sombra de toda publicidad, ajenos a las cámaras, invisibles (¿cuántos de quienes comen pollo, pavo y cerdo ha entrado a la granja industrial y luego al matadero a ver cómo los “procesan”?)

El Caso Pollos, a mi parecer, revela dos enfermedades que debemos enfrentar pronto como sociedad. Una, ya bien diagnosticada por el TDLC, es la enfermedad del lucro por el lucro, cuando ninguna utilidad es suficiente y se está dispuesto a ir contra la ley y contra ciertos mínimos principios morales si ésa es la única manera de aumentar los ceros al final del balance. La otra enfermedad, igual o más grave, es la insensibilidad casi total con la que tratamos hoy a cientos de miles de animales que hacemos nacer para criar amontonados y cautivos en condiciones que nadie quiere ver, y que sacrificamos para ponerlos al plato innecesariamente (considerando la cantidad de alternativas que existen a una dieta carnívora). Otro de los datos que pasó inadvertido en el Caso Pollos fue que, dentro de los diferentes tipos de animales que se consumen en Chile, los pollos ocupan casi la mitad, con un consumo promedio de 30 kilos per cápita al año. En una población de 16 millones de chilenos, eso significan 480 millones de kilos … ¿a cuántos animales muertos equivale esa cantidad? ¿Alguien se ha puesto siquiera a hacer el cálculo?

Si no por compasión y empatía mínima, al menos por preocupaciones sanitarias (tanto hacia el medio ambiente como hacia la salud humana) deberíamos cuestionarnos estas cifras. Tanto como para denunciar las malas prácticas empresariales, el Caso Pollos debería servirnos para revisar nuestras malas prácticas como consumidores – y, en último término, como animales humanos tratando y maltratando a los demás.

Esta columna también puede leerse en El Mostrador

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