La Ley Finnmark, Patagonia Sin Represas y la redemocratización de los recursos naturales

Finnmark es el nombre de una región en el extremo noreste de Noruega que ocupa un área equivalente a las regiones de Los Lagos o Tarapacá. Es un lugar de extremos, donde el sol brilla a medianoche en verano y se esconde de noviembre a enero, en los meses más crudos del invierno. Es el hogar de 200,000 renos, unos pocos lobos y la aurora boreal – ese espectáculo celeste que atrae a miles de turistas cada año. Es también donde los nativos Sami han vivido por miles de años como pastores nómades, pescadores y cazadores. 40.000 en toda Noruega, la mitad de los Sami viven en Finnmark, donde representan un cuarto de la población.

 Aunque también los hay en Suecia, Finlandia y Rusia, los Sami noruegos son quizás los mejor conocidos, por la especial relación que han logrado forjar con el Estado noruego y su gente. Aunque sin poder legislativo, la creación del Parlamento Sami en 1987 les dio una oportunidad para ser oídxs en la arena política, luego de décadas de relativo abandono. Su reconocimiento en la Constitución en 1988 fue un paso para preservar su cultura, idioma y tradiciones. Pero fue la ratificación de la Ley Finnmark, en 2005, la que marcó un salto cualitativo en término de poder político. ¿Qué es esta ley, cómo se forjó y cómo se relaciona con una Patagonia sin Represas?

La primera en su tipo en el mundo, la Ley Finnmark transfirió el 95 por ciento de esta región desde el Estado noruego a sus habitantes, representados por una agencia a cargo de administrar el uso del agua y la tierra. Compuesta de seis miembros, tres son elegidos por el Parlamento Sami, y tres por el Consejo del Condado de Finnmark (donde hay Samis y no Samis). El líder del directorio es elegido de manera alternada por ambos organismos.

Lo que hace única a la Ley Finnmark es que propone un nuevo camino para la administración de la tierra y los recursos naturales dentro de los Estados, abriendo una tercera categoría entre lo privado y lo público: esto es, lo localmente controlado. Aunque inspirada en gran medida por la necesidad de reconocer las actividades económicas tradicionales de los Sami y su concepto de tenencia de la tierra (donde la propiedad privada está fuera de su mapa conceptual), esta ley debe ser vista ante todo como un instrumento legal que da especial reconocimiento a las demandas territoriales de quienes han transformado su entorno y se han dejado transformar por él – más allá de si son indígenas o no. Claro está que la ley admite mejoras. Dos puntos polémicos son que sólo incluye los recursos renovables – dejando fuera el petróleo y los minerales –, y excluye los derechos de pesca en aguas marinas, seguramente una concesión a la poderosa industria pesquera. Éstos, sin embargo, no están fuera de la discusión, y la posibilidad de que se integren en el futuro no está completamente cerrada.

¿Cómo se forjó la Ley Finnmark? Mi interpretación favorita es que fue el producto final y no intencionado de un largo movimiento de reivindicación de los derechos Sami y, más profundamente, de los derechos de las comunidades locales a tener control real – y no meramente voz – sobre las decisiones que los afectan directamente. Este movimiento fue gatillado por lo que se conoce como la controversia de Alta, un proyecto para construir una represa en el río Alta, en Finnmark, a fines de los ’70. El plan inicial fue rechazado porque implicaba inundar un pequeño pueblo Sami y afectaba sus actividades de pastoreo de renos y pesca de salmón. Unidos a grupos ambientalistas, los Sami presentaron demandas judiciales, organizaron protestas y huelgas de hambre y participaron en actos de desobediencia civil, encadenándose frente al sitio de construcción. La batalla, sin embargo, se perdió, cuando en 1982 la Corte Suprema le dio la razón al gobierno noruego, y la represa fue finalmente construida.

Lo que parece una derrota a primera vista, sin embargo, fue un cimiento para la organización de los Sami como grupo y para su aparición en la agenda política. Pero no sólo eso. Hizo que el gobierno noruego y su gente se abrieran a la posibilidad de que personas con diferentes concepciones de la tierra, el territorio y la propiedad pueden convivir en un mismo país, incluso si esa coexistencia requiere negociaciones por ambos lados y paciencia para el diálogo.

¿Qué tiene que ver esto con la actual oposición al proyecto Hidroaysén en la Patagonia chilena y, más en general, con la oposición al modus operandi habitual del Estado chileno cuando evalúa proyectos de este tipo? Más de lo que aparece a primera vista.

 Quienes conocen nuestra historia de controversias ambientales seguramente señalarán aquí que el punto de comparación obvia con Alta es la oposición de los Pehuenche a la central Ralco (también de Endesa, una de las dos compañías detrás de Hidroaysén). Este proyecto hidroeléctrico fue aprobado en 1998, luego de años de oposición de ambientalistas y comunidades indígenas del Alto Bío-Bío, forzadas a desplazarse. En vez de marcar un antes y después, sin embargo, lxs que se opusieron a Ralco permanecieron ignoradxs por el Estado chileno. Para colmo de males, un Museo Pehuenche fue construido en los alrededores, convirtiendo a la cultura viva que acababa de ser hundida en un ítem histórico.

Es cierto que la controversia de Ralco sirvió tanto a ambientalistas como a grupos indígenas a organizarse, levantar una sola voz y captar la atención de los medios. Pero no sirvió para cambiar los métodos jerárquicos y centralizados del Estado chileno al evaluar megaproyectos que amenazan tener un profundo impacto a corto y largo plazo en las poblaciones locales y el medio ambiente. Usando ese mismo enfoque se aprobó la planta de celulosa Celco en Valdivia, que provocó la muerte (como era predecible) de más de dos mil cisnes de cuello negro; y también Pascua Lama, a pesar de la amenaza de contaminación y escasez de agua para los agricultores del valle del Huasco. Con ese mismo enfoque también se aprobaron las cinco represas del proyecto Hidroaysén, en 2011, generando protestas masivas en la región y en todo Chile. Está por verse lo que sucederá con la segunda parte del proyecto: la línea de transmisión de más de dos mil kilómetros.

Dada la creciente presión sobre recursos naturales cada vez más escasos, las decisiones sobre cómo administrarlos serán cada vez más disputadas. En países ricos en dichos recursos, como Chile y Noruega, esto debería llevar a la decentralización de los procesos de toma de decisión y a una real democratización, donde no sólo participen los sospechosos de siempre. En este sentido, mientras los efectos prácticos de la Ley Finnmark aún están por verse, el ejemplo que pone – donde la comunidades locales tienen mayor poder sobre las decisiones que las afectan – debería ser una inspiración para quienes se oponen a que el Sur (esto es, la Patagonia) se convierta en el motor del Norte (esto es, la poderosa industria minera).

Esta columna también puede leerse en Lamansaguman

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