27/06/10 Cosas de minas

Mientras nuestro ministro de minería se encuentra en Sudáfrica para apoyar a la selección chilena de fútbol, me pregunto quién defenderá en el Congreso el polémico artículo para elevar el royalty minero, incluido en el proyecto de ley para financiar la reconstrucción. Tras ser rechazado por los parlamentarios concertacionistas, todo indica que éste necesitará de algo más que de un coro de vuvuselas para ser aprobado. Si reina la prudencia, lo lógico sería desecharlo completamente y empezar de nuevo. He aquí un par de cifras y algo de contexto para entender por qué.
El artículo en discusión propone aumentar levemente y por un par de años el royalty minero, para así obtener 600 millones de dólares que alcanzarían para construir 20 mil viviendas “definitivas” en la zona arrasada por el terremoto del 27 de febrero pasado. A cambio, se extiende la invariabilidad tributaria para las mineras hasta el 2025, ocho años más que lo acordado originalmente. Para apoyar la moción, se ha dicho que ese dinero es fundamental y que sería de una mezquindad indescriptible privar a los damnificados en este momento; que es urgente obtenerlo, y que no hay tiempo para seguir calculando mientras los sin techo enfrentan los rigores del invierno sureño (sólo aliviados por alguna tallarinata presidencial de beneficencia).
Lo que sus partidarios dicen menos es el tipo de pacto que se está proponiendo. 600 millones de dólares suenan a mucho ¬–cuando la cifra se pronuncia con solemnidad y reverencia en un discurso político–, pero equivalen en realidad a 600 casas “definitivas” al estilo de La Dehesa o Lo Barnechea; o a un 0,002 por ciento del producto interno bruto anual de Chile.
Por mi parte, le recomiendo a la autoridad ministerial que, aprovechando que ya está a mitad de camino, se dé la vuelta al mundo y haga escala en Australia, donde la discusión de los impuestos a las mineras también está que arde… o que se funde, para usar una metáfora ad hoc.
El actual gobierno laborista australiano busca eliminar el royalty –que se cobra por tonelada extraída de mineral– y reemplazarlo por un impuesto de 40 por ciento a las utilidades, o “Super Profit Tax”. No digo que haya que armar el país a punta de copiar lo que se hace afuera, pero en este caso creo que el ejemplo es iluminador. Porque el cobre no se planta ni se cosecha, y porque la demanda mundial no ha dejado de crecer en los últimos años (así como crecen las “súper-utilidades” de las compañías), las autoridades de ese país decidieron mirar a largo plazo y empezar a valorar sus riquezas naturales no renovables. A menos que se descubra cobre sintético, Australia y Chile seguirán siendo exportadores seguros de este mineral. Y a menos que las transnacionales decidan que traer cobre de Marte les sale más barato, tendrán que subordinarse a las leyes de quienes poseen la materia prima, por mucho que amenacen en un comienzo.
Mantener fijo por 15 años más un royalty de apenas 5 por ciento es tanto cortoplacista como irreflexivo. Dar esta garantía a las mineras, a cambio de un suma para ellas irrisoria, es como quemar billetes de diez mil para matar el frío, en vez de invertirlos en un buen calentador.

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