Recursos naturales y ciudadanos intranquilos

Uno de los tópicos que se ha popularizado dentro de la filosofía política en los últimos años es la cuestión de los derechos territoriales y de los derechos sobre los recursos naturales. Por razones obvias (cambio climático, sobre-explotación de recursos renovables y no renovables, extinción masiva de especies y pérdida y deterioro ecosistémico), preguntarse por el fundamento de estos derechos y por lo que significa una distribución justa de ellos es urgente, y nos son pocos quienes en los últimos años han formulado teorías al respecto.

Entre las más recientes está el igualitarismo global aplicado a los recursos naturales, propuesto por el inglés Chris Armstrong en un libro de próxima aparición. En breve, Armstrong parte de la premisa que la justicia distributiva es una meta a nivel global y no sólo doméstico, esto es, que debemos tomar medidas no sólo nacionales, sino también inter y supra nacionales para lograr que todas las personas puedan acceder a un cierto bienestar. Para lograrlo, la distribución de los recursos naturales es clave. A diferencia de otros igualitaristas globales, sin embargo, para quienes el ideal sería dividir todos los beneficios y costos de los recursos naturales en partes iguales entre todos los seres humanos (una meta a todas luces utópica, si no distópica), Armstrong reconoce que los apegos particulares a recursos específicos por parte de personas específicas deben ser tomados en cuenta. En la práctica, esto significa que algunos quizás puedan tener más derechos que otros sobre ciertos recursos, si esto ayuda a corregir las desigualdades en otras áreas. Estos derechos no son necesariamente derechos de propiedad, sino que pueden también ser de acceso, extracción, exclusión, alienación, administración, etc. Entender que diferentes apegos generan diferentes derechos, y que tomarlos en cuenta es fundamental para hacer una repartición justa es, entonces, la clave.

¿Cómo hacerlo? Pienso en la discusión que se está dando actualmente en Puerto Natales, respecto al proyecto carbonífero de Tranquilo, que pretende explotar 800 mil toneladas métricas de carbón al año durante una década, para exportarlas a la usina de Río Turbio en Argentina. El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado hace poco más de mes y será revisado por 27 organismos del estado que deberán entregar sus informes en un plazo de 120 días. Los ciudadanos, por su parte, tienen hasta el 22 de febrero para hacer observaciones a un documento de cientos de páginas (sólo el resumen ejecutivo tiene 32) y alta complejidad técnica. ¿Quién debería tener derecho a qué en este caso?

Después de una recomendación del concejo regional, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, anunció que podría llamarse a plebiscito para que los natalinos decidan sobre el proyecto, ubicado a apenas doce kilómetros de la ciudad. Las autoridades medioambientales, sin embargo, desecharon rápidamente la idea, argumentando que está fuera del marco de la institucionalidad ambiental y que, de hacerse, no sería vinculante. Mientras, la empresa organiza charlas y puerta-a-puerta para dar a conocer el proyecto a la comunidad, filtrando a su criterio la información que debe conocerse y la que no. Los interesados en que el proyecto sea aprobado se transforman, así, en juez y parte de su causa, porque la “institucionalidad ambiental” así lo permite: en vez de designarse a un grupo de asesores independientes que expliquen el proyecto en términos comprensibles al público, se deja a quienes están siendo evaluados que le cuenten a sus potenciales evaluadores las bondades de su propuesta… omitiendo, claro está, las debilidades.

En este caso, es bastante evidente que lo que hoy se entiende por “participación ciudadana” y las condiciones que se dan para ello deben ser replanteadas en proyectos de explotación de recursos de esta envergadura. Aplicando las ideas de Armstrong, lo que sería justo aquí (o menos injusto) sería que los ciudadanos no sólo pudieran involucrarse en el análisis del EIA, sino que tuvieran que hacerlo, con el estado como facilitador. No sólo organismos especializados, sino también agrupaciones de base, comunitarias, ambientales, educacionales y otras deberían ser parte integral (y no sólo accidental) de un proceso de decisión que hoy recae sobre unos pocos, aunque termine afectando a miles.

Mientras ello no ocurra, ideas como la del plebiscito sólo queda celebrarlas y apoyarlas. Aunque no sean vinculantes, actos de este tipo tienen un valor expresivo que no puede ser ignorado por quienes arman el marco institucional, y menos si cuentan con la participación masiva de la ciudadanía.

Nosotros y los “otros”

Los inmigrantes se han convertido en el último caballito de batalla de los candidatos aquí y allende. Se va a deportar a los inmigrantes que se pillen delinquiendo, promete uno (pero no dice nada acerca de si se deportarán también a los connacionales que delincan… ¿quizás porque habría que mandarlos a Marte?). Se pondrán cuotas de inmigración, dicen otros (y olvidan que su país mismo es fruto de la inmigración: léase Trump en Estados Unidos). Se aceptará sólo refugiados de verdad, no a aquéllos que simplemente buscan mejores expectativas de vida, enfatizan aún otros (ignorando que la búsqueda de “mejores expectativas de vida” es muchas veces una opción de vida o muerte).

Vive hoy el mundo un movimiento masivo de personas que dejan sus países de origen y buscan el futuro más allá de sus fronteras, por necesidad en la mayoría de los casos. Mientras, a los nativos se nos dan todo tipo de razones de por qué deberíamos temer un aumento en el número de otros diferentes a nosotros: nos quitan los trabajos, nos imponen sus costumbres, nos amenazan con dejarnos en minoría y con tomarse lo que es legítimamente nuestro, entre otras amenazas, dicen quienes buscan crear miedo en busca de votos.

En una tierra como Magallanes, donde todos somos otros o hijos de otros, se hace urgente por lo mismo tener un debate abierto y a tiempo acerca del tema. Antes de caer en xenofobias fundadas en la ignorancia y el prejuicio más que en argumentos racionales, debemos preguntarnos cada uno de los que habitamos esta región cómo llegamos aquí, y qué nos da el derecho a sentirnos más dueños de esta tierra que otros que recién vienen llegando.

En mi caso particular, soy una cruza chilote-croata, esto es, heredera de dos grupos humanos que han sido tradicionalmente migrantes. Así como hay más chilotes en Argentina y en otros lugares de Chile que en Chiloé, así también hay más croatas en California, Chile y Australia que en Croacia misma. ¿En qué sentido soy entonces más magallánica que los que recién se acostumbran al viento errático y a los amaneceres incandescentes de esta región? ¿Tengo acaso más derecho sobre esta tierra porque pasé mis infancias haciendo monos de nieve y patinando en la laguna Pudeto? ¿O simplemente –como en los juegos de niños – porque mi familia “llegó primero”?

Las sociedades que se cierran al cambio se convierten al final en sociedades moribundas. Frenar nunca resulta. Lo único que se puede hacer es canalizar ese cambio hacia donde se considere más deseable. Hoy que luchamos por una mayor descentralización y por una mayor independencia de las regiones frente al centro, deberíamos luchar también por una mayor apertura y por una mayor inclusión de quienes llegan desde otros rincones del mundo a formar parte de nuestra sociedad. La misma crítica que como magallánicos hacemos al “centro” (que nos olvida, que nos ignora, que nos ve como inferiores) podría volverse hacia nosotros mismos si no sabemos integrar nuevos miembros en condiciones de igualdad. Nuestra especie, por lo demás, ha sido desde su inicio africano una especie migrante, y a eso no podrán ponerle coto ni fronteras dibujadas en mapas de papel, ni discursos que intenten destacar diferencias donde no las hay – o donde, si las hay, son a lo más diferencias en los tiempos de estadía.

Castor con lechuga

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En la columna pasada me referí al principio ético del menor daño posible y su conexión con las dietas vegetarianas y veganas. En resumen, quienes se abstienen de consumir carne y/u otros productos de origen animal lo hacen en pos de generar el menor daño posible con sus acciones. Algunos, como los vegetarianos “pragmáticos”, creen que esta dieta es la más aconsejable dadas las actuales circunstancias de producción y consumo de alimentos de origen animal; otros, como los veganos abolicionistas, creen que el daño está en tratar como objeto de propiedad a seres sintientes cuyo estatus moral exige dejarlos libres. El principio del menor daño exige en este segundo caso eliminar de la dieta cualquier traza de origen animal, y limitarse a consumir cereales, legumbres y verduras que carecen de aquel estatus.

El principio del menor daño suena atrayente por su aparente simplicidad, pero esta apariencia es engañosa. En un ingenioso artículo, S.L. Davis plantea que quienes realmente quieren minimizar el daño (entendido como la muerte y sufrimiento innecesario de animales humanos y no humanos) deberían adoptar una dieta de hamburguesas con vegetales. ¿Cómo así? Apoyándose en un par de estudios científicos, Davis muestra que en la producción de cereales, legumbres y vegetales mueren cientos y hasta miles de animales de campo, como ratones, conejos y hurones aplastados bajo las máquinas o sin hogar y a merced de sus depredadores. La agricultura industrial, así, no garantiza que el daño será minimizado. Ante esto, la sugerencia de Davis es comer hamburguesa de vacas que pastan libremente con una que otra hoja de lechuga, pero no demasiadas. ¿Hace sentido la sugerencia?

Me parece que el mérito de Davis está en mostrar que, aun si concedemos que los sujetos dañados incluyen animales humanos y no humanos, y que medir el daño es posible, es muy difícil acordar qué acciones exactamente serán las que lo minimicen. Una pregunta, por ejemplo, es si es mejor limitarse a consumir productos no animales (aunque éstos ocasionen necesariamente la muerte de animales silvestres), o comer dichos productos acompañados de los animales que morirán en el curso de su producción, como conejos atropellados y ratones sin hogar. Otra pregunta es si, en lugares donde existen plagas que serán eliminadas sí o sí, no es mejor convertir la carne de la plaga en comida y minimizar así la producción de otros alimentos que matan a su vez a otros animales. En el caso de Magallanes, una dieta de castor y liebre con papas y lechugas regionales podría ser, desde esta perspectiva, la mejor de todas.

Estas preguntas no pretenden llevar al absurdo el principio del menor daño, sino más bien provocarnos a ser más reflexivos y a informarnos mejor sobre lo que nos echamos a la boca. Por consideraciones como la compasión, el respeto y la minimización de nuestra huella ambiental, creo que las dietas no carnívoras apuntan en la dirección correcta en lo que a una dieta ética se refiere y logran la mayoría de las veces minimizar el daño. En lugar de sostenerlas como absolutos que debemos adoptar sin excepciones, creo sin embargo que debemos abrazarlas atentos al contexto y con la flexibilidad que da el saber que hasta aquellos con las mejores intenciones en la teoría pueden errar medio a medio a la hora de la puesta en práctica.

El principio del menor daño

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Desde la aparición de Liberación Animal del filósofo australiano Peter Singer, en 1975, la lucha por los derechos y por el bienestar de los animales no humanos ha seguido un camino ascendente. Un terreno donde esta lucha se hace más patente es en el de la alimentación. Si otorgamos consideración moral a los animales no humanos, entonces lo que elegimos llevarnos a la boca ya no da lo mismo. Y esto es un desafío sobre todo en sociedades como ésta, donde comer pollo con arroz o salchicha con puré son actos tan poco cuestionados que pasan por normales o naturales.

Cada vez más, menos mal, es más fuerte la crítica hacia un tipo de alimentación que ignora hasta la compasión más mínima hacia sus objetos (que en realidad son sujetos) de consumo. En las granjas industriales, pollos y pavos son vistos y tratados de nacimiento a fin como carne y no como seres que sienten placer y dolor. Las vacas no son madres de terneros ansiosos de mamar, sino máquinas productoras de leche a las que hay que inyectar hormonas una y otra vez, sin domingos ni festivos. Los cerdos no son tratados como los seres inteligentes que son, sino como jamones con patas que tienen los días contados desde el nacimiento.

No voy a repetir aquí décadas de información y trabajo investigativo documentando la total falta de empatía y humanidad que tiene lugar cada día a la sombra de nuestras sociedades urbanas para garantizar el consumo de productos animales (¿sabe usted dónde faenaron al animal del que salió esa mortadela que tiene en su plato de desayuno? ¿Ha visto alguna vez un letrero de “Matadero” anunciado con luces neón?). Me interesa más bien explicitar el principio ético que está presente de manera tácita en los argumentos de quienes optan por el vegetarianismo, el veganismo o alguna variante similar de alimentación “ética”. Quienes caricaturizan estas opciones de vida generalmente no ven lo que hay al fondo de todas ellas. Cuando esto aparece, sin embargo, es mucho más difícil no tomarlas en serio. Se lo conoce como el “principio del menor daño”, y podría resumirse así: Actuar de manera ética es actuar minimizando el daño. Consumir productos animales produce más daño que no consumirlos. Ergo, una alimentación ética es una que se abstiene en lo posible del consumo de productos animales.

Esto es, por supuesto, una gruesa generalización de muy diferentes posturas. Para los que podrían llamarse vegetarianos “pragmáticos”, por ejemplo, comerse un bife no es malo en sí mismo. El tema es que en la práctica es casi imposible encontrar un bife que se haya producido siguiendo el principio del menor daño posible (a menos que uno cace su propio jabalí silvestre, o críe a su vaca a campo abierto y la mate de un certero tiro en la nuca). Dadas las presentes circunstancias, así, el vegetariano pragmático no consume este tipo de productos a la espera de que los patrones de consumo y producción se modifiquen radicalmente. Para los veganos abolicionistas, en cambio, lo que está mal es atribuirnos derechos de propiedad sobre seres que en principio no son apropiables. Desde esta posición, tratar a un animal como objeto de consumo nunca es aceptable, no importa con cuánto cariño lo hayamos criado ni con cuán buena puntería lo hayamos matado. Además, como los animales no humanos no son objeto de propiedad, sus productos tampoco lo son. En breve, minimizar el daño para los veganos abolicionistas implica respetar la libertad de vida de los animales no humanos al punto de abstenerse de consumir no sólo carne animal, sino también cualquier producto derivado como leche, huevos y hasta miel. En una próxima columna exploro las implicancias y problemas de este principio.

Una nueva era antártica

Hoy domingo 6 de noviembre se celebra el día de la Antártica chilena. Y este año el regalo recibido es particularmente importante: la designación de 1,57 millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross como Área Marina Protegida (AMP), ahora la reserva más grande del mundo en tierra y mar.

Después de años de persistente muñequeo diplomático acompañado de poderosos argumentos científicos y técnicos, el pasado 28 de octubre los 24 estados miembros de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) –entre los cuales está nuestro país – más la Unión Europea, aprobaron la creación de este parque marino cuya superficie equivale aproximadamente a dos Chiles continentales. Se trató de un logro sorpresivo, considerando que por años Rusia y China se habían opuesto a la idea. En la práctica, esto significa que en los próximos 35 años este ecosistema (uno de los más prístinos que van quedando en el planeta) estará reservado a la investigación científica, destinado a la conservación y cerrado casi totalmente a la pesca industrial de krill y bacalao de profundidad.

Pero, dirán los escépticos, ¿qué tiene que ver esto con el día de la Antártica chilena, si el Mar de Ross queda al otro lado de nuestra reclamación territorial? ¿Por qué vamos a celebrar la creación de una reserva marina antártica en un área donde no hay presencia chilena ni probablemente la habrá? ¿Qué puede importarnos y en que podría afectarnos lo que pase allí, en otro extremo del Continente Blanco?

Hay al menos tres razones por las cuales hoy, en el día de la Antártica chilena, debemos celebrar junto a la CCRVMA el nuevo status del Mar de Ross.

En primer lugar, esta decisión marca el comienzo de una nueva era en la política antártica internacional. Hoy los países con intereses antárticos manifiestan a través de este acto que las pretensiones soberanas no sólo se refieren a ejercer derechos, sino también (y quizás sobre todo) a cumplir con ciertos deberes. En este caso, el deber es mantener la Antártica como un continente de paz, reservado a la protección del medio ambiente y a la cooperación e investigación científica, convirtiendo en letra viva los objetivos estipulados en el Protocolo de Madrid hace 25 años. La vocación antártica hoy ya no es aquella con aire imperialista que rigió la mayor parte del siglo XX, cuando los contrincantes clavaban banderas en medio del hielo y efectuaban actos de ocupación apenas presenciados por la colonia de pingüinos más cercana, con la esperanza de declararse dueños del territorio para luego explotarlo económicamente. La vocación antártica hoy, al contrario, está en conocer y proteger lo que se cree y quiere como propio. Si se atiende al contexto mundial, marcado por el aumento de la población humana y por su impacto en el medio ambiente, éste es un giro necesario y bienvenido, sobre todo para quienes creemos que el destino de las generaciones futuras sí debe importarnos y que para ellas nuestro actual manejo de la Antártica será definitorio.

indiceEn segundo lugar, como chilenos debemos celebrar esta decisión, porque refuerza la legitimidad del Sistema del Tratado Antártico (STA), en el que Chile ha jugado desde su gestación un rol protagónico. Está claro que el régimen de “quien llega, lleva” (más elegantemente conocido como res nullius) funciona desastrosamente en un mundo con cada vez más consumidores bajo un sistema económico basado en una idea de crecimiento lineal e infinito. Por suerte, al alero de este bicho raro pero eficiente del derecho internacional que es el STA, la Antártica es hoy “administrada” por un consorcio creciente de países que libremente se involucran en la toma de decisiones. Tras partir con 12 signatarios del Tratado de Washington en 1959, hoy el Tratado Antártico cuenta con 53 miembros, 24 con derecho a voz, y 29 con derecho a voz y voto. Ellos representan un tercio del total de países del mundo y más de la mitad de la población. En este escenario, por su privilegiada cercanía geográfica a la Península Antártica y su privilegiado know-how logístico en el continente blanco, Chile a través de su Dirección Antártica debe continuar siendo un actor clave dentro de este sistema. Esto lo logrará cumpliendo un rol propositivo y liderando en los nuevos pasos que se den en lo que a protección del medio ambiente antártico se refiere.

Por último, la creación de esta AMP será un acicate para nuestra propia ciencia antártica. Con 1.900 millones de pesos invertidos en la Expedición Científica Antártica pasada, el Programa Nacional de Ciencia Antártica del INACH no es el más rico del mundo, pero sí uno de los más eficientes y productivos; un best value que esta temporada contará con 91 proyectos de 31 universidades e institutos del país. Así como hoy los ojos de la prensa mundial están puestos sobre el Mar de Ross, mañana quizás lo estén sobre las aguas que rodean la Península Antártica, donde se concentra la mayor parte de la actividad científica chilena. A medida que sepamos más sobre los ecosistemas marinos y su funcionamiento en esta zona, es probable que tengamos evidencia suficiente para proponer la protección de nuevas AMPs aquí también, impulsando así aún más la investigación científica y creando un círculo virtuoso.

Proteger para conocer y conocer para proteger: ese debería ser nuestro compromiso en este día de la Antártica chilena, y nuestra manera de celebrar el inicio de esta nueva antártica: una era de soberanía entendida como custodia responsable.

Esta columna también puede leerse en El Mostrador

Esas mil pequeñas violencias

Me alegra enterarme de la masiva convocatoria que tuvo la marcha #NiUnaMenos, contra la violencia de género y los últimos femicidios que han remecido al país. En Magallanes fueron más de medio millar de personas las que salieron a las calles, y en las redes sociales y medios de comunicación el evento logró amplia cobertura. Sin embargo, no me dura mucho la alegría cuando hago la siguiente reflexión: si bien es cierto que todos y todas, más o menos, estamos de acuerdo en que no es aceptable asfixiar niñas, ni violar pololas, ni incendiar esposas, ni acuchillar embarazadas, hay una violencia sistemática de género que sigue tan ubicua como siempre y que – de tan acostumbrados que estamos a ella – apenas logramos detectar. Es violencia porque usa la fuerza del lenguaje y de las imágenes para perpetuar la idea de la mujer objeto, mujer sumisa, mujer machista. Y es sistemática porque es cosa de todos los días y de (casi) todos los lugares. Mientras no lidiemos con esta violencia tampoco podremos librarnos de aquella, porque una alimenta a la otra.

No sé ustedes, pero yo ya estoy cansada de las portadas de ese diario popular que ubica día a día el trasero de una mujer justo en el rincón inferior derecho de la página, para que sus lectores/masturbadores puedan masajearla virtualmente… los mismos que seguirán atentos cada avance del certamen Mis BumBum 2016; los mismos que a cada oportunidad que tengan en la calle se sentirán con la libertad para decirle alguna una ordinariez a cualquiera (fémina, por supuesto) que mueva el bumbum. No sé ustedes, pero también me aburrí de ese pasquín supuestamente progresista al que no le falta jamás una columna, entrevista o entrada de tono pornográfico. No es que me oponga de por sí a la pornografía, pero por favor: que en el 99 por ciento de los casos sean las mujeres exclusivamente el objeto del deseo algo dice sobre la línea editorial del medio y lo que sus responsables consideran como “default” o normal. Si tanto les gusta el porno, ¡entonces que nos dan a las heterosexuales al menos día por medio un chichecito masculino con el cual fantasear! Por último, no sé ustedes, pero se me acabó la paciencia hacia quienes siguen haciendo chistes respecto a la igualdad de género y la liberación femenina. Acusar de “tontos graves” (o, mejor dicho, “tontas graves”) a quienes no simpatizamos con este tipo de humor devela a un acusador que en realidad no se ha tomado estas justas causas de lucha en serio. Además, abusar de la ridiculización contra el oponente como estrategia hace perder efectividad. ¡Y uf si se abusado!

La lista podría seguir y seguir, pero el punto de esta columna es llevarse la tarea para la casa y estar atentos y atentas. Mientras no dejemos de recrear la subordinación de la mujer en mil pequeños gestos, comentarios, chistes, fotos y diagramaciones, tampoco podremos detener los hechos más violentos a los que esta cuasi-imperceptible estructura permite tomar forma.